HEMEROTECA
DE TEMAS RELACIONADOS CON LOS VASCOS EN VENEZUELA
2003/09/26
Cautela ante investigacion sobre deportados
2003/09/26 Tarek
W. Saab exige que se
respete acuerdo de refugiados entre Venezuela y España
2003/09/24
Venezuela entrega a España al presunto etarra 'Foru'
2003/05/16
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del
magistrado,
2003/05/15
TSJ niega extradición y da "libertad plena" a presunto
2003/04/26
El Tribunal 14 de Control Penal de Caracas ordenó recluir en la
Disip
2003/04/08
TODOS LOS VASCOS QUE VIVIMOS EN VENEZUELA SOMOS
REFUGIADOS POLÍTICOS NUEVA
INCLUSIÓN
2002/12/17
Venezuela entrega a España presunto etarra Sebastián
Echániz
2002/08/23
Plataforma BAI aclaró que representantes de Batasuna se han
reunido con todos los partidos
2002/07/19
Según denunciaron ayer los representantes de la
organización de
derechos humanos Provea
2002/07/19
Residente vasco queda en libertad tras detención de cuatro horas
2002/07/15
"Chávez acosa a los vascos para congraciarse con Aznar y la OEA"
2002/07/10 Solicitan
que no extradite a supuestos etarras
NUEVA
INCLUSIÓN
2002/07/09
Rueda de prensa delegación del País Vasco
NUEVA
INCLUSIÓN
2002/06/13 ¿que pasa con los vascos en venezuela?
2002/06/12 Identifican a los agentes españoles
que participan en operaciones en Venezuela
2002/06/08
Venezuela prohíbe entrada al país a independentistas
vascos
2002/06/08
Vascos regresaron y los devolvieron
2002/06/07
Marino
Alvarado, asesor jurídico de Provea, informó que
está
conversando con los familiares
2002/06/07 “En
Venezuela tenemos que tomar las precauciones debidas”
NUEVA
INCLUSIÓN
2002/06/06
Ministerio
Público inicia averiguación sobre
deportación de Juan Víctor Galarza.
2002/06/06
Para el canciller no existe política contra la comunidad vasca
en el país
2002/06/06
Vascos protestan en el Ministerio Público por deportación
de presunto etarra
2002/06/06
Cofavic pide explicación
a las autoridades españolas y venezolanas
2002/06/05
Migración impide la entrada a Venezuela de miembros de Batasuna
2002/06/04 España 'satisfecha' por
deportación NUEVA
INCLUSIÓN
2002/06/04
Julio Borges comparte el criterio de Provea de que se violaron los
derechos humanos
2002/06/04
Asdrúbal Aguiar, especialista en derecho internacional,
señaló
2002/06/03
España presiona a Chávez por extradición de
presuntos etarras NUEVA
INCLUSIÓN
2002/06/02
Esposa de presunto etarra deportado exige se le aseguren
garantías a ella y a su hija
2002/06/03
El director del Centro Nacional de Inteligencia de España, Jorge
Dezcallar,
2002/06/03
Comunidad vasca en Venezuela lleva a Fiscalía documentos de
Galarza
2002/06/03
Boletín Info Euskal Herria Nº 6: Expulsan arbitraria e
ilegalmente a ciudadano vasco
2002/06/02
Esposa de presunto etarra deportado a España califica su arresto
como un "secuestro"
2002/06/01
El presunto etarra Juan Víctor Galarza Mendiola fue detenido
ayer por
agentes de la DISIP
2002/05/22 Esposas
de presuntos etarras denuncian persecución
NUEVA INCLUSIÓN
2002/05/18 Orden de captura para seis
etarras
NUEVA INCLUSIÓN
2002/04/07 Orden
de detener etarras es fruto de reunión Chávez-Aznar en
Monterrey
NUEVA INCLUSIÓN
2002/04/06
Fiscalía solicitará detención de los 6 etarras
NUEVA INCLUSIÓN
2002/03/27
Tramitarán detención del primer etarra solicitado
NUEVA INCLUSIÓN
2002/03/24 Instan al
Gobierno mantener la protección a los etarras
NUEVA INCLUSIÓN
2002/03/24 La comunidad
vasca rechaza la posible extradición de alguno de sus
integrantes
NUEVA INCLUSIÓN
2002/03/23 Reclusión de etarras depende del
Ministerio del Interior
NUEVA INCLUSIÓN
2002/03/19 España aplaude decisión de
Venezuela de ordenar arresto de presuntos etarras r
NUEVA INCLUSIÓN
2001/12/02 Repatriación de refugiados vascos ...
NUEVA INCLUSIÓN
1999/07/02
Venezuela respetará estatus
de refugiados vascos
1996/05/24 Amenazan con denunciar a Venezuela ante
tribunales internacionales
NUEVA INCLUSIÓN |
2003/09/26
Cautela ante investigacion sobre deportados
La Asociación Venezolana de Amigos de Euskal Herria recibe con
beneplácito, pero con cautela, la intención de investigar
el secuestro y entrega ilegal del refugiado vasco José
Ramón Foruria, manifestada por el diputado del MVR, Tarek
William Saab.
En el comunicado se señala que no es la primera vez que "nos
prometen llevar a cabo este tipo de investigaciones. Las mismas ya han
sido iniciadas por la Fiscalía General y la Defensoría
del Pueblo en los casos de Bitor Galarza y Sebas Etxaniz, secuestrados
el pasado año, pero hasta el presente no han arrojado
resultados".
Mikel Las Heras, miembro de la referida asociación, acotó
que le extraña cuando el diputado Tarek William Saab afirma
preferir tener más información para pronunciarse sobre la
entrega de Foruria, "pues como persona defensora de los derechos
humanos sabe que en este tipo de casos _secuestros, desapariciones y
entregas ilegales_ los implicados no dejan pruebas".
En los tres casos en que fueron secuestrados _el último de
éstos por gente vestida de civil sin identificación_ los
trasladaron a Madrid desde el aeropuerto internacional de
Maiquetía en forma inmediata, dijo.
Espera que a través de Tarek William Saab se determinen
cuáles organismos y qué funcionarios son los responsables
de las anteriores y de esta nueva violación constitucional.
"Ojalá no sea una nueva promesa incumplida y que hechos como
estos no vuelvan a suceder", puntualizó Las Heras en su
comunicación._YOR
Fuente: http://www.eluniversal.com
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2003/09/26
Tarek W. Saab exige que
se
respete acuerdo de refugiados entre Venezuela y España
Investigan
deportación
de etarra
El presidente de la Comisión de
Política Exterior, William Tarek Saab, solicitará
información en torno a la forma en que se concretó la
deportación el presunto miembro de ETA a España,
José Ramón Foruria, la cual se hizo por la vía
administrativa, sin una orden de captura, un fiscal ni un juez y sin
considerar su documentación en regla.
El diputado del MVR
ratificó que "el grupo que llegó a Venezuela mediante un
acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y España, debe
respetarse".
"En este caso de Foruria
Zubialdea tengo entendido que no está dentro de ese lote y que
éste fue expulsado por problemas de documentación". La
Asociación de Amigos de Euskal Herría dice que los
deportados (tres, incluyendo a Foruria) han tenido sus papeles en
regla. William Saab exigirá a las autoridades si se cumplieron
los requisitos jurídicos y de derechos humanos.
"A ese grupo, más
de
20, vasco que llego al país _muchos ya casados con venezolanas_
a través de ese acuerdo entre gobiernos se le debe respetar su
permanencia, porque fue un compromiso que asumió la
República en los años setenta y ochenta y eso debe
mantenerse. A esa gente que entró bajo esa figura bilateral se
le debe respetar su integridad."é Prefirió tener
más información, antes de pronunciarse en relación
a lo expresado por la referida asociación vasca que la excusa de
la falta de documentación "es falsa"._YOR
Fuente: http://www.eluniversal.com
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2003/09/24
Venezuela entrega a España al presunto etarra 'Foru'
Miembro veterano de ETA acusado por la Audiencia Nacional de colaborar
en la muerte de cuatro guardias civiles
MADRID.- Hoy ha llegado a España, entregado por las autoridades
venezolanas, el presunto miembro de ETA José Ramón
Foruria Zubialdea. Se trata de un veterano de la banda terrorista que
realizó labores de información para un 'comando' en los
años 80 y que está acusado por la Audiencia Nacional de
un delito de homicidio doloso por la muerte de cuatro guardias civiles.
Foruria Zubialdea ha sido expulsado de Venezuela, donde residía
hasta su detención el pasado domingo, y ahora será puesto
a disposición de la Audiencia Nacional.
12 expulsados
Con Foruria son 12 los presuntos terroristas que como consecuencia de
la cooperación policial internacional han sido entregados a
España para ser juzgados por sus graves delitos en lo que
llevamos de año. De ellos nueve corresponden a Francia, uno a
México, otro a Suiza y el último, el de hoy, a Venezuela.
La cooperación venezolana se ha saldado desde enero de 2002 con
tres personas entregadas a la Justicia española, todas ellas por
la vía de la expulsión administrativa. Antes de Foruria
el Gobierno venezolano expulsó el 2 de junio de 2002 a Juan
Víctor Galarza Mendiola, histórico del comando Vizcaya en
los años 80, y el 17 de diciembre entregó a
Sebastián Echaniz Alcorta, con 20 atentados y 17 muertos a sus
espaldas.
Fuente: http://www.elmundo.es
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2003/05/16
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del
magistrado, Rafael Pérez Perdomo, negó este jueves, en
audiencia oral y
pública, la extradición del vasco y miembro del grupo
armado ETA, Luis
María Olalde, solicitado por el Gobierno español. Los
representantes
del Gobierno español expusieron las causas por las cuales
pedían la
extradición de Olalde Quintela y acusaron al imputado de los
delitos de
homicidio terrorista, tenencia de explosivos y robo de vehículo
a mano
armada.
Fuente: Cronologia Comisión Andina de Juristas http://www.cajpe.org.pe/ |
2003/05/15
TSJ niega extradición y da "libertad plena" a presunto etarra
Unión Radio-EFE
El Tribunal Supremo de Justicia negó la extradición y
ordenó "libertad plena" para Luis María Olalde Quintela,
uno de los seis presuntos etarras residentes en Venezuela cuya
extradición pide el Gobierno español.
La Sala Penal del TSJ decidió negar la solicitud de
extradición porque "el Gobierno español no
empeñó los recaudos necesarios para dar fe de que Ulalde
está siendo procesado en España por los delitos que se le
imputan". Olalde, de 46 años y natural de Azcoitia
(Guipúzcoa), está acusado por las autoridades
españolas de haber participado en un atentado contra un
automóvil de la Guardia Civil, en 1979, llevado a cabo por el
comando Urola, en el que murieron tres personas, y otra resultó
gravemente herida.
Marco Antonio Rodríguez, abogado defensor del presunto etarra,
señaló a medios locales que su defendido "no tiene nada
que ver con los hechos que se le imputan, lamentablemente a él
se le ha implicado en estas situaciones dentro de las cuales nunca tuvo
participación".
Desde marzo del pasado año, Olalde y otros seis presuntos
miembros de ETA residentes en Venezuela se encuentran en busca y
captura por orden del TSJ, que tres meses más tarde
designó a tres magistrados de la Sala Penal como ponentes de los
seis casos de extradición.
El pasado 24 de abril Olalde Quintela se entregó a la justicia
venezolana, según informaron a EFE, en esa oportunidad, fuentes
judiciales relacionadas con el caso.
El acusado se presentó ante la Fiscalía General
venezolana, acompañado de su abogado defensor y de un
representante de la organización venezolana de Derechos Humanos
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos
Humanos (Provea).
Rodríguez agregó que en 1985 Ulalde solicitó a las
autoridades venezolanas adquirir la nacionalidad del país y que
dada su larga estancia en el país él es considerado "como
un nacional venezolano de acuerdo al artículo 33 de la
Constitución Nacional".
Las autoridades venezolanas expulsaron a España a otros dos
presuntos etarras, Sebastián Echaniz Alcorta y Victor Galarza
Mendiola, en junio y diciembre del pasado año, respectivamente.
Fuente: UNION RADIO http://www.unionradio.com.ve
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2003/04/26
El Tribunal 14 de Control Penal de Caracas ordenó recluir en la
Disip
al etarra Luis María Olalde, mientras la Sala Penal del Tribunal
Supremo de Justicia toma una decisión sobre la
extradición que solicitó
el gobierno español. Olalde se entregó el pasado 23 de
abril ante la
Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio
Público. Por ello el
fiscal 1 nacional con competencia en Extranjería, David
Palís, y el
fiscal 125 de Caracas, Gilberto Venere, presentaron al presunto
terrorista ante la juez 14 de Control, Mercedes Ramírez.
Fuente: Cronologia Comisión Andina de Juristas http://www.cajpe.org.pe/ |
2002/12/17
Venezuela entrega a España presunto etarra Sebastián
Echániz
EFE
El presunto etarra Sebastián Echániz Alkorta, expulsado
por las autoridades de Venezuela, fue entregado hoy a las autoridades
de España, en donde tiene pendiente una causa relacionada con un
asesinato cometido en 1982.
Echániz Alkorta llegó este martes a Madrid, en un vuelo
de Iberia procedente de Caracas, y fue entregado a agentes del Cuerpo
Nacional de Policía, informaron a EFE fuentes aeroportuarias.
Fuentes del Ministerio español del Interior dijeron que este
"sanguinario etarra" e "histórico del comando Vizcaya" fue
detenido el lunes en la localidad de Chichiriviche por los Servicios de
Inteligencia y Prevención (DISIP) de la policía
venezolana.
Su expulsión es la segunda de un presunto miembro de ETA
decretada por el Gobierno de Venezuela en lo que va de año,
después de que en junio pasado fuera deportado Juan
Víctor Galarza Mendiola, con dos causas abiertas en
España por asesinato.
El ministro español del Interior, Angel Acebes, destacó
hoy la "intensificación de la cooperación internacional"
de los últimos meses en materia antiterrorista, lo que supone
que "aquellos refugios para los terroristas son cada vez menos".
Nacido en Elgoibar (Guipúzcoa) en 1943, Echániz Alkorta
ingresó en ETA en 1980 y, según precisa su historial
delictivo, pasó a la actividad terrorista el 19 de marzo de
1981, cuando participó presuntamente en el atentado contra el
coronel Ramón Romero Rotaeche en Bilbao.
Tiene una causa pendiente en la Audiencia Nacional española
relacionada con el asesinato, el 30 de junio de 1982, del jefe de la
Policía Municipal de la localidad vasca de Baracaldo,
José Aibar Yáñez, perpetrado por el "comando
Vizcaya" de ETA, según fuentes jurídicas.
Esa organización terrorista ha matado en los últimos
treinta años a más de 800 personas.
Echániz, que formó parte presuntamente del comando
Vizcaya de ETA entre 1981 y 1983, huyó más tarde a
Nicaragua donde se nacionalizó y obtuvo una nueva identidad:
Jairo Fortes Arroyo.
El 25 de mayo de 1993, fue detenido por la policía
nicaragûense junto a los también presuntos miembros de ETA
Javier María Larreategui Cuadra y Francisco Javier Azpiazu
Larrañaga, pocos días después de que estallara en
el centro de Managua un polvorín clandestino situado bajo un
taller mecánico que gestionaba otro presunto etarra.
Los tres detenidos fueron entregados el 30 de mayo de 1993 a
España al comprobarse que habían adquirido la
nacionalidad de ese país centroamericano de forma fraudulenta.
Tras su llegada a España, el presunto terrorista
reconoció ante la Policía su participación en
diversas acciones, aunque luego, ya ante el juez de la Audiencia
Nacional española Carlos Bueren, no ratificó esa
confesión y se negó a declarar sobre sus posibles
atentados y su pertenencia a ETA.
Durante el juicio celebrado en 1997 en la Audiencia Nacional
española contra varios de sus compañeros de comando, el
policía que interrogó a Echániz a su llegada a
España dijo que este declaró de forma libre y voluntaria,
que ofreció muchos detalles y que lo hacía con la
disposición de "declarar y olvidarse" de su pasado.
Echániz fue juzgado en 1995 junto a otros dos acusados, Enrique
Letona Viteri y José Félix Zabarte, como presunto autor
de la muerte de dos policías y de la mujer de uno de ellos, en
avanzado estado de gestación, en Bilbao (norte) en 1983.
La Audiencia Nacional española decidió, en una sentencia
dictada el 21 junio de 1995, condenar a 170 años a Zabarte y a
Letona y absolver a Echániz, ya que no consideraba que su
participación en los hechos hubiera quedado probada.
Echániz fue puesto en libertad el 13 de junio de ese año,
una semana antes de notificar la sentencia, ya que el tribunal ya
había llegado a la conclusión de que debía
absolverle.
El presunto etarra está implicado en al menos trece acciones
terroristas con 12 víctimas mortales entre 1981 y 1983.
Fuente: UNION RADIO http://www.unionradio.com.ve
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2002/08/23
Plataforma BAI aclaró que representantes de Batasuna se han
reunido con todos los partidos
Unión Radio
El portavoz de la plataforma BAI (sí en Euskera), Mikel Las
Heras, aclaró este viernes que los representantes del partido
Batasuna que han visitado Venezuela en varias oportunidades se han
reunido con diferentes partidos políticos nacionales y no
sólo con el MVR. Entre ellos mencionó a Primero Justicia,
Patria Para Todos, y personalidades políticas como el alcalde
mayor, Alfredo Peña.
“Efectivamente hay un grupo de jóvenes vascos en Venezuela en
este momento, en los últimos tiempos han venido varios grupos,
tanto representantes de Alcalde, diputados, gente y militantes del
partido Batasuna, quienes no solamente se han reunido con gente del
gobierno, sino con diputados, alcaldes, personeros de todas las toldas
políticas, y por supuesto también con gente del
gobierno”.
Aseguró que hace un mes y medio estuvieron por Venezuela, Xavier
Zubizarreta, alcalde de Mondragón electo por Batasuna, y Mikel
Corda, quienes se reunieron con el MVR, PPT, Primero Justicia y el
alcalde, Alfredo Peña.
Señaló que unas de las misiones de estas personas es
averiguar procesos como la extradición de vascos y la presunta
persecución de estos ciudadanos. “Todavía no hemos
recibido respuestas del gobierno, de la Fiscalía y de la
Defensoría por la expulsión de Víctor Galarza y
otros casos como la persecución a los vascos”.
“A nosotros nos extraña muchísimo que el diputado (Pedro)
Castillo muestra un video de una reunión absolutamente formal de
un diputado electo en Navarra que ejerce su cargo de diputado por una
agrupación que ahorita la quieren ilegalizar. Pero aunque
ilegalicen a esa organización, a Batasuna, el diputado
seguirá siendo diputado porque fue electo por el voto popular”.
Explicó que no fue una reunión clandestina, ya que se
realizó con cámaras de televisión y en la Asamblea
Legislativa. “Una de las cosas que hemos denunciado siempre es el
bombardeo mediático que viene de España, donde todo lo
que tiene que ver con Batasuna y a veces todo lo que tiene que haber
con independentismo vasco, sin importar signo ideológico, lo
relacionan con ETA. Yo creo que el diputado Castillo ha pecado de
ingenuo”.
Aclaró que hay un grupo que no está escondido, que
actúa abiertamente. Recordó que estas personas han venido
en varias oportunidades para realizar trabajos de cooperación en
obras sociales.
Las Heras explicó que actualmente Batasuna atraviesa un proceso
de ilegalización en España, principalmente por
acusaciones del juez Baltasar Garzón, quien trata de establecer
conexiones entre el mundo de izquierda y ETA. “Van a tratar de
ilegalizar mediante a esta nueva Ley (de partidos) con la supuesta
excusa de que no condena a ETA”, afirmó.
Fuente: UNION RADIO http://www.unionradio.com.ve
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2002/07/19
Según denunciaron ayer los representantes de la
organización de
derechos humanos Provea, Carlos Correa y Marino Alvarado, otro
refugiado vasco, Arturo Cubillas, fue detenido ayer por la DISIP
mientras asistía a un acto gubernamental, sin que aparentemente
existan
cargos en su contra. Cubillas fue liberado tras cinco horas de
detención según confirmaron Alvarado y miembros de la
comunidad vasca.
Correa y Alvarado aseguraron que su nombre no está entre los
seis
etarras cuya deportación fue solicitada por las autoridades
españolas.
Fuente: Cronologia Comisión Andina de Juristas http://www.cajpe.org.pe/ |
2002/07/15
"Chávez acosa a los vascos para congraciarse con Aznar y la OEA"
"En El Helicoide, para poder visitar a Víctor Galarza, nos
obligaron a desvestirnos. Ofrecieron la opción de no hacerlo si
no queríamos, pero nos negaban la visita. Nos sentimos acosados
y perseguidos", aseguran Luis Trincado y Mikel De Las Heras
NOEL GOMEZ HERRERA
Los ciudadanos vascos José Luis Elkoro y Mikel Arbeloa,
contratados como asesores de la Fundación La Salle que iban a
ingresar al país, son los mismos que fueron rechazados dos
días antes, pese a que tenían sus papeles en regla y que
el vicepresidente José Vicente Rangel y tres ministros le
habían garantizado al hermano Ginés que podrían
ingresar sin problemas al país. El incidente tuvo un agravante:
a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo de Venezuela, les
impidieron tener acceso a la oficina de inmigración del
aeropuerto de Maiquetía donde estaban recluidos, pero se lo
permitieron a funcionarios de la policía española. Para
los miembros de la comunidad vasca en Venezuela, Luis Trincado y Mikel
De Las Heras, el "cambio de estrategia" en la política exterior
de Venezuela merece una pregunta: ¿Quién está por
encima de un Vicepresidente y tres ministros? Y también una
conclusión: Hay seis vasco-venezolanos amenazados con
extradición, que están escondidos porque hoy por hoy,
para ellos no hay estado de derecho. Chávez dijo en Madrid que
iba a respetar la separación de poderes y no ha cumplido.
Mientras el poder judicial admite un habeas corpus y el Ejecutivo los
monta en un avión y lo deporta, no se presentarán. A
ninguno le gustará ser deportado ilegalmente, ir mansamente al
matadero. Lamentablemente las decisiones de alta política tienen
por costumbre dejar de lado los derechos humanos, señalan.
UN CAMBIO RARO
- ¿Qué venían a hacer los dos vascos en la
Fundación La Salle?
- La Salle está haciendo una especie de rediseño de sus
programas educativos. Ya antes habían estado con esa
institución trabajando en Venezuela. Lo curioso es que los
devolvieron con la misma documentación con que habían
estado antes aquí. De manera que carece de fundamento el
argumento de que los papeles no estaban en regla.
- ¿Cómo interpretan las declaraciones del canciller, es
un acto de amistad, de complicidad con Aznar? ¿Es que las leyes
internacionales están por encima de las de España y
Venezuela?
- No sabemos a qué tipo de tratos o convenios han llegado ambos
gobiernos en los últimos tiempos, pero algo hay. El secuestro y
la posterior entrega de Víctor Galarza, sin orden de
detención y sin tomar en cuenta que había de por medio un
habeas corpus admitido por un tribunal y lo que acaba de ocurrir con
estos dos compatriotas vascos, confirma lo dicho por el canciller en el
sentido de que hay un cambio de estrategia en lo que ellos llaman
política antiterrorista. Es el mismo lenguaje que utilizan el
Estado español y el norteamericano después del 11 de
septiembre. En lo que estamos claros es en que lo hecho ahora no se
ajusta para nada con la legislación venezolana.
- ¿El habeas corpus estaba decidido o simplemente admitido?
- La Defensoría se apersonó en El Helicoide y
trató de ponerlo en libertad por considerar que se estaba
violando la Constitución. Habían engañado a la
esposa de Galarza para llevárselo. En esa acción
actuó el fiscal Palís, el mismo que está encargado
del caso de las extradiciones. No era una casualidad. En ese momento
nos dimos cuenta de que el peligro de deportación estaba
latente, por eso estamos denunciando que ha habido una fuerte
intervención de la embajada española, porque
habían funcionarios de esa nacionalidad interrogándolo en
El Helicoide. En el caso de los dos vascos devueltos de
Maiquetía, ellos mismos han denunciado que hubo
intervención de la policía de España. Lo curioso
es que a la oficina de inmigración del aeropuerto de
Maiquetía le impidan la entrada a representantes de la
Defensoría del Pueblo de Venezuela y se la permitan a
funcionarios policiales de España. Suelen utilizarlos bajo la
figura de agregados civiles en las embajadas.
- ¿Hay alguna relación o coincidencia entre estas
deportaciones y el contacto entre el Defensor del Pueblo de
España con las autoridades venezolanas?
- A partir de ese momento comienzan a tener sentido algunas cosas. Nos
llamó mucho la atención que en una de sus declaraciones,
Mugica Herzorg afirmó que ciertamente los vascos habían
llegado como producto de un acuerdo con Felipe González, pero
que en este momento se encontraban en calidad de depósito, lo
cual nos indignó. Pareciera ahora, por las declaraciones de
Chávez el viernes, que la tesis del supuesto defensor del pueblo
había venido siendo cuadrado con el gobierno de Venezuela sin
que nos hubiésemos dado cuenta. El presidente Chávez
había asegurado que cualquier decisión sobre los
refugiados vascos pasaba por el respeto absoluto a las leyes y que el
gobierno aceptaría el dictamen de los tribunales. Pero, no se
cumplió esa premisa desde el caso Galarza, donde se
rompió la legislación venezolana.
LA CÁRCEL
COMO MONEDA DE CAMBIO
- ¿La figura del depósito existe en la ley
española o en los convenios internacionales?
- Aparte de que jurídicamente no existe la figura de refugiados
en calidad de depósito, es inhumana, ningún país
sería capaz de aplicarla a algún tratado. Sería un
tráfico humano. La declaración indicaba a las claras que
esos refugiados están aquí como una moneda de cambio, no
sabemos de qué. En todo caso, lo de Galarza rompe una
tradición de asilo que había permanecido inalterable
desde López Contreras, cuando llegaron los primeros vascos,
hasta Pérez Jiménez y todos los gobiernos posteriores
hasta el actual.
- Coinciden estos incidentes con el caso del Banco de España, el
BBVA y la investigación que lleva a cabo el juez Garzón
sobre el desvío de fondos secretos para la campaña del
presidente Chávez ¿Creen que la extradición es una
concesión a España para ocultar es escándalo?
- No podemos ser tan irresponsables como para afirmarlo. Pero,
sí creemos que nuestros compañeros son manejados como una
moneda de cambio. Si se trata de lo del BBVA, no lo sabemos. El cambio
de estrategia anunciado por el canciller Chaderton viene condicionado a
algo que no conocemos. En lo que debemos estar claro es que los tomaron
como moneda de cambio pero ello no puede involucrar a toda la comunidad
vasca ¿Qué tanto puede deberle Venezuela a España
que justifique una violación a constitución y a los
derechos humanos?
- ¿Cómo se siente la comunidad vasca ante esos hechos?
- Nos sentimos acosados. Vemos cómo se practican capturas sin
orden de detención. Han sido allanadas las viviendas donde
están las esposas de los vascos solicitados. El allanamiento en
Ocumare fue a las dos de la madrugada cuando estaba la esposa con cinco
niños, llevándose objetos de la familia, sin orden de
allanamiento, sin ningún papel. En el mismo aeropuerto nos
grabaron con videos como delincuentes. En El Helicoide, para poder
visitar a Víctor Galarza, nos obligaron a desvestirnos.
Ofrecieron la opción de no hacerlo si no queríamos, pero
nos negaban la visita. Nos sentimos acosados y perseguidos. Comenzamos
a sentirnos en Venezuela como vascos en España.
CHÁVEZ ESTÁ EN TODO
- Ustedes hablan de derechos humanos ¿No se han planteado la
posibilidad de recurrir a los organismos internacionales de derechos
humanos?
- Como no, en el caso de Galarza se intentarán acciones penales
dentro y fuera de Venezuela. Estudiamos varias alternativas, como la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Analizamos cuáles
serán y en qué momento.
- ¿Acudirán a la Fiscalía General?
- No, será en los tribunales. El director de la Disip, por
ejemplo, tiene responsabilidad penal por incomunicación,
allanamiento y detención ilegal.
WASHINGTON Y MIRAFLORES: UN MISMO LENGUAJE
- ¿Cree que Aznar y Chávez hablaron de las deportaciones?
- No tenemos conocimiento directo, pero tenemos la convicción de
que trataron el asunto. Nadie nos puede decir que todo esto se
está montando a espaldas de Chávez.
- ¿Por qué creen eso?
- El hermano Ginés habló con el Vicepresidente y tres
ministros, quienes le aseguran que va a pasar una cosa y ocurre todo lo
contrario ¿Quién puede estar por encima de un
Vicepresidente y tres ministros? A menos que el director de la Disip
mande más que todos ellos.
- ¿La totalidad de los vascos en el país están en
sus casas? ¿No se están mudando?
- No, porque somos venezolanos.
- Funcionarios del gobierno afirman que algunos refugiados se
están cambiando de domicilio sin participárselo a las
autoridades
- Ciertamente, hay seis amenazados con extradición que
están escondidos porque hoy por hoy, para ellos no hay estado de
derecho. Chávez dijo en Madrid que iba a respetar la
separación de poderes y no ha cumplido. Mientras el Poder
Judicial admite un habeas corpus y el Ejecutivo lo monta en un
avión y lo deporta, no se presentarán. A ninguno le
gustaría ser deportado ilegalmente, ir mansamente al matadero.
Lamentablemente las decisiones de alta política tienen por
costumbre dejar de lado los derechos humanos. Parece importar muy poco
que tengan un promedio de veinte años en el país, con una
familia venezolana y un trabajo honesto.
- ¿Acaso la decisión es una pose de complacencia con la
política antiterrorista de Estados Unidos?
- Por lo menos hay una contradicción. No sé si
sería para congraciarse, pero coincidió justo en el
momento. El sábado el gobierno estaba poniendo a un vasco, el
más legal que pudo agarrar, lo entregó a España, y
al día siguiente la OEA declaró que, ahora sí,
Venezuela es un país confiable que lucha contra el terrorismo.
Nosotros no criticamos que el gobierno de Venezuela ejerza
soberanamente su política internacional, lo que no aceptamos es
que lo haga a costa de violar los derechos humanos de personas
inocentes.
Fuente. Diario La Razón. Caracas. http://www.razon.com
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2002/07/19
Residente vasco queda en libertad tras detención de cuatro
horas
EFE
El español Arturo Cubillas Fontán, de origen vasco y
residente en Caracas, arrestado ayer por los servicios de seguridad
venezolanos (DSIP), ha quedado en libertad sin cargos, por orden del
juez.
La detención estuvo motivada "por obstaculización a la
acción de la justicia, pero el detenido quedó libre a las
cuatro horas", dijeron órganos de seguridad locales.
Cubillas, de 37 años, está considerado como uno de los
"agitadores" locales entre el colectivo vasco residente en Venezuela.
Su detención se produjo cuando se encontraba en un acto
público en la capital venezolana, en compañía de
Javier Zubizarreta, alcalde de la localidad vasca de Arrasate, y Mikel
Corta, ambos miembros de Herri Batasuna, llegados a Venezuela hace
quince días.
Cubillas, residente en Venezuela desde hace 12 años y casado con
una venezolana, no está incluido entre los seis presuntos
etarras reclamados por España al Gobierno venezolano, cinco de
ellos desde 1996, y otros desde 1999.
El gobierno español ha solicitado la extradición por
delitos de sangre y atentados terroristas de Eugenio Barrutiabengoa,
Miguel Angel Aldana, José Ayestarán, Jesús Ricardo
Urteaga, Luis María Olalde, y José Martín San
Sebastían.
Desde marzo de este año, todos ellos se encuentran en busca y
captura por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela,
que designó el mes pasado a tres magistrados de la Sala Penal
como ponentes de los seis casos de extradición. Los primeros
supuestos etarras llegaron a Venezuela a finales de la década de
1980, procedentes de Argelia en su mayoría en virtud de un
acuerdo entre el Gobierno español, que entonces presidía
Felipe Gonzalez, y el venezolano de Carlos Andrés Pérez.
A últimos de mayo fue expulsado de Venezuela por estancia ilegal
el etarra Juan Victor Galarza, condenado en rebeldía en
España en 1987 por pertenencia a banda armada, y con otras dos
causas abiertas por asesinato.
Fuente: UNION RADIO http://www.unionradio.com.ve
2002/07/10
Solicitan que no extradite a supuestos etarras
Alcaldes vascos piden al Gobierno que mantenga una posición
neutral
Los mandatarios locales de Arrasate Mondragón, Xavier
Zubizarreta, y de Lezo, Aitor Sarasola, exhortaron al Ejecutivo a que
continúe su tradición de otorgar asilo a los perseguidos
políticos y no se deje implicar en una presunta “estrategia de
represión impuesta por el Estado español”
Yesmariana Gómez
Los alcaldes de cinco ayuntamientos del País Vasco demandan al
Gobierno venezolano que “asuma una posición neutral, que no se
deje implicar en una estrategia de represión impuesta por el
Estado español y que mantenga su tradición de asilo para
con los perseguidos políticos”, en relación con la
solicitud de extradición de seis refugiados vascos residentes en
Venezuela, pues consideran que éste conflicto es de
carácter político.
Los mandatarios locales de Arrasate Mondragón, Xavier
Zubizarreta, y de Lezo, Aitor Sarasola, vinieron a Venezuela en
representación del resto de los tres ayuntamientos de Azkoitia,
Anoeta y Muxika para expresar su preocupación por el inicio del
proceso de extradición en contra de los ciudadanos vascos Koldo
Olalde, Ricardo Urteaga, Eugenio Barrutiabengoa, Ángel Aldana,
Martín San Sebastián y Lorenzo Aisteran y destacar que a
pesar de las diferencias políticas que existen en el País
Vasco, todas las fuerzas se han manifestado a favor de que estas
personas puedan seguir viviendo en paz en Venezuela.
En compañía de Joseba Agudo, abogado designado por las
familias vascas para realizar el seguimiento de las demandas de
entrega, los alcaldes indicaron que las solicitudes del Estado
español son inaceptables desde el punto de vista
jurídico, y destacaron la ilegalidad de la extradición
del supuesto etarra Bittor Galarza, quien fue capturado en Carabobo y
expulsado de Venezuela el pasado 1º de junio.
“Luego de analizar la documentación enviada por las autoridades
españolas, afirmamos que en ninguno de los casos se han dado
pruebas de que estas personas son responsables de los hechos que se les
imputa, y las únicas evidencias que apuntan a su culpabilidad
son declaraciones policiales obtenidas bajo tortura de militantes
independentistas vascos”, indicó Agudo. El abogado defensor de
los supuestos etarras y los alcaldes representantes de los
ayuntamientos vascos explicaron que los ciudadanos solicitados llegaron
al país por acuerdos entre el Estado español y el
venezolano, que fueron suscritos durante la década de los
años 80, por lo que consideran inadmisible que después de
que estas personas se han integrado a la vida social y cultural de
Venezuela corran el riesgo de ser extraditadas.
Agudo manifestó que en el país no existe una instancia en
el proceso de extradición a la cual apelar las decisiones, y
cree que esto atenta contra el Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos de 1966, y otras normas internacionales,
así como la propia Constitución. “Consideramos que estas
peticiones realizadas por el Estado español son rechazables en
términos jurídicos y desde un punto de vista de
garantías de los derechos humanos, por ello solicitamos a las
autoridades de Venezuela que no proceda a conceder estas extradiciones,
dejando vivir y trabajar a estas personas como lo han hecho antes en
este país desde que llegaron hace ya 20 años
aproximadamente”, indicó Agudo.
Solicitan que no extradite a supuestos etarras
Alcaldes vascos piden al Gobierno que mantenga una posición
neutral
Los mandatarios locales de Arrasate Mondragón, Xavier
Zubizarreta, y de Lezo, Aitor Sarasola, exhortaron al Ejecutivo a que
continúe su tradición de otorgar asilo a los perseguidos
políticos y no se deje implicar en una presunta “estrategia de
represión impuesta por el Estado español”
Yesmariana Gómez
Los alcaldes de cinco ayuntamientos del País Vasco demandan al
Gobierno venezolano que “asuma una posición neutral, que no se
deje implicar en una estrategia de represión impuesta por el
Estado español y que mantenga su tradición de asilo para
con los perseguidos políticos”, en relación con la
solicitud de extradición de seis refugiados vascos residentes en
Venezuela, pues consideran que éste conflicto es de
carácter político.
Los mandatarios locales de Arrasate Mondragón, Xavier
Zubizarreta, y de Lezo, Aitor Sarasola, vinieron a Venezuela en
representación del resto de los tres ayuntamientos de Azkoitia,
Anoeta y Muxika para expresar su preocupación por el inicio del
proceso de extradición en contra de los ciudadanos vascos Koldo
Olalde, Ricardo Urteaga, Eugenio Barrutiabengoa, Ángel Aldana,
Martín San Sebastián y Lorenzo Aisteran y destacar que a
pesar de las diferencias políticas que existen en el País
Vasco, todas las fuerzas se han manifestado a favor de que estas
personas puedan seguir viviendo en paz en Venezuela.
En compañía de Joseba Agudo, abogado designado por las
familias vascas para realizar el seguimiento de las demandas de
entrega, los alcaldes indicaron que las solicitudes del Estado
español son inaceptables desde el punto de vista
jurídico, y destacaron la ilegalidad de la extradición
del supuesto etarra Bittor Galarza, quien fue capturado en Carabobo y
expulsado de Venezuela el pasado 1º de junio.
“Luego de analizar la documentación enviada por las autoridades
españolas, afirmamos que en ninguno de los casos se han dado
pruebas de que estas personas son responsables de los hechos que se les
imputa, y las únicas evidencias que apuntan a su culpabilidad
son declaraciones policiales obtenidas bajo tortura de militantes
independentistas vascos”, indicó Agudo. El abogado defensor de
los supuestos etarras y los alcaldes representantes de los
ayuntamientos vascos explicaron que los ciudadanos solicitados llegaron
al país por acuerdos entre el Estado español y el
venezolano, que fueron suscritos durante la década de los
años 80, por lo que consideran inadmisible que después de
que estas personas se han integrado a la vida social y cultural de
Venezuela corran el riesgo de ser extraditadas.
Agudo manifestó que en el país no existe una instancia en
el proceso de extradición a la cual apelar las decisiones, y
cree que esto atenta contra el Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos de 1966, y otras normas internacionales,
así como la propia Constitución. “Consideramos que estas
peticiones realizadas por el Estado español son rechazables en
términos jurídicos y desde un punto de vista de
garantías de los derechos humanos, por ello solicitamos a las
autoridades de Venezuela que no proceda a conceder estas extradiciones,
dejando vivir y trabajar a estas personas como lo han hecho antes en
este país desde que llegaron hace ya 20 años
aproximadamente”, indicó Agudo.
Fuente: Diario El Nacional
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2002/06/13
¿que pasa con los vascos en venezuela?
by rafael uzcategui • Thursday June 13, 2002 at 04:40 PM
periodicoletras@hotmail.com
Luego de 66 años de exilio politico vasco en venezuela, se acaba
de extraditar al primer vasco solicitado por el estado español.
Lo paradojico, es que sucede en un gobierno declarado "revolucionario"
y "bolivariano"
Mikel Las Heras y Luis Trincado de la Plataforma BAI:
“En Venezuela ha muerto el derecho al asilo político”
En 1992 la Audiencia Nacional Española emite entre una
orden de búsqueda y captura sobre Juan Víctor Galarza
Mendiola. Galarza habia sido detenido el 6 de julio de 1985 en una
operación policial enfocada contra el Comando Vizcaya, una de
las celulas de la organización separatista ETA, dónde se
le acusó de haber elaborado un informe contra un policía
nacional posteriormente asesinado. Este delito, tipificado por la
legislación española como “colaboración con banda
armada”, le vale una pena de 6 años emitida dos años
después. Los abogados defensores apelaron a recurrir la condena,
y en medio de las nuevas deliberaciones, Galarza literalmente se
esfumaba.
10 años, cuatro meses y 11 días después, su
nombre volvía a la primera plana de los periódicos. Un
comando de la DISIP lo detenía en Valencia y en poco menos de 48
horas, estaba de vuelta en España, un procedimiento sorprendente
tomando en cuenta el historial venezolano en materia de asilo
político: en 66 años de exilio vasco en nuestras tierras,
ningún ciudadano había sido devuelto por via judicial o
administrativa.
Extradición a la carta
Luis Trincado y Mikel Las Heras pertenecen a la Plataforma Bai
(Sí en euskera), una organización que incluye a personas
no vascas en la difusión de información sobre la
situación de los refugiados en el país. Ambos denuncian
lo que consideran una actuación fuera de la legalidad:
“Venezuela -afirma Las Heras- está cediendo al chantaje y las
presiones”.
Los miembros de Bai desmienten la versión de
expulsión por “estancia ilegal”: “desmentimos que haya estado
indocumentado o que tuviera problemas de identificacion -apunta Las
Heras-, o que se le consideraba muerto. Su esposa ha demostrado los
documentos que evidencian que el Consulado Español sabía
todo sobre él”.
Durante la concentración realizada el pasado jueves 7
frente a la Fiscalía General, la comunidad vasca denunciaba que
había sido interrogado por un policia español: “cuando
estuvimos visitando a Víctor en la Disip -agrega Las Heras-, nos
dijo que fue interrogado y amenazado por un policia español que
le dijo “he venido aqui a por los 6 que hemos pedido. Si tu no me
ayudas te llevamos a ti”. Han buscado al más fácil, a una
persona que casualmente es directivo del Centro Vasco de Valencia, que
se ha relacionado muy bien en este pais, por decirlo, una buena gente
del carajo”.
(TITULO) Hipótesis inquietantes
El pasado 10 de enero durante la visita del Secretario del Estado
Español para la Cooperación Internacional e
Iberoamericana, Miguel Angel Cortés, recordó que su
gobierno deseaba mayor celeridad en la solicitud de extradición
de los seis miembros de ETA residenciados en Venezuela. José
Vicente Rangel, fungiendo esos días como canciller
respondía a los medios que “el gobierno no se dejaba presionar
por nadie”, afirmando que “España no ha pedido etarras a cambio
de cooperación”. Hasta este punto se era consecuente con la
trayectoria local en cuanto al tema de los asilados, postura que
dió un giro de 180 grados cuando a comienzos de abril, el Fiscal
General de la República, Isaias Rodríguez, ordenaba la
detención de siete presuntos etarras para ponerlos a
disposición del Tribunal Supremo de Justicia para dilucidar su
posible extradición. El ministro del Interior español,
Mariano Rajoy, declaraba al diario El Mundo el 7 de abril, que la
decisión era consecuencia de la reunión realizada durante
la llamada Cumbre de Monterrey entre Chávez y
Aznar.
Galarza no figuraba en la lista de extraditables. La pregunta es
obvia: ¿Porqué entonces precisamente él?. “Es un
chivo expiatorio -responde Las Heras-. En el caso de las extradiciones
lo quieren hacer con disimulo, porque hay un proceso. Con Víctor
habia un habeas corpus admitido por un tribunal y el ejecutivo los ha
expulsado. No había orden de extradicion ni orden de captura, ni
aqui ni allá”. Trincado llega más allá con su
respuesta: “sorprende que el domingo, cuando Víctor habia
llegado a Madrid, el comandante de la revolución empezo su
programa alo presidente con una canción de Juan Manuel Serrat,
felicitando a los empresarios españoles que estaban en Venezuela
esa semana, y diciendo la maravillas de sus conversaciones con su amigo
José Maria Aznar. Si son amigos realmente, todo esto tiene
sentido”. Por su parte, el periodista Teodoro Petkoff en la editorial
de Tal Cual del lunes 10 de junio sugiere otra posibilidad no menos
inquietante: “¿Quitarle a Chávez de encima la
investigación sobre la plata del BBVA bien vale entregar a los
etarras?”
(TITULO) La muerte del asilo
La Plataforma Bai ha estado activa las útlimas semanas en
la defensa del derecho al asilo político en el país.
“Hicimos una concentración -nos dice Las Heras- frente a la
fiscalía. El acto ha sido 30 minutos de silencio, que
representaban el luto porque en Venezuela ha muerto el derecho del
asilo político”. Heras y Trincado vislumbran un escenario
sombrío para el resto de los refugiados, especialmente para los
6 extraditables, ahora prófugos también de la justicia
venezolana: “Suponemos que ahora no hay estado de derecho para ellos.
No hay garantías de juicio justo, o de que si se presentan no se
los lleven a Maiquetia directo”.
Recientemente, el canciller venezolano Roy Chanderton ha
reconocido el cambio en torno al tema: “Dentro de nuestra
política antiterrorista tenemos que tomar junto con otros
miembros de la comunidad internacional las precauciones debidas”,
declaró en torno al caso Galarza.
(EN RECUADRO)
(Título:) La autodeterminación de Euskal Herria
Euskal Herria está integrada por las provincias de
Guipúzcoa, Alava y Vizcaya. Estas tres regiones, junto a la
provincia de Navarra y los estados franceses de Zuberoa, Bembane y
Lapurdi son considerados el territorio histórico del País
Vasco. En conflicto con España se gestó en 1512 a
raíz de la anexión por la fuerza del Reino de Navarra por
la Corona de Castilla y Aragón. Históricamente
España se ha negado a reconocer a los vascos como una
nación independiente con su propia historia, cultura, bandera
(la ikurriña), idioma (el euskera) y expresiones en todos los
niveles. El conflicto se ha manifestado en diferentes formas,
especialmente en la represión contra sus manifestaciones durante
la dictadura de Francisco Franco, durante cuyo mandato nació la
organización Patria Vasca y Libertad (ETA por sus siglas en
Euskera).
En esa época comienza el arribo de ciudadanos vascos a
Venezuela por cuestiones políticas. Durante el primer gobierno
de Carlos Andrés Pérez, el gobierno venezolano suscribe
un acuerdo con Felipe González en aras de ayudar a las
negociaciones de paz: recibir a miembros de ETA detenidos en Argelia a
cambio de su desincorporación de la militancia. Durante los
gobiernos sucesivos arribaron otros etarras para beneficiarse del
acuerdo, y las peticiones de extradición no prosperaron hasta,
paradojas de la vida, el “proceso revolucionario bolivariano
venezolano”. El 11 de Septiembre no solamente derrumbó las
torres del World Trade Center. También la certeza de que
Venezuela era un cálido hogar para el asilo
político.
(En recuadro)
(Título: torturas del Primer Mundo)
Javier Ramón Sánchez es el nombre del jurista que
durante sus primeros pininos como abogado le tocó asistir, en el
denominado “turno de oficio”, a Víctor Galarza un caluroso
día de julio de 1985 en la comisaría de policía de
Indautxu. En un artículo de su autoría, colgado en
http://www.gara.net, recuerda que aquel día tras informarle de
su derecho de “no declarar en comisaría o hacerlo, si
quería, ante el juez”, fue conducido a un apartado cuarto por un
policía. A la vuelta, según el testimonio de
Sánchez “su aspecto había empeorado ostensiblemente. Era
tan patente la presión que había recibido que, cuando
suspirando afirmó que lo había pensado mejor y que
prefería declarar en esas dependencias”. Sánchez se
retiró indignado, alegando negarse a lo que calificó como
parodia.
Para Truncado la declaración de Víctor de
colaboracion con banda armada fue sacada bajo tortura: “Está
previsto en la legislación venezolana que el pais no puede
extraditar a estados donde se violen los derechos humanos y exista la
pena de muerte”. Según sus palabras, si fuera cierta la
acusación de haber asesinado a dos personas, a Galarza le
esperaran 60 años en la cárcel, y no los 6 que
comenzó a cumplir en su reciente vuelta a España. Para
sustentar sus palabras, echa mano a los datos: “Un muchacho de 18
años en Sevilla, un hooligang, le prende candela a un autobus.
Eso es un acto de gamberrismo y está penado con 6 meses de
carcel. Si en el país vasco un joven de 18 años en una
lucha callejera quema un autobus, ese es un acto de terrorismo y ese
mismo autobus le vale 6 años de carcel. El 30% de la poblacion
vasca mayor de 20 años ha pasado en algun momento de su vida por
una comisaria o por la carcel, lo que te da una idea de la
represión que hay contra el pueblo vasco”.
Fuente: Letras. Caracas. http://uruguay.indymedia.org/news/2002/06/2914.php
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2002/06/12
Identifican a los agentes españoles que participan en
operaciones en Venezuela
·Un coronel del Ejército habría
«ordenado» la prohibición de entrada a Elkoro y
Arbeloa
Agentes de la Policía española y del Ejército han
tomado parte directamente en las operaciones contra ciudadanos vascos
registradas en los últimos días en Venezuela,
según han confirmado a este diario fuentes cercanas a los
servicios de información del país caribeño. Por su
parte, la Federación de Casas Vascas ha difundido un comunicado
en el que solicita al Gobierno de Hugo Chávez «el cese de
hostilidades» y que «se reponga el Estado de Derecho».
GARA CARACAS A pesar de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Venezuela ha negado la presencia de agentes españoles en las
dependencias de la DISIP (Policía política) durante el
interrogatorio a Bittor Galarza, fuentes cercanas a los responsables de
esa operación han identificado a un policía
español –cuyo nombre responde a las siglas F.P.– como uno de los
que tomaron parte en esa operación.
Según pudo saber GARA, las mismas fuentes indicaron que F.P. es
un «miembro de la Policía Nacional adscrito a la Embajada
de España en Caracas» que durante años ha actuado
como «representante de dicha Embajada ante la Comisión
Nacional Antidrogas». También señalaron que
«probablemente» ese mismo agente fue quien
«acompañó» al refugiado político hasta
Madrid, junto a un comisario de la DISIP adscrito a la División
de Contrainteligencia de Caracas.
Galarza fue detenido ilegalmente, como explicaron sus allegados, el
pasado 1 de junio, en un operativo en el que participó un agente
español que se presentó hablando en euskara.
En cuanto a la prohibición de entrada con la que José
Luis Elkoro y Mikel Arbeloa se han encontrado por dos veces en apenas
tres días, las citadas fuentes afirmaron que quién
«ordenó» esta medida fue un coronel del
Ejército español destinado en la Embajada como
«agregado civil, siendo en realidad jefe de los servicios
secretos españoles en Venezuela».
Además, aseguraron que este militar perteneció al Cesid,
que trabajó para los servicios secretos israelíes en
varios países árabes y que desde su llegada a Venezuela,
a mediados del año pasado, ha mantenido numerosos contactos con
«miembros de partidos de la extrema derecha venezolana y con
destacados miembros de la comunidad israelí en el
país».
Al margen de esas informaciones, la Federación de Casas Vascas
de Venezuela ha hecho público un comunicado –recogido
íntegramente en el texto anexo– en el que muestra su
extrañeza por la actitud del Gobierno de Hugo Chávez y
afirma que «hemos sido atropellados por el único hecho de
ser vascos».
Federacion de Centros Vascos de Venezuela
«La Comunidad Vasco-Venezolana manifiesta su preocupación
ante los hechos ocurridos en los úl-timos días contra
miembros de nuestra colectividad. Expresamos nuestro repudio ante las
autoridades del Gobierno involucradas en la detención ilegal y
deportación del ciudadano Juan Víctor Galarza, legalmente
establecido en Venezuela, y la prohibición de entrada en el
país a los ciudadanos José Luis Elkoro y Mikel Arbeloa,
los cuales han visitado nuestro país en varias ocasiones,
colaborando con la Fundación La Salle, institución sin
fines de lucro.
Venezuela ha sido por tradición un país abierto y
generoso, recibiendo a colectividades sin distingo de credo ni razas.
Venezuela y Euskadi históricamente han mantenido relaciones
fraternales. Nos extraña la actitud del Gobierno, ya que por el
único hecho de ser vascos hemos sido señalados y
atropellados.
Solicitamos a las autoridades venezolanas que se reponga el Estado de
Derecho y el cese de hostilidades a nuestra colectividad». -
Fuente. Gara. http://www.gara.net
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2002/06/08
Venezuela prohíbe entrada al país a independentistas
vascos
EFE
Las autoridades migratorias venezolanas prohibieron por segunda vez en
tres días la entrada al país a dos miembros del grupo pro
independentista vasco Batasuna, informaron hoy sábado fuentes
diplomáticas. El canciller venezolano, Roy Chaderton,
aclaró que no hay una "persecución" contra el colectivo
vasco en Venezuela.
El control de aduanas del aeropuerto internacional de Maiquetía,
a 35 kilómetros de Caracas, impidió anoche la entrada en
el país de José Luis Elkoro y Mikel Arbeloa, miembros de
Batasuna, que fueron devueltos a la ciudad alemana de Fráncfort
en el mismo avión de Lufthansa en que llegaron pocas horas antes.
El pasado miércoles, Arbeloa y Elkoro pasaron por la misma
experiencia, al detectar las autoridades migratorias problemas en sus
pasaportes, según comentó el viernes el ministro de
Relaciones Exteriores venezolano, Roy Chaderton, en rueda de prensa.
Fuentes diplomáticas españolas indicaron hoy a EFE que
los dos miembros de Batasuna tampoco pudieron pasar en la noche del
viernes el control migratorio, pese a que Chaderton había
advertido horas antes que no iban a tener problemas si entraban con sus
papeles debidamente rectificados.
Supuestamente, a Elkoro y Arbeloa no se les permitió la entrada
en Venezuela para impedir que hicieran campaña política
contra la expulsión del etarra Juan Víctor Galarza,
aunque representantes del colectivo vasco en el país
caribeño aseguraron a los medios de comunicación que
venían a participar en un proyecto educativo religioso de la
Fundación La Salle.
El canciller afirmó que la expulsión de Galarza,
prófugo de la justicia española tras ser condenado por
pertenencia al "comando Vizcaya" de ETA en 1987, fue una medida de
carácter policial.
Galarza fue expulsado de Venezuela el pasado sábado, un
día después de ser detenido en Valencia, a 160
kilómetros de Caracas, donde residía desde hace
más de doce años, supuestamente por no tener los papeles
en regla, algo que fue desmentido por la familia.
El jefe de la diplomacia venezolana, Roy Chaderton, subrayó que
el gobierno del presidente Hugo Chávez no ha emprendido una
"persecución" contra el colectivo vasco en Venezuela, como
quieren hacer creer algunos de sus representantes.
"Hasta hace pocos días se nos quería presentar como
amigos de la (banda terrorista) ETA y ahora se pretende presentarnos
como perseguidores de vascos. Ni lo uno ni lo otro, ni tampoco todo lo
contrario", dijo el canciller a los periodistas.
"Con los gobiernos españoles anteriores hubo una política
de cooperación y de apoyo de Venezuela a España para
ayudarles a resolver problemas de carácter político",
dijo.
Se refirió al acuerdo alcanzado a finales de la década de
los ochenta entre el entonces presidente venezolano Carlos
Andrés Pérez y el que fuera jefe del gobierno
español, Felipe González, que permitió la llegada
al país de unos 40 supuestos etarras procedentes de Francia y
Argelia en su mayoría.
"La posición del actual gobierno español es diferente y
procura otras maneras de cooperación y nosotros, por supuesto,
estamos abiertos a una cooperación en la lucha contra el
terrorismo y la lucha contra los terroristas", subrayó el
canciller.
España reclama desde 1996 la extradición de los presuntos
etarras Eugenio Barrutiabengoa, Miguel Angel Aldana, José
Ayestarán, Jesús Ricardo Urteaga, Luis María
Olalde y José Martín San Sebastián, por supuestos
delitos terroristas.
Fuente: UNION RADIO http://www.unionradio.com.ve
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2002/06/08
Vascos regresaron y los devolvieron
Los ciudadanos vascos José Luis Elkoro y Mikel Arbeloa
revivieron ayer el episodio ocurrido la noche del pasado
miércoles, cuando autoridades de inmigración del
aeropuerto de Maiquetía les impidieron la entrada al país
y fueron enviados a Francfort. Ayer viernes ocurrió exactamente
lo mismo, con el agravante de que el Hermano Ginés, de la
Fundación La Salle, institución a la cual ambos
empresarios venían a prestar asistencia técnica,
recibió la promesa del vicepresidente de la República,
José Vicente Rangel, y del ministro del Interior, Diosdado
Cabello, de que esta vez sí se les permitiría el ingreso
a Venezuela.
De acuerdo con declaraciones de Luis Trincado, de la Plataforma Bai
(Sí en vasco), se trató de una burla y denunció,
además, que funcionarios de la Disip incomunicaron a Elkoro y
Arbeloa e impidieron que pudieran ser visitados por funcionarios de la
Defensoría del Pueblo.
Al igual que el pasado miércoles, los vascos fueron montados en
un avión de la línea Lufthansa y enviados de nuevo a
Francfort.
Fuente: Diario El Nacional. Caracas. http://www.el-nacional.com/l&f/ediciones/2002/06/08/pD8s5.htm
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2002/06/7
Marino Alvarado, asesor jurídico de Provea, informó que
está
conversando con los familiares de Juan Víctor Galarza, el
ciudadano
vasco que fue expulsado de Venezuela el pasado 1 de junio, para que
demanden penalmente al director de la Disip, Miguel Rodríguez,
por su
presunta actuación ilegal en la detención que
terminó con la
deportación de Galarza a España. María José
Ulalde, esposa del
detenido, y Luis Trincado, representante de la asociación de
vascos en
Venezuela Plataforma BAI, acudieron a la Fiscalía para aclarar
las
circunstancias que rodearon la detención. El Ministerio
Público, a
través de la Dirección de Delitos Comunes, decidió
abrir una
averiguación y establecer si realmente la Disip y la
Dirección de
Extranjería violaron los procedimientos establecidos en la Ley
de
Extranjeros y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Fuente: Cronologia Comisión Andina de Juristas http://www.cajpe.org.pe/ |
2002/06/07
“En Venezuela tenemos que tomar las precauciones
debidas”
Chaderton admite cambios en cooperación antiterrorista con
España
Al referirse a la deportación de Juan Víctor Galarza, el
canciller señaló que “el desarrollo de los tiempos
permite otras maneras de colaborar en esto con el Gobierno
español y con todos los gobiernos que estén preocupados
con temas similares”
Adela Leal
Gioconda Soto
El canciller Roy Chaderton Matos desestimó las críticas
de opositores y organizaciones de derechos humanos contra la
deportación del presunto miembro del grupo separatista vasco
ETA, Juan Víctor Galarza, y admitió cambios en la
cooperación antiterrorista de Venezuela hacia España.
“Dentro de nuestra política antiterrorista tenemos que tomar
junto con otros miembros de la comunidad internacional las precauciones
debidas”, precisó el ministro.
“En algún tiempo la manera de colaborar del Estado venezolano a
petición del Estado español era recibir en su territorio
ciudadanos que habían sido acusados de pertenecer a
organizaciones de tipo terroristas para resolver un problema al Estado
español”, señaló.
Con estas palabras, el nuevo titular de la Casa Amarilla hizo
alusión a los acuerdos alcanzados a fines de los ochenta entre
los gobiernos de Venezuela y España para permitir el ingreso de
cerca de 40 presuntos miembros de ETA, en su mayoría procedentes
de Francia y Argelia.
“Esa fue una solución política en la cual nosotros
colaboramos. El desarrollo de los tiempos permite otras maneras de
colaborar en esto con el Gobierno español y con todos los
gobiernos que estén preocupados con temas similares”,
afirmó.
El anuncio de Chaderton coincidió con dos manifestaciones que
decenas de miembros de la comunidad vasca en Venezuela protagonizaron
frente a la Fiscalía General y la embajada de España en
rechazo a la deportación de Juan Víctor Galarza, que se
concretó el pasado domingo.
Según las versiones oficiales previas, el presunto etarra, con
once años en Venezuela, fue detenido en Valencia y deportado a
España por no tener sus documentos de identificación en
orden.
Familiares de Galarza y la organización humanitaria Provea
denunciaron que la actuación fue irregular, que el detenido
tenía sus documentos en regla y que no hubo orden judicial.
Chaderton, que ayer se reunió con el vicepresidente José
Vicente Rangel, se mostró contrario a tales cuestionamientos y
señaló que “se han cumplido los requisitos establecidos y
acostumbrados para este tipo de situación”.
“En todo caso -afirmó- siempre quedan abiertos los espacios que
la ley garantiza a quienes no estén de acuerdo con las medidas
de este Gobierno”.
“Esta familia (la de Galarza) está haciendo uso de los recursos
que le garantiza una sociedad democrática basada sobre
instituciones legítimas”, señaló. El golpe de
timón en relación con España ocurre poco
después de que Chaderton asumiera el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el pasado viernes. El Gobierno español ha expresado
en varias oportunidades que espera una respuesta de Caracas a las
solicitudes de extradición de seis presuntos etarras que viven
en Venezuela desde hace varias décadas.
Los presuntos etarras solicitados por España son Miguel Angel
Aldana, Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, Jesús Ricardo Urteaga
Repulles, Martín Sansebastián Aguirre, Luis María
Olalde y José Lorenzo Ayestarán.
Vascos de vuelta
El ministro dijo no tener información sobre la
prohibición administrativa de entrada al país de los
ciudadanos vascos Mikel Arbeloa (profesor) y José Luis Elkoro
(empresario), devueltos a Franckfurt el miércoles en el mismo
avión de Lufthansa en el que arribaron a Maiquetía.
“No tengo información al respecto. Lo que sé es lo que he
leído en la prensa y como mis amigos periodistas no me permiten
llegar a mi oficina, entonces me es difícil tener
información fresca para ustedes”, admitió.
Chaderton negó la existencia de una campaña contra la
comunidad vasca en el país y afirmó que “nuestros
compatriotas vascos tienen todo el derecho de expresar sus quejas y sus
desacuerdos y opinar sobre cuanta cosa se les ocurra porque son
ciudadanos venezolanos”. “Y si fuesen ciudadanos no venezolanos
también tendrían derecho. Lo demás forma parte de
lo especulativo y no me corresponde a mi responder a cada
especulación o a cada señalamiento que se haga porque en
esta materia las ópticas son diferentes”, añadió.
Fuente: Diario El Nacional
2002/06/06
Las actuaciones serán llevadas a cabo por 36 fiscales
Ministerio Público inicia averiguación sobre
deportación de Juan Víctor Galarza.
El Ministerio Público, a través de la Dirección de
Delitos Comunes, dio inicio a una averiguación a fin de
establecer las responsabilidades en el caso de la deportación
del ciudadano Vasco Juan Víctor Galarza, la cual se presume se
hizo de manera irregular.
Esta investigación tendrá como finalidad determinar
si realmente la Disip y la Dirección de Extranjería
incurrieron en violación en los procedimientos establecidos en
la Ley de Extranjeros y la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos.
De acuerdo con estos procedimientos, cuando una persona se encuentra en
situación ilegal en Venezuela, la Diex evalúa su
situación. Si se deduce que no tiene documentación, se
abre un acto administrativo y se le notifica a la persona que debe
entregar sus documentos de identidad. En caso de no contar con estos
documentos, se determina su ilegalidad y se notifica a las partes sobre
el acto de deportación a fin de que se garantice la debida
defensa.
El Ministerio Público tendrá en sus manos determinar si
este procedimiento se cumplió o no con el ciudadano vasco, quien
fue deportado a España el pasado sábado.
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2002/06/06
Para el canciller no existe política contra la comunidad vasca
en el país
Unión Radio
A su salida de la reunión con la comisión de equilibrio
internacional de la mesa de diálogo, el canciller Roy Chaderton
negó que el Estado mantenga una política en contra de la
comunidad vasca residencia en el país, a propósito de los
últimos incidentes registrados con ciudadanos a quienes se les
vincula con la organización terrorista ETA.
Como se recordará el pasado domingo la Disip detuvo y
deportó al ciudadano de origen vasco y con 13 años de
residencia en el país, Juan Galarza a quien se le acusa de tener
condena en España y por su presunta relación con etarras.
Y este miércoles, los vascos José Luis Elkoro y Mikel
Arbeola fueron retenidos por las autoridades migratorias venezolanas en
el Aeropuerto de Maiquetía y devueltos a España. Ambos
venían para brindar asistencia técnica a la
Fundación La Salle.
Al ser interrogado por los periodistas si estas acciones eran parte de
una política de Estado, Chaderton respondió “no, nuestros
compatriotas vascos tienen todo el derecho de expresar sus quejas y
opinar sobre cuanta cosa se les ocurra porque son ciudadanos
venezolanos, y si fuesen ciudadanos no venezolanos todavía
también tendrían bajo las leyes su derecho”.
El canciller prefirió no responder a las especulaciones que en
cuanto al tema se han realizado en las últimas horas, “porque en
esta materia las ópticas son diferentes”. Aunque sí
reiteró que “dentro de nuestra política antiterrorista
tenemos que tomar, junto con otros miembros de la comunidad
internacional, las precauciones debidas. En algún tiempo la
manera de colaborar del Estado venezolano a petición del Estado
español era recibir en nuestro territorio ciudadanos que
habían sido acusados de pertenecer a organizaciones de tipo
terroristas para resolverle sus problemas al Estado español. Esa
fue una solución política en la cual nosotros
colaboramos, el desarrollo de los tiempos permite otra manera de
colaborar en esto con el gobierno español y con todas los
gobiernos que estén preocupados por temas similares”.
Fuente: UNION RADIO http://www.unionradio.com.ve
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2002/06/06
Vascos protestan en el Ministerio Público por deportación
de presunto etarra
Unión Radio
Un grupo de la comunidad vasca protestó hoy a las puertas del
Ministerio Público, para rechazar la deportación de Juan
Víctor Galarza, acusado de posibles vínculos con el grupo
terrorista ETA. Aunque no han sido notificados oficialmente, los
manifestantes junto a la esposa de Galarza, María José
Ugalde, esperan que se haya abierto una investigación sobre el
caso.
Luis Trincado, integrante de la plataforma BAE, cuestionó la
falta de pronunciamiento de los voceros gubernamentales al respecto, a
excepción de la Disip, que a su juicio “está tratando de
excusar lo inexcusable”. “¿Se está abriendo a caso la
cacería de los vascos?, ya han pasado cuatro días de la
deportación de Galarza y todavía no se han pronunciado “,
enfatizó.
Trincado afirmó que Galarza ha sido vinculado con dos asesinatos
de ETA, según lo estableció “la embajada española
a través de diversos medios de comunicación”. “El
ciudadano llegó, fue entregado a la justicia española y
fue condenado a seis años por presunción de
colaboración con banda armada”, afirmó.
A su juicio, el proceso es “antidemocrático” porque si hubiese
cometido el delito de asesinato la condena debió ser de 60
años. “Se está desmontando poco a poco la calumnia de la
Embajada española y de algunos funcionarios (...) el gobierno
todavía no nos ha explicado si es algo que sucedió, que
se les escapó por algunos funcionarios, o es una medida oficial
del gobierno venezolano”, afirmó.
Trincado aclaró que tienen más de 60 años en el
país, por lo cual no tolerarán que los españoles
“que los persiguen en su tierra” y en Europa, lo hagan en Venezuela.
“No vamos a permitir que el imperio español vuelva a imperar en
territorio venezolano”.
Provea exige investigación
El representante de la organización no gubernamental
Provea, Marino Alvarado, acompaña la solicitud de los vascos
para que se abra una investigación sobre la posible
deportación “ilegal” de Galarza y la actuación de
policías extranjeros en territorio venezolano.
“Hubo un secuestro en este caso (...) Es un hecho que no puede dejarse
de investigar por lo grave de la situación, y sobre todo porque
ya ha ocurrido en otras oportunidades la actuación conjunta de
policías venezolanos con policías extranjeros”,
señaló.
Advirtió que Juan Víctor Galarza gozaba de absoluta
legalidad del país, con cédula de identidad como
residente extranjero y pasaporte. “Si el Estado español
consideraba que él había cometido algún tipo de
delito en España, lo que establece la Constitución y el
Código orgánico procesal penal él debía ser
sometido a un procedimiento de extradición y eso no se
cumplió”, señaló.
A su juicio, la actuación de la Disip fue irregular, por lo cual
responsabilizan directamente al director de la policía
política, Miguel Rodríguez Torre, y exige su
destitución. Asimismo, exigen un pronunciamiento del ministro de
Relaciones Exteriores, Roy Chaderton.
Pero Chaderton, consultado por Unión Radio, no quiso adelantar
mayores detalles porque prefiere hablar en una rueda de prensa que
realizará mañana viernes. “Yo prefiero reservarme para
mañana, la información que he podido recoger no es
completa, no es porque no la haya, sino porque yo estaba en Barbados,
no sería responsable de mi parte aventurar opiniones”.
Cofavic
pide
explicación
a las autoridades españolas y venezolanas
Por su parte, la directora de Cofavic, Liliana Ortega,
aseguró a Unión Radio que una persona más
allá de los delitos debe garantizársele el debido
proceso. Por ello, exhortó a las autoridades españolas y
venezolanas a dar una explicación sobre los hechos ocurridos,
cuyo procedimiento debe estar apegado al derecho internacional.
Ortega indicó que el Ministerio Público tiene un rol
activo en esta situación. “En el caso venezolano, creo que es
demasiado importante que el gobierno venezolano explique detalladamente
cuál fue el procedimiento que se ha realizado, y si ese
procedimiento estuvo o no apegado a derecho”, señaló.
La directora de la ONG afirmó que es un precedente negativo que
no se les haya permitido a unos ciudadanos vascos la entrada a
Venezuela durante esta semana, quienes venían a trabajar con la
Fundación La Salle. “Hay que recordar que para el verano viene
muchos pasantes vascos jóvenes que sacrifican su verano para
trabajar en barrios venezolanos”, enfatizó.
A su juicio, los vascos debería ser respetados por su aporte en
Venezuela. Aseguró que esa comunidad ha estado muy unida al tema
de los derechos humanos, con el apoyo de varias fundaciones del
gobierno vasco y Navarra.
Fuente: UNION RADIO http://www.unionradio.com.ve
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2002/06/05
Migración impide la entrada a Venezuela de miembros de Batasuna
EFE
Las autoridades migratorias de Venezuela impidieron hoy la entrada al
país de dos miembros del grupo independentista vasco Batasuna
que viajaron a Caracas a raíz de la expulsión del etarra
Juan Víctor Galarza, informaron a EFE fuentes
diplomáticas.
José Luis Elkoro Unamuno y Mikel Arbeloa Suberbiola llegaron
esta tarde al aeropuerto internacional de Maiquetía, a 35
kilómetros de Caracas, en un avión de la aerolínea
alemana Lufthansa, en el que partieron horas después con destino
a Francfort, tras impedirle las autoridades venezolanas la entrada al
país.
Fuentes diplomáticas españolas indicaron que los dos
miembros de Batasuna no pudieron pasar el control de pasaportes del
aeropuerto, y las autoridades de la Oficina Nacional de
Identificación y Extranjería (Onidex) los devolvieron al
mismo destino del que partieron.
Los dos políticos vascos supuestamente viajaron a Venezuela a
raíz de la expulsión, el pasado sábado, de
Galarza, prófugo de la justicia española y que
residía en Venezuela desde hace al menos doce años.
La razón oficial expuesta para impedirles la entrada en el
país fue precisamente que venían a Venezuela a hacer
campaña contra la expulsión de Galarza, detenido el
pasado viernes en la ciudad de Valencia, añadieron las fuentes.
El director de la policía política venezolana DISIP,
Miguel Rodríguez Torres, afirmó el martes que Galarza no
tenía los papeles en regla y era altamente peligroso, saliendo
al paso de las declaraciones hechas el domingo por la esposa del
etarra, María José Ugalde, quien denunció la
acción como un "secuestro".
Galarza tiene pendientes en España dos causas por asesinato, y
en 1987 fue condenado a seis años de cárcel por colaborar
con el "comando Vizcaya" de ETA.
La prohibición de los dos miembros de entrar a Venezuela de los
dos miembros de Batasuna, se produce dos días después de
que el secretario de Estado para la Cooperación, Miguel Angel
Cortés, expresara públicamente la satisfacción del
gobierno español por la expulsión de Galarza.
Cortés dijo que era una importante "novedad" la actitud
venezolana respecto a los terroristas de ETA, registrada sobre todo
tras la entrevista que mantuvieron a mediados de mayo en Madrid en el
marco de la Cumbre Europa-Latinoamérica-Caribe el presidente
venezolano, Hugo Chávez, y el jefe del gobierno español,
José María Aznar.
España reclama desde 1996 la extradición de los presuntos
etarras Eugenio Barrutiabengoa, Miguel Angel Aldana, José
Ayestarán, Jesús Ricardo Urteaga, Luis María
Olalde y José Martín San Sebastián, por supuestos
delitos terroristas.
Fuente: UNION RADIO http://www.unionradio.com.ve
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2002/06/04
EXTRADICION SORPRESA / Madrid 'no tenía constancia' de
ubicación de Galarza en Venezuela
España 'satisfecha' por deportación
El ciudadano vasco cumplirá 6 años y un día de
prisión según dictaminó la Audiencia Nacional
España expresó su 'profunda satisfacción' por la
entrega de un presunto terrorista refugiado en Venezuela, lo cual
considera una 'novedad' en la actitud de ese país hacia miembros
de la organización ETA.
El secretario de Estado de Cooperación y para
Iberoamérica, Miguel Angel Cortés, hizo esas
declaraciones en nombre del Ejecutivo durante una comparecencia ante la
Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado español,
reseñó Efe.
Cortés agregó que 'no se tenía constancia' de que
estuviese en territorio venezolano Juan Víctor Galarza Mendiola,
detenido el pasado 31 de mayo en el país latinoamericano y
expulsado el 2 de junio a su país.
Galarza Mendiola tiene dos causas abiertas en España por
asesinato y fue condenado en 1987 a seis años de cárcel
por colaboración con Euskadi Ta Askatasuna (Patria Vasca y
Libertad, en lengua vasca).
Sobre la entrega de Galarza Mendiola, Cortés
hizo hincapié en que supone una 'novedad', ya que hace tiempo
que España solicitó a Venezuela la extradición de
otros presuntos etarras y el trámite 'está avanzando con
excesiva lentitud'.
Por ello, el secretario de Estado insistió en transmitir a
Venezuela la 'gratitud' del Gobierno español por la 'respuesta
tan rápida' que ha tenido en el caso de este presunto
terrorista, quien llegó a Madrid el pasado domingo en un vuelo
procedente de Caracas.
El pasado abril comenzó el proceso para que el Tribunal Supremo
de Justicia de Venezuela pueda decidir sobre el caso de seis presuntos
miembros de ETA residentes en ese país y cuya extradición
solicita España.
Los presuntos etarras contra los cuales se cursó orden de
detención en Venezuela son Eugenio Barrutiabengoa, Miguel Angel
Aldana, José Ayestarán, Jose Martín San
Sebastián y Jesús Urteaga, reclamados por asesinato desde
1996, y Luis María Olalde, desde 1999, por dos atentados.
Según informaron fuentes jurídicas, la juez de la
Audiencia Nacional española Teresa Palacios ordenó el
ingreso en prisión de Galarza para que cumpla la sentencia que
este tribunal le impuso por 'intervenir en los servicios de
información para ETA'.
El Tribunal Supremo español confirmó el 21 de abril de
1988 la condena contra Galarza, después de acordar no admitir a
trámite el recurso de casación interpuesto por
éste, quien no obstante siguió en libertad, ya que el
Tribunal Constitucional suspendió la ejecución de la
sentencia mientras estudiaba un recurso de amparo.
En mayo de 1991, el Constitucional ordenó al Supremo admitir a
trámite el recurso, que al año siguiente fue desestimado,
por lo que la sentencia de la Audiencia Nacional adquirió
firmeza. Para entonces Galarza Mendiola ya había huido, por lo
que la sección tercera de la Sala de lo penal de la Audiencia
Nacional española dictó contra él una orden de
detención e ingreso en prisión.
Fuente: http://www.eluniversal.com/2002/06/04/pol_art_04104AA.shtml
2002/06/4
Julio Borges comparte el criterio de Provea de que se violaron los
derechos humanos de Juan Víctor Galarza, presunto miembro de la
organización separatista vasca ETA, debido a que fue detenido
sin orden
de arresto o sentencia de extradición. Añadió que
el gobierno español
no pidió que se violaran los derechos humanos de esa persona,
sino
claridad y transparencia sobre la protección de los etarras.
Francisco
Arias Cárdenas, presidente de Unión, criticó lo
que considera
incoherencia en la política exterior venezolana y afirmó
que la
expulsión del presunto etarra se hizo por conveniencia,
señalando que
esa es una forma de jugar con la política exterior venezolana.
Por su
parte, José Albornoz, secretario general de Patria Para Todos,
anunció
que exigirá una explicación al Gobierno sobre la
expulsión del supuesto
etarra.
Fuente: Cronologia Comisión Andina de Juristas http://www.cajpe.org.pe/
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2002/06/4
Asdrúbal Aguiar, especialista en derecho internacional,
señaló que la
probable violación del debido proceso en la expulsión del
supuesto
etarra Juan Víctor Galarza a España podría
provocar demandas y
sanciones contra Venezuela. Aguiar, quien fue juez de la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos, explicó que el Estado
está
obligado a garantizarle los derechos al ciudadano extranjero. Por otro
lado, los representantes de la asociación de vascos radicados en
Venezuela, Plataforma Bai, aseguraron que en una de las pocas
comunicaciones que pudieron tener con Galarza el sábado, antes
de su
expulsión, éste les contó que había sido
interrogado por policías
españoles, incluso por uno en euskera, el idioma vasco.
Fuente: Cronologia Comisión Andina de Juristas http://www.cajpe.org.pe/ |
2002/06/03
España presiona a Chávez por extradición de
presuntos etarras
Luego de ser deportados en los años 80 desde Francia, gracias a
un acuerdo casi secreto, ahora seis vascos arraigados en Venezuela se
esconden de la justicia
PABLO AIQUEL GARBARINI
El director del Centro Nacional de Inteligencia de España, Jorge
Dezcallar, mantuvo una reunión secreta con el presidente Hugo
Chávez sobre el tema de las extradiciones de los seis presuntos
etarras, cuya orden de captura fue ordenada el pasado 7 de mayo.
Esta información, publicada por la revista española
Tiempo de hoy la semana pasada, fue confirmada por fuentes
diplomáticas en Caracas, las cuales precisaron que la entrevista
se realizó “a principios de mayo, una semana antes del viaje del
presidente Chávez a Madrid”. El mandatario nacional
partió el 16 de mayo para participar en la II Cumbre
Unión Europea-América Latina-Caribe.
Según la revista española, “muchas han sido las presiones
que ha recibido en los últimos meses el Presidente venezolano
para que ponga fin a su país como refugio de los terroristas de
la ETA” y describe la visita de Dezcallar como la “última y la
más dura”. Cabe preguntarse por qué a las conminaciones
sobre este tema les han subido el tono en los últimos meses.
Fuentes diplomáticas españolas comentaron que
“después del 11 de septiembre ha habido un cambio de
receptividad. Es evidente que en muchos países se han dado
cuenta de que tienen que revisar una serie de cuestiones y decirse que
tienen que poner una línea clara para ver que de un lado
están los buenos y del otro lado...”.
También señalaron que “no podemos estar descontentos al
ver que el proceso judicial está avanzando. Es normal que el
Gobierno empuje un poco y solicite que estos casos al menos sean
vistos. De momento estamos agradecidos de que el Presidente haya
canalizado el proceso y que el Poder Judicial se haya dado por enterado
de que había expedientes. Porque hasta ahora hacían como
que no los habían recibido, y algunos casos tienen seis
años”.
De hecho, de los seis supuestos etarras, cinco fueron reclamados por
España en 1996 (Eugenio Barrutiabegoa, Miguel Ángel
Aldana, José Ayestarán, Martín Sansebastián
y Jesús Urteaga) y uno (Luis María Olalde) en 1999.
“Chávez tiene razón cuando se molesta con los medios
españoles que lo acusan de proteger a etarras; es una
situación que él heredó”, señalaron las
fuentes diplomáticas. Sin embargo, Asdrúbal Aguiar, ex
ministro del Interior, rechaza la versión de que el gobierno de
Rafael Caldera no hizo nada para comenzar el proceso de
extradición. “La Embajada de España, por los caminos
verdes, intentó secuestrar a uno de estos etarras. Nosotros les
exigimos que solicitaran su extradición. Una vez que se
recibieron los recaudos, nosotros hicimos los trámites
inmediatamente. No obstante, después, extrañamente,
Madrid retiró las solicitudes de extradición. Me imagino
que en 1999 volvieron a enviar todos los recaudos, ya no por cinco,
sino por los seis”, comentó Aguiar, quien era ministro de la
Secretaría en el momento del intento de secuestro de
Barrutiabengoa.
Para los representantes de la comunidad vasca, como Luis Trincado,
vocero de la plataforma Bai, la respuesta es sencilla: “Estas presiones
las hacen ahora para aprovechar el momento político. Para Aznar
sería un éxito llevarse a esta gente a España, no
les importa si después no tienen pruebas para condenarlos en los
tribunales”.
Acuerdo enterrado
En Venezuela, según fuentes diplomáticas
españolas, hay aproximadamente 40 etarras; no todos participaron
en atentados, pues pudieron realizar actividades de diferente
índole dentro de la organización terrorista vasca Euskal
Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad). La mayoría de ellos
vino en la década de los años 80 gracias a acuerdos
verbales entre el gobierno del país donde se encontraban
—Francia o Argelia—, el que los recibiría — México,
Uruguay, República Dominicana o Venezuela— y, por supuesto,
España.
Según la plataforma Bai, Francia no aceptó extraditarlos
a España en los años 80 y por eso se decidió
conjuntamente desterrarlos.
Fuentes diplomáticas españolas explican en cambio que en
ese momento no había un convenio de extradición que los
considerara a ellos como extraditables. “Además, en ese momento,
Francia no consideraba a los etarras como terroristas. Ahora es
diferente. En aquella época tanto España como Francia
prefirieron quitárselos del medio, pero eso no implicaba que si
eran llevados a España no serían juzgados o que nunca se
haría justicia”.
Otras fuentes consultadas, conocedoras de los acuerdos verbales
realizados cuando gobernaban Felipe González en España y
Francois Mitterrand en Francia, explicaron que ni París ni
Madrid tenían interés en quedarse con estos individuos.
“Para González era un problema iniciar un proceso judicial en
España en ese momento. El acuerdo era una ida sin regreso. A esa
gente se les dijo ‘ustedes se van y no serán molestados, pero no
podrán volver jamás’. Claro, en política nunca se
puede decir jamás, pero son comprensibles las reticencias
venezolanas. No se planteó la posibilidad del retorno”.
Según este especialista, nadie hablará nunca de los
acuerdos verbales, pues la decisión de González, al fin y
al cabo, era una negación de la justicia y contraria al derecho.
Para Asdrúbal Aguiar, quien también fue magistrado en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, “en materia de derecho
internacional, los acuerdos verbales tienen tanto valor como los
escritos. Estos acuerdos pueden ser de consentimiento tácito, y
se produce una obligación recíproca entre ambos Estados.
Estas son nociones básicas en derecho internacional”.
También precisó que no puede haber acuerdos que permitan
violar los tratados internacionales en materia de derechos humanos o
crímenes de lesa humanidad.
Futuro inseguro
Ya han transcurrido más de tres semanas de
búsquedas infructuosas. El paradero de los seis presuntos
etarras, que llevaban una vida normal en diferentes partes de
Venezuela, no se conoce.
Mientras Madrid parece optimista por el avance que se ha logrado tras
meses de presiones, la actitud de los deportados vascos demuestra que
ellos no están tan seguros de las garantías que
podrían tener para que se dé el debido proceso. Es
posible que los ahora perseguidos consideren que si estas presiones
lograron que se les desconociera el estatus del que se habían
beneficiado durante los últimos 20 años, entonces
también podrían hacer que sus argumentos pesen poco ante
los tribunales. Una contradicción para quienes creyeron en los
logros aportados por la revolución bolivariana, entre otras
cosas, en cuanto a la división de los poderes públicos.
Sin embargo, fuentes diplomáticas insistieron en que
España no realiza presión alguna sobre el Poder Judicial
para que tome una decisión favorable a su petición de
extradición en los seis casos pendientes. Aseguraron que lo que
solicitan es que el Tribunal Supremo haga su trabajo y proceda a los
juicios de extradición para decidir, caso por caso,
quiénes serán extraditados y quiénes se quedan.
“Luego de esa decisión, podremos congratularnos y felicitar o
enojarnos y criticar, pero no se puede hacer más nada. Es una
decisión soberana que pertenece al Poder Judicial venezolano. Lo
que pedimos es que tome su decisión, cualquiera que sea”,
aseguraron y enfatizaron que no hay una idea de retaliación o de
beneficio político detrás de todo esto: “La voluntad de
España es hacer justicia, que sean juzgados”.
Confirmaron que llegó a Barajas
El presunto etarra Juan Víctor Galarza, detenido el
viernes en Venezuela y expulsado en la noche del sábado por la
autoridades venezolanas, llegó ayer a España para ser
puesto a disposición de la Audiencia Nacional española,
reportó un cable de la agencia de noticias Efe. Fuentes
aeroportuarias informaron que Galarza llegó a Madrid en un vuelo
procedente de Caracas, con escala en Tenerife, el cual aterrizó
en el aeropuerto de Barajas, en las cercanías de Madrid, donde
fue entregado a agentes policiales españoles.
Galarza fue detenido por agentes de la Disip en un
municipio aledaño a Valencia, cuando iba a trabajar,
acompañado por su esposa, la española María
José Ugalde, y su hija menor.
El motivo por el cual las autoridades venezolanas expulsaron al
supuesto miembro de la banda terrorista ETA es el de permanencia ilegal
en el país.
El presunto etarra, que tiene dos causas abiertas en España por
asesinato, fue condenado por la Audiencia Nacional española en
1987 a seis años de cárcel y al pago de una multa por un
delito de colaboración con banda armada por su pertenencia a la
infraestructura del comando Vizcaya de ETA.
La expulsión de Galarza Mendiola se produce luego de la
reunión del jefe del Ejecutivo español, José
María Aznar, y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
en la Cumbre de la Unión Europea, América Latina y el
Caribe que se realizó en Madrid el 17 y el 18 de mayo, en la que
Aznar solicitó la colaboración del Gobierno venezolano en
la lucha antiterrorista.
Según precisaron a Efe fuentes de la investigación, se
calcula que Galarza Mendiola pasó a ser miembro de ETA en 1982 y
colaboró activamente con los miembros del comando Vizcaya en
varias acciones.
Entre ellas, se investiga al presunto etarra por haber recabado
supuestamente la información sobre un policía asesinado
en abril de 1984 en la ciudad vasca de Bilbao.
Después de su detención en julio de 1985, la Audiencia
Nacional celebró dos juicios contra Galarza, uno de ellos en
abril de 1986 y otro un mes después, en el que fue absuelto en
relación con el asesinato de un suboficial, en la localidad
vasca de Portugalete (Vizcaya), por lo que quedó en libertad
provisional.
Cuando por el primero de los juicios se dictó la sentencia
condenatoria en 1987, el paradero de Galarza era desconocido, por lo
que la Audiencia Nacional dictó, en 1992, una orden de
detención e ingreso del presunto etarra para que cumpliera la
pena a la que fue sentenciado.
Fuente: El Nacional
2002/06/02
Esposa de presunto etarra deportado exige se le aseguren
garantías a ella y a su hija
Unión Radio
En la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), María
José Ugalde, esposa de Juan Víctor Galarza –presunto
etarra en Venezuela-, presentó la documentación de su
esposo para demostrar ante las autoridades y el país que son
falsas las acusaciones de que su pareja permaneciera en territorio
venezolano con documentos falsos.
Aseguró que durante 13 años, ella y su esposo han tenido
una “vida absolutamente normal”, y la razón por la cual no
volvieron a España obedece a razones de diversa índole.
“Vaya, uno tiene sus razones... el trabajo”, ejemplificó.
Sobre el proceso judicial que se le tiene a Galarza en su tierra natal
por homicidio, Ugalde instó a que “quien tenga esa
información que la demuestre...yo no tengo más nada que
decir sobre el tema (...) se han dicho muchísimas cosas que son
puras mentiras”.
En este sentido, confirmó: “aquí tengo todos sus papeles
(...) lo único que puedo demostrar es que no estaba
indocumentado... de lo demás no puedo demostrar nada (...) De
por qué lo detuvieron y por qué lo han expulsado (...)
que me den todas la garantías de que yo con mi hija... el
trabajo.... que todo pueda seguir funcionando... estoy en absoluta
indefensión”.
Acusó que en el proceso hay una serie de contradicciones que
ahora le implican a ella el problema de que no pueda salir del
país con su hija, pues se requiera la autorización del
padre deportado. ¿Qué hago ahora? a mí me crean
muchos problemas... tengo una niña que no he visto desde el
viernes y que está aterrada por lo que le está pasando a
su papá”.
Se han violentado todos los procedimientos
Luis Trincado, portavoz de la Plataforma Política BAI,
fustigó el “irrespeto” al derecho de asilo a los etarras que
hasta el momento había mantenido Venezuela. A su juicio, el
proceso actual es producto de una “opereta” por parte de la embajada de
España para lograr “el éxito” de José María
Aznar en el caso, pues este país es el único que se ha
mantenido incólume en el tema de los vascos. Ahora, “el gobierno
venezolano ha cedido”.
Trincado reseñó que Galarza fungía como un
ciudadano común en Venezuela y trabajaba en un establecimiento
comercial. La repentina deportación de este ciudadano de origen
vasco irrespeta todas las normas y acciones previstas en estos casos.
“Se están violando todos los procedimientos (...) hay mecanismos
legales para proceder y no con un secuestro a un ciudadano (...) “Se ha
violado la Constitución y solicitamos que algún organismo
de la cara”, aseveró.
Fuente: UNION RADIO http://www.unionradio.com.ve
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2002/06/3
El director del Centro Nacional de Inteligencia de España, Jorge
Dezcallar, mantuvo una reunión secreta con el Presidente Hugo
Chávez sobre el tema de las extradiciones de los seis presuntos
etarras, cuya orden de captura fue ordenada el pasado 7 de mayo. La
información, publicada por la revista española "Tiempo de
hoy", fue confirmada por fuentes diplomáticas en Caracas, las
cuales precisaron que la entrevista se realizó a principios de
mayo, una semana antes del viaje del Presidente Chávez a Madrid.
Según reportó un cable de la agencia de noticias EFE, el
presunto etarra Juan Víctor Galarza, detenido el viernes en
Venezuela y expulsado en la noche del sábado por la autoridades
venezolanas, llegó ayer a España para ser puesto a
disposición de la Audiencia Nacional española.
Fuente: Cronologia Comisión Andina de Juristas http://www.cajpe.org.pe/
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2002/06/03
Caracas, Lunes 3 de Junio, 2002 (01:07 PM) Comunidad vasca en
Venezuela lleva a Fiscalía documentos de Galarza
Caracas.- Representantes de la comunidad vasca en Venezuela acudieron
hoy a la Fiscalía General de la República para presentar
los documentos vigentes de Víctor Galarza, quien fuera deportado
del país y puesto a las órdenes del Gobierno
español por su supuesta vinculación con el grupo
terrorista ETA.
''Le enseñamos al fiscal su documentación para demostrar
que las acusaciones sobre documentación falsa o que está
indocumentado sólo sirvió como excusa para secuestrarlo y
llevárselo del país'', dijo Luis Trincado, vocero de la
comunidad vasca.
Trincado explicó que Galarza no sólo tiene documentos
expedidos por las autoridades venezolanas, sino que también le
fue otorgado un pasaporte por el Consulado General de España en
Caracas.
El vocero vasco manifestó que desconocía si Galarza
había cometido delitos en España, pero que su comunidad
tiene constancia de que es un ciudadano que reside en el país
legalmente. ''Si tuviera algún delito, el Consulado se lo
hubiese informado, por cuanto tiene residencia fija en el país
desde hace 13 años con dirección, nombre y apellido
propio''.
''Es muy fácil para la embajada española sembrar terror
en la comunidad vasca en Venezuela cuando se tiene una solicitud
desesperante del Gobierno sobre seis ciudadanos a los que se les
imputa una serie de delitos sin haberlo demostrado. Se
está haciendo una casería de brujas para involucrar a la
comunidad vasca en Venezuela. El no tiene nada que ver en cuanto a
nombre y apellido con las personas que se están solicitando'',
comentó.
A juicio de Tricado, para el Gobierno español ''todo
ciudadano vasco que ejerza su derecho de autodeterminación es un
etarra y un terrorista''.
Fuente: Diario El Universal, Caracas. http://www.eluniversal.com/2002/06/03/03062002_31398.html |
2002/06/03
Boletín Info Euskal Herria Nº 6
Expulsan arbitraria e ilegalmente a ciudadano vasco
Ayer sábado, a las 10 de la noche aproximadamente, expulsaron
arbitraria e ilegalmente al ciudadano vasco JUAN VÍCTOR GALARZA
MENDIOLA. Este ciudadano fue trasladado a Madrid en un avión de
Iberia con escala en Tenerife. Las autoridades venezolanas han indicado
que esta persona fue expulsada por indocumentado mientras que su propia
esposa María José Ugalde mostró ante los medios de
comunicación su documentación completamente legal
(Cédula de identidad, visado renovado en el 2001 y su
correspondiente pasaporte español emitido por el propio
Consulado de España en Venezuela).
María José Ugalde ha exigido a las autoridades
venezolanas una explicación en relación con estos hechos:
"Yo quisiera saber qué ha hecho mi esposo en Venezuela para que
suceda esto. Hasta los momentos nadie me ha dicho nada ni donde
está mi esposo. He estado desde tempranas horas en la
mañana preguntando por él en la Disip, en la DIEX, en el
Ministerio de Relaciones Interiores y nadie me ha dado ninguna
razón de él. Me he tenido que enterar de lo que
sucedía por los medios de comunicación españoles.
Solicito a las autoridades venezolanas que me digan qué ha hecho
mi esposo en Venezuela para esto. Ante los medios presento copia de los
documentos que muestran que el se encontraba en total legalidad en este
país".
Por su parte miembros de la Plataforma BAI han denunciado que esta
situación rompe con la tradición de asilo que
tenía Venezuela por más de 60 años y denuncia que
esto abra una brecha para que todos los ciudadanos vascos sean tratados
de esta manera.
A continuación hacemos un breve resumen de los hechos como
acontecieron:
El viernes 31 de mayo, aproximadamente a las 8:30 de la mañana,
JUAN VÍCTOR GALARZA MENDIOLA fue detenido de forma arbitraria e
ilegal en el estacionamiento de su residencia ubicada en Valencia
(Estado Carabobo) cuando se encontraba acompañado por su mujer y
su hija venezolana de 2 años. Fue detenido por unos 6
funcionarios que vestían chaquetas identificadas con las siglas
de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y
Prevención (DISIP), quiénes lo rodearon y lo
encañonaron sorpresivamente. Sin mostrarle ninguna orden de
detención ni explicarle los motivos de la misma se lo llevaron
en un carro color “crema”, indicándole a su esposa que lo
trasladaban por averiguaciones a la sede de la Disip en Naguanagua,
Estado Carabobo.
Ante esta situación irregular, su esposa se puso en contacto con
un abogado y con la Defensoría del Pueblo del Estado para
denunciar la violación de derechos humanos a la cual ha sido
víctima su esposo. Al llegar a la sede de la Disip en
Naguanagua, la mujer de Galarza, acompañada de su abogado, fue
informada de que su marido no se encontraba allí y que ellos no
habían participado en ese procedimiento. Ante la insistencia del
abogado, los funcionarios de dicha sede policial le informaron que al
ciudadano Galarza lo habían trasladado directamente a la sede
principal de la Disip ubicada en Caracas, en El Helicoide.
Ésta se dirigió a Caracas donde se presentó en la
sede principal de la Disip. Sin embargo, allí no le dejaron ver
a su esposo y con muchas evasivas, le indicaron que éste se
encontraba en buen estado y que estaba ahí por averiguaciones.
Los familiares han acudido a diferentes organismos: Fiscalía de
la República, Defensoría del Pueblo y organizaciones no
gubernamentales de defensa de derechos humanos para anteponer la
denuncia.
Hoy, sábado su esposa ha podido visitarlo y ha corroborado que
se encuentra en buen estado pero se ha declarado en Huelga de Hambre,
le informaron que estaba allí por órdenes de la
Dirección de Extranjería para revisarle su
documentación. Galarza Mendiola lleva 13 años en
Venezuela y recién renovó su visado. Éste se
encuentra en total legalidad y hacía vida normal con su familia.
Galarza denunció que fue visitado por un funcionario de la
embajada española quien le dijo que se llamaba “Josu” y le
habló en euskera (idioma vasco). Éste funcionario le
amenazó diciéndole que sí no encontraban a los
seis etarras que estaban solicitando para la extradición se lo
iban a llevar a él.
La Defensoría del Pueblo introdujo el sábado 1, un
hábeas corpus y ha sido admitido por el Tribunal Sexto de
Control a cargo de la jueza Yadira Alfonso de Hernández. A pesar
de esta acción judicial fue expulsado en horas de la noche de
ese mismo día sin garantizarle ningún tipo de derechos
fundamentales.
El domingo su familiares amanecieron preguntando por el paradero de
Galarza pero en ningún organismo quiso contestar sobre su
situación. La Disip indicó que lo puso a órdenes
de la DIEX y la DIEX dice que por allí no pasó. Fueron
los medios de comunicación españoles los que le
informaron a María José Ugalde sobre el destino de su
marido.
Familiares de ciudadanos vascos en Venezuela denuncian el hostigamiento
policial. Esta situación no puede verse aislada de hechos
anteriores donde ciudadanos vascos y familiares de éstos han
sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, quienes
están siendo asediados por organismos de seguridad del Estado y
por una campaña mediática orquestada por la Embajada
española.
Las compañeras de los ciudadanos vascos Josu Urteaga y Eugenio
Barrutiabengoa han denunciado en la Fiscalía General de la
República Bolivariana de Venezuela la persecución y el
hostigamiento policial que sufren.
Rosmira de Urteaga y María Ángeles Artola afirman que sus
compañeros son "asilados políticos" y consideran
"absurdo" que, tras vivir entre 10 y 20 años en Venezuela, se
inicie un proceso de extradición contra ellos dos y contra otros
cuatro ciudadanos vascos. Acompañadas por José
Ramón Ortuondo, abogado de los seis vascos, ambas han denunciado
ante la Fiscalía General que han sido víctimas de
"persecuciones, allanamientos y hostigamientos" por parte de
funcionarios policiales armados. Rosmira ha revelado que el pasado
sábado en la madrugada su vivienda, ubicada en Ocumare de la
Costa (152 kilómetros al oeste de Caracas), fue allanada por
cuatro personas armadas, sin identificación, quienes decomisaron
varias de sus pertenencias. "Cuando les pedí su
identificación o la orden (de allanamiento) me dijeron que no me
pusiera cómica (no hiciera preguntas) y con actitud amenazante
me mostraron sus armas", declaró Rosmira. Añadió
que estas personas le amenazaron con levársela la próxima
vez. La mujer de Urteaga ha denunciado que sus cinco hijos, entre 8 y
15 años de edad, fueron despertados por los funcionarios y
mantiene que su esposo "es tan venezolano como cualquier otro". Por su
parte, la esposa de Barrutiabengoa, María Ángeles Artola,
ha comentado que es víctima de hostigamiento desde el pasado 11
de mayo, por parte de funcionarios de la DISIP.
Ha detallado que ese día fue "perseguida" por un vehículo
"con todos los vidrios negros" por varias zonas de Caracas, tras lo
cual decidió dirigirse en ese mismo momento a la sede de la
Fiscalía, donde el vehículo fue detenido por la
Policía de Caracas y resultó transportar a unos DISIP.
Muchos años en Venezuela. El abogado Ortuondo ha recordado que
Luis Olalde y Martín Sansebastián llegaron a Venezuela en
1979, "ambos están casados y tienen hijos venezolanos", y en
1984 entraron José Aiestaran, Josu Urteaga y Eugenio
Barrutiabengoa. "El último en llegar a Caracas fue Miguel
Ángel Aldana, quien salió de Francia hacia Ecuador. Luego
viajó a República Dominicana y Panamá, y
llegó a Venezuela en 1990", expresó Ortuondo.
Por su parte, el Coordinador del Área de Defensa del Programa
Venezolano Educación Acción de Derechos Humanos (Provea),
Marino Alvarado, opinó que "todos los que están en
trámite de extradición ingresaron por acuerdos entre
gobiernos. Ninguno lo hizo ilegalmente".
Fuente: Boletín Info Euskal Herria Nº
6
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2002/06/02
Esposa de presunto etarra deportado a España califica su arresto
como un "secuestro"
EFE
La esposa del presunto etarra Juan Víctor Galarza Mendiola,
expulsado hoy por Venezuela a España, afirmó que su
marido fue "secuestrado" y sus derechos humanos violados.
María José Ugalde manifestó hoy, en rueda de
prensa en el Centro Vasco de Caracas, que su esposo fue detenido sin
orden judicial y que hasta ahora ningún organismo oficial le ha
informado acerca de su paradero.
Galarza, nacido en 1959 en la provincia española de Vizcaya,
llegó hoy a Madrid tras ser expulsado el sábado por las
autoridades venezolanas, por supuesta "estancia ilegal" en el
país desde hace más de doce años, según
fuentes de la investigación.
"¿Qué ha hecho mi esposo en este país para que lo
expulsen?", se preguntó, y pidió a las autoridades de
Venezuela que le indiquen oficialmente donde se encuentra, puesto que
las únicas noticias que tiene son de la prensa española.
El representante de la Plataforma de Defensa de la Comunidad de los
Vascos en Venezuela (BAI), Luis Trincado, señaló por su
parte que con la salida de Galarza de Venezuela "se crea un precedente
trágico" para los partidarios de los separatistas vascos que
residen en el país.
Desmintió que Galarza portara documentos de
identificación falsos y su supuesta vinculación con la
banda terrorista ETA.
Aseguró que Galarza "tiene sus papeles en regla, tiene pasaporte
español del Consulado español, en Caracas, y con visa de
residente permanentemente renovada por las autoridades venezolanas".
El presunto etarra, dueño de una armería y dado por
muerto durante años por las autoridades venezolanas, fue
detenido el pasado viernes en la ciudad de Valencia, a 160
kilómetros al oeste de Caracas, por funcionarios de la
policía política DISIP.
Galarza tiene dos causas abiertas en España por asesinato, y fue
condenado por la Audiencia Nacional en 1987 a seis años de
cárcel por un delito de colaboración con banda armada por
su pertenencia a la infraestructura del "comando Vizcaya" de la banda
terrorista ETA.
La expulsión de Galarza se produjo tras la reunión
mantenida entre Aznar y Chávez, con ocasión de la Cumbre
de la Unión Europea y América Latina y el Caribe
celebrada en Madrid el pasado 16 de mayo, en la que Aznar
solicitó la colaboración del Gobierno del presidente Hugo
Chávez en materia de terrorismo.
Fuente: UNION RADIO http://www.unionradio.com.ve
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2002/06/1
El presunto etarra Juan Víctor Galarza Mendiola fue detenido
ayer por
agentes de la DISIP en el Municipio de Naguanagua, en el Estado de
Carabobo, cuando iba a su trabajo acompañado de su esposa e
hija. El
detenido es buscado por la justicia española por pertenecer
presuntamente a la banda terrorista ETA y está involucrado en
dos
causas abiertas en su país por asesinato.
Fuente: Cronologia Comisión Andina de Juristas http://www.cajpe.org.pe/ |
2002/05/22
Provea: “Son asilados políticos y no son
extraditables”
Esposas de presuntos etarras denuncian persecución
Rosmira Navas de Urteaga y María Angeles Artola informaron a la
Fiscalía que han sido hostigadas: a una le allanaron su casa y
los funcionarios no se identificaron; a la otra la siguieron por toda
la ciudad. Consideran absurdo que, después de vivir entre 10 y
20 años en Venezuela, ahora empiecen un proceso de
extradición contra los 6 vascos supuestos militantes de ETA
PABLO AIQUEL GARBARINI
“Mi esposo es tan venezolano como cualquier otro”, sostiene Rosmira
Navas de Urteaga. La esposa de Jesús Urteaga Repullés
denunció ayer en la Fiscalía que el sábado pasado,
a las 2:00 de la madrugada, cuatro personas armadas golpearon la puerta
de su casa, en un caserío cercano a Ocumare de la Costa, y, sin
identificarse, allanaron su vivienda y se llevaron varias pertenencias.
Los cinco hijos de Urteaga, entre 8 y 15 años de edad, fueron
despertados por los funcionarios. “Cuando les pedí su
identificación o la orden me dijeron que no me pusiera
cómica y con actitud amenazante me mostraron sus armas”,
declaró Rosmira ante el Ministerio Público. Le dijeron
que la próxima vez se la llevarían a ella.
Urteaga Repullés es uno de los seis vascos que llegaron a
Venezuela entre 1979 y 1990 en el marco de acuerdos entre gobiernos y
que desde el 7 de mayo tiene orden de captura dictada por la jueza
14º de Control, Mercedes Ramírez.
María Ángeles Artola, esposa de Eugenio Barrutiabengoa,
también denunció en la Fiscalía que ha sufrido
hostigamiento. El pasado 11 de mayo “estaba en La Urbina tomando un
café con una amiga. De repente se paró un carro enfrente,
con todos los vidrios negros, del que no se bajó nadie. No le
presté mucha atención hasta después de que nos
fuimos. Me di cuenta en la autopista que me venía siguiendo.
Llamé a un amigo, quien me aconsejó ir hasta la
Fiscalía, pues no estaba muy lejos. Cuando llegamos, un
Policaracas le ordenó detenerse, pero el carro
prácticamente lo atropelló. Otro policía le
disparó al caucho. Había una concentración de
chavistas que agarraron el carro y lo ‘batuquearon’. Entonces los
llevaron al Ministerio Público, y se trataba de unos disip, pero
no sé qué pasó con ellos”, relató.
Ella se pregunta por qué ahora los tratan de esta manera,
“¿por qué no nos muestran una orden?, ¿por
qué no paran cuando otros funcionarios les dan una orden?”.
María Ángeles Artola llegó a Venezuela en mayo de
1984, con Barrutiabengoa, esposados en un avión de Air France,
acompañados de policías franceses, y fueron entregados a
policías venezolanos. España había solicitado su
extradición a Francia, pero el presidente Francois Mitterrand la
había negado y, en acuerdo con los gobiernos de Madrid y
Caracas, fueron enviados a Venezuela.
“Cuando llegamos, los disip que nos recibieron nos dijeron:
‘Bienvenidos, están en un país democrático’ y el
trato fue bueno”, recuerda Artola y explica que con la manera en que
fue deportada se reconoce el carácter político de su
situación. “Una vez Carlos Andrés Pérez dijo: ‘A
mí me los trajeron porque eran políticos, si fueran
delincuentes no los habría aceptado”, señaló.
Carta a Chávez
El abogado de los seis solicitados por la justicia venezolana,
José Ramón Ortuondo, señaló que todos
salieron de Francia. Luis María Olalde Quintela y Martín
Sansebastián Aguirre llegaron en 1979, ambos están
casados y tienen hijos venezolanos. José Lorenzo
Ayestarán Ligorburu, Jesús Ricardo Urtiaga
Repullés y Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, arribaron en 1984;
los dos últimos tuvieron una solicitud de extradición de
Madrid rechazada por París. El último en llegar a Caracas
fue Miguel Ángel Aldana Barrera, quien salió de Francia
hacia Ecuador, donde, al parecer, fue torturado por policías
españoles. Luego viajó a República Dominicana y
Panamá, y llegó a Venezuela en 1990.
“Se habla de los acuerdos de Argel, que fueron en
1989, pero en realidad todos vinieron en situaciones similares”,
subrayó Ortuondo.
El director de la ONG de defensa de los derechos humanos Provea, Marino
Alvarado, explicó que “todos los que están en
trámite de extradición ingresaron por acuerdos entre
gobiernos. Ninguno lo hizo ilegalmente. Seis gobiernos sucesivos han
aceptado su permanencia en Venezuela. Por esta razón, entre
otras, aunque no haya salido una resolución en Gaceta Oficial,
son, de hecho, asilados políticos”.
Según el directivo de Provea, el hostigamiento a familiares es
una violación derechos humanos, pues es legal que España
los haya solicitado en razón de extradición y Venezuela
tiene derecho a buscarlos, mas no a hostigar a las familias.
“Provea considera que estas seis personas no son extraditables por el
principio de no devolución que establece la Convención
Americana de Derechos Humanos y porque el procedimiento de
extradición en Venezuela es una violación, pues niega la
doble instancia”, dijo Alvarado.
La junta directiva del Centro Vasco de Caracas envió una misiva
al presidente Hugo Chávez en la que, “haciéndonos eco del
sentir de nuestra comunidad, expresamos nuestro apoyo a su postura en
defensa del asilo político, tal como ha sido tradición
histórica en nuestro país (...) a propósito de las
peticiones de extradición realizadas por el Gobierno
español contra varios miembros de la comunidad vasca en
Venezuela, refugiados políticos, residentes en nuestro
país desde hace más de dos décadas”.
En la cumbre entre la Unión Europea y América Latina, que
se realizó en Madrid el pasado fin de semana, el presidente
español, José María Aznar, dijo que esperaba “que
la cooperación contra el terrorismo (entre España y
Venezuela) pueda funcionar de manera expresa y me gustaría que
hubiera novedades al respecto”.
“Hay que luchar contra el terrorismo, sin duda, pero hay que respetar
los derechos humanos de todos los ciudadanos”, precisó
Chávez.
Fuente: Diario El Nacional
2002/05/18
Orden de captura para seis etarras
La jueza 14 de Control dio orden a la Disip y a la Interpol para que
detenga a ciudadanos vascos exilados en el país, acusados en
España de cometer varios asesinatos. Los cuerpos de inteligencia
practicaron varios allanamientos tras la pista de Luis Olalde,
Jesús Burtiaga, José Ayesterán, Martín
Sansebastián Aguirre, Eugenio Barrutiabengoa y Miguel Aldana
Fuente: Diario El Nacional
2002/04/07
Afirma ministro del Interior español
Orden de detener etarras es fruto de reunión Chávez-Aznar
en Monterrey
YAIZA/EFE
La orden de la Fiscalía General de Venezuela de detener a seis
presuntos miembros de ETA es fruto de la reunión que mantuvieron
hace dos semanas el presidente venezolano, Hugo Chávez, y el
presidente del Gobierno español, José María Aznar,
en la cumbre de Financiación del Desarrollo de Monterrey.
Así lo afirmó el primer vicepresidente
y ministro del Interior español, Mariano Rajoy, en la isla
canaria de Lanzarote, donde participa en una cumbre ministerial
Europa-Asia.
Rajoy dijo que estaba al tanto de dicha decisión, que
calificó de “muy importante”, porque supone “un paso más
dentro de lo que tiene que ser la campaña internacional que
llevamos a cabo”.
El político español explicó que tras la entrevista
entre Chávez y Aznar el Defensor del Pueblo de España,
Enrique Múgica, mantuvo también contactos con el
canciller venezolano, Luis Alfonso Dávila, para solicitar su
colaboración en la lucha contra ETA.
Rajoy manifestó que será difícil saber
cuándo se producirán las extradiciones de los presuntos
etarras –en caso de ser detenidos–, aunque aseguró que una vez
sean puestos a disposición judicial se iniciará el
trámite de extradición.
“Hay que seguir al pie del cañón”, dijo el
vicepresidente, quien subrayó que la situación en los
últimos tiempos “ha ido mejorando para los que quieren la
libertad y que se respete la vida de las personas, e internacionalmente
ha ido empeorando para ETA”.
“Hoy, prácticamente no hay ningún país del mundo
donde se brinde el más mínimo apoyo a estas personas. Por
fortuna, las cosas van mejorando”, añadió Rajoy.
Las personas cuya extradición ha solicitado España a
Venezuela son Miguel Ángel Aldana, Eugenio Barrutiabengoa,
Jesús Urteaga, Martín Sansebastián, Luis
María Olalde, y Jesús Ayestarán.
De ellos, cinco llegaron a Venezuela procedentes de Argelia en 1989
mediante un acuerdo de los entonces presidentes Carlos Andrés y
Felipe González, y el sexto (Aldana) llegó un año
después desde Panamá, donde se encontraba refugiado en la
sede de la Nunciatura.
Fuente: Diario El Nacional
2002/04/06
Recibieron solicitudes de extradición
Fiscalía solicitará detención de los 6 etarras
IRMA ALVAREZ
EL UNIVERSAL
El fiscal general de la República, Isaías
Rodríguez, ordenó tramitar las detenciones de los seis
etarras, que fueron solicitados por el Gobierno español.
Para ello giró instrucciones a la Dirección de Delitos
Comunes del Ministerio Público, instancia que designó a
David Palís, fiscal 1vo con Competencia Nacional, para que se
encargue de hacer las gestiones pertinentes ante los tribunales de
control penal.
Tal y como lo explicó Rodríguez, las detenciones
preventivas serán necesarias 'para poder tramitar las
respectivas solicitudes de extradición, ante la Sala Penal del
Tribunal Supremo de Justicia'.
La diligencia será posible, porque la Dirección de Cultos
del Ministerio del Interior y Justicia ya le entregó a la
Fiscalía la información esperada, sobre los casos de
Miguel Angel Aldana, Eugenio Barrutiabengoa, Jesús Ricardo
Urteaga Repulles, Martín Sansebastián Aguirre, Luis
María Olalde y José Lorenzo Ayesterán.
También les notificaron que fue retirada la solicitud de
extradición en el caso de Ramón Sagarzazu Gaztelumendi.
Entre los documentos recibidos se encuentran las constancias de que
existen: órdenes de detención en contra de los seis
etarras citados, que fueron libradas por tribunales españoles; y
la requisitoria oficial de extradición.
El fiscal fue enfático al asegurar que sí existe voluntad
para actuar por parte del organismo que él dirige.
'El Ministerio Público tiene todo el interés, y quiero
expresarlo de forma contundente, porque en algunos medios de
comunicación internacionales se ha manejado la tesis de que el
proceso estuvo detenido en esta institución', acotó.
Reiteró, acto seguido, que la competencia de la Fiscalía
'comenzó a partir del mes de noviembre del año 2001, ya
que antes la detención necesaria para tramitar las extradiciones
correspondía a las policías de investigación, del
Ministerio del Interior y Justicia'.
'Cuando comenzaron a llegar las solicitudes de detención,
especialmente la de José Lorenzo Ayesterán (dos
solicitudes de detención en contra), hicimos las diligencias del
caso y una vez que llegaron las nuevas se giraron las instrucciones',
agregó.
Insistió en que no tienen conocimiento de si dos de los
ciudadanos se encuentran o no en el país. 'La
investigación, en todo caso, deberá ser efectuada por los
organismos de seguridad, una vez que lo autorice el juez de control',
aseveró.
Fuente: Diario El Universal http://www.eluniversal.com/2002/04/06/pol_art_06105DD.shtml
2002/03/27
Tramitarán detención del primer etarra
solicitado
La detención de José Lorenzo Ayesterán, uno de los
seis presuntos etarras solicitados por el Gobierno Español,
será la primera en ser tramitada ante los tribunales de Control
Penal de Venezuela.
La información fue dada a conocer por el fiscal general de la
República, Isaías Rodríguez, quien aseguró
que la gestión tendrá lugar 'cuanto antes'.
Destacó que aún esperan por la Dirección de Cultos
del Ministerio del Interior y Justicia, instancia que deberá
entregar los documentos relacionados con los otros cinco etarras
solicitados, 'para poder agilizar los respectivos trámites para
la extradición'.
Recordó, en este sentido, que necesitan las órdenes de
aprehensión que fueron libradas por los tribunales
españoles, en los casos de Luis Olalde Quintela, Eugenio
Barrutiabengoa, Miguel Aldana Barrena, José Sansebastián
y Jesús Urteaga Repulles.
'Esos documentos están en poder del Ministerio del Interior y
Justicia', insistió.
De igual forma dijo no tener información sobre la presunta
movilización interna o salida del país de dos de los
supuestos miembros de la organización terrorista vasca ETA.
Las investigaciones en este sentido serán efectuadas por David
Palís, fiscal 1vo ante la Dirección de Extranjería.
Así lo aseveró al ser consultado por un reportero, sobre
informaciones divulgadas por el director de la Disip, Carlos Aguilera,
quien aseguró que el organismo 'ya le perdió la pista a
dos de los extraditables', sin mencionar nombres. _IA
Fuente: Diario El Universal
2002/03/24
Representantes de grupo político BAI
Instan al Gobierno mantener la protección a los etarras
Dirigentes de la comunidad vasco-venezolana sostienen que las seis
personas cuya extradición reclama España gozan en
Venezuela de un “asilo de hecho”, pues han obtenido documentos de
identidad y se les han puesto condiciones para su permanencia en el
país
NINA NEGRÓN
Luis Trincado y Mikel Las Heras, representantes de la plataforma
política BAI (Sí en lengua euskera), se mostraron
preocupados por la posible extradición a España de seis
miembros del grupo separatista armado ETA que desde hace años se
encuentran radicados en el país.
“Como vascos y como venezolanos nos preocupa que ocurra una
extradición, o una entrega administrativa, porque ello
rompería con la tradición de Venezuela como país
que ha dado asilo no sólo a los vascos, sino a gente de todo el
mundo”, dijeron en declaraciones a El Nacional.
Según Trincado y Las Heras, aunque no hay una
documentación formal que respalde la condición de
asilados políticos de las seis personas cuya extradición
España solicita desde 1996, “ellos son asilados de hecho”.
“Los gobiernos venezolanos, de diversos signos políticos, han
estado siempre en conocimiento de su presencia, les han otorgado
documentos de identidad, los han controlado y les han puesto
condiciones para su permanencia en el país, como no conceder
declaraciones a la prensa y no participar en política”,
señalaron.
Los seis solicitados por España son Eugenio Barrutiabengoa,
Miguel Ángel Aldana, José Lorenzo Atestarán,
José Martín San Sebastián, Ricardo Urteaga y Luis
María Olalde.
De ellos, Barrutiabengoa estuvo a punto de ser sacado de Venezuela en
1996 por una comisión de Interpol, en un procedimiento que fue
detenido a último minuto porque el Gobierno del entonces
presidente Rafael Caldera lo consideró irregular.
Tanto Olalde como San Sebastián llegaron a Venezuela en 1979 y
desde entonces se han dedicado a una vida alejada de la
política, sostuvieron los representantes de BAI, para quienes
las extradiciones tendrían un significado más
simbólico por parte del Estado español, que meramente
judicial.
“Para el Estado español es un punto de honor que regresen todos
los vascos solicitados, aunque en muchos casos sus causas hayan
prescrito o no haya suficiente evidencia en contra y se vean obligados
a liberarlos a los pocos días”.
Aldana, por su parte, estaba asilado en Panamá y llegó a
Venezuela tras la invasión estadounidense que derrocó al
general Manuel Antonio Noriega en diciembre de 1989.
“Aldana se refugió en la Nunciatura Apostólica en
Panamá y llegó a Caracas mediante un acuerdo en el que
participaron España, El Vaticano, Estados Unidos y Venezuela”,
precisaron.
“Para la comunidad vasca en Venezuela, la entrega de estas personas,
especialmente si se produce por la vía administrativa (una
decisión gubernamental) significaría un daño
irreparable. Hay que tener en cuenta que gran parte de los vascos que
viven en Venezuela llegaron como refugiados después de la guerra
civil española, no se trató de una emigración por
motivos económicos”, resaltaron.
Finalmente, Las Heras y Trincado objetaron la difusión en
días recientes de una lista de 23 etarras que maneja la Oni Dex,
señalando que entre las personas mencionadas figuran algunas que
ya han muerto y otras que regresaron a vivir al País Vasco.
“Se trata de personas que en algún momento fueron registradas
por la Oni Dex, pero es una lista desactualizada”, insistieron.
Fuente: Diario El Nacional
2002/03/24
BAI está en contra de las extradiciones
Denuncian presiones de España
La comunidad vasca rechaza la posible extradición de alguno de
sus integrantes
A la comunidad vasca en Venezuela 'se le abrirá una herida
enorme, muy dolorosa y profunda' si son deportadas las seis personas
refugiadas aquí hace muchos años y que están
acusadas de pertenecer a la organización separatista vasca ETA y
requeridas en extradición por España.
Así lo advirtió Luis Alberto Trincado, miembro de la
denominada Plataforma BAI (Sí), una asociación de
residentes vascos en Venezuela 'que apoya la lucha de nuestro pueblo
por su autodeterminación', según dijo. Trincado dijo a la
BBC que la policía venezolana ha irrumpido esta semana, sin
resultados efectivos, en los domicilios y empleos de las seis personas
requeridas en extradición, quienes mantienen su decisión
de no conversar con periodistas. 'Algo grave está pasando, hay
movimientos, la situación es confusa, pero se confirma que hay
una campaña de presión sobre el Gobierno venezolano por
parte de España'. 'Temo la ejecución de alguna
decisión extrajudicial, porque en la justicia no se ha resuelto
absolutamente nada sobre estas extradiciones', destacó. 'Hasta
ahora _prosiguió Trincado_ todos los gobiernos de Venezuela nos
han respetado y no hay antecedentes de la entrega a España de
ningún miembro de la trabajadora y correcta comunidad vasca, a
la cual se le abrirá una herida enorme, muy dolorosa y
profunda'. 'Todos tenemos algún familiar que fue perseguido y
nunca fallamos ni nunca Venezuela nos falló, desde el
éxodo por la denominada Guerra Civil española',
explicó Trincado a la BBC. La comunidad vasca en Venezuela
'está compuesta quizás por entre 250.000 y 500.000
personas de tres generaciones', agregó el dirigente de la
Plataforma BAI. El jueves, los mandatarios de Venezuela, Hugo
Chávez, y de España, José María Aznar,
hablaron sobre el tema en México. Al respecto, el canciller Luis
Alfonso Dávila dijo que 'el Gobierno informó sobre la
reciente decisión del Tribunal Supremo de girar instrucciones a
la Fiscalía', posiblemente para detener a los seis etarras
requeridos. 'Esto significa un paso adelante que ha dado el Poder
Judicial', pero la decisión final no será del Ejecutivo,
sostuvo Dávila y destacó que 'este paso ha sido
extraordinariamente bien percibido por España'. 'Hay que
recordar que ésta es una situación heredada: estas
personas están en Venezuela por un acuerdo de 20 años
entre Felipe González y Carlos Andrés Pérez, y en
este momento estamos tratando de darle solución a una
petición de extradición del Gobierno español',
insistió el canciller. Cuestionada por la posibilidad de que
algunas de estas personas haya adquirido ya la nacionalidad venezolana,
la magistrada del TSJ Blanca Mármol reconoció que ello
anularía el reclamo español.
La Diex también ha investigado a otros 23 presuntos miembros de
ETA radicados en Venezuela. Según versiones de prensa, el
organismo elaboró fichas con datos como sus movimientos
migratorios, números telefónicos, cuentas bancarias,
pasaportes, etc. Tras la decisión judicial de localizar a los
seis vascos requeridos en extradición, el ministro
español del Interior, Mariano Rajoy, elogió a Venezuela y
dijo que 'se trata de un paso muy importante, porque contra ETA hay que
luchar policialmente en España, en Francia e
internacionalmente'. El presidente Chávez reiteró que
enviará a los acusados a España 'un minuto
después' de que así lo resuelva el TSJ, pero
también que no hará nada en ausencia de dicho
pronunciamiento judicial.
Fuente: Diario El Universal http://www.eluniversal.com/2002/03/24/pol_art_24109AA.shtml
2002/03/23
EXTRADICIONES /// Fiscalía hizo llamado a Dirección de
Cultos
Reclusión de etarras depende del Ministerio del Interior
IRMA ALVAREZ
ALFREDO ROJAS
EL UNIVERSAL
La Fiscalía solicitará información sobre Eugenio
Barrutiabengoa, uno de los seis presuntos etarras solicitados por el
Gobierno español, quien habría sido detenido por la
División de Investigaciones de la Disip, el 20 mayo del
año 1996.
Así lo anunció el fiscal general Isaías
Rodríguez, cuando fue consultado sobre la información
divulgada por este diario el pasado viernes. Según documentos
confidenciales, la situación actual de Barrutiabengoa se
desconoce. No obstante, fuentes aseguran conocer cuál es la
empresa donde labora actualmente.
Esperan por Minjusticia
Rodríguez confirmó, por otra parte, que están a la
espera de los documentos que posee la Dirección de Justicia y
Cultos del Ministerio del Interior y Justicia para poder tramitar ante
los tribunales penales venezolanos la detención de los 6
supuestos miembros de la organización terrorista ETA.
Las diligencias en ese sentido serán agilizadas por el fiscal
1vo con Competencia en Extranjería, David Palís.
Este será uno de los pasos necesarios para que la
extradición pueda ser analizada por el Tribunal Supremo durante
una audiencia oral y pública.
El fiscal general aseguró que 'ya tienen la información
del caso de José Lorenzo Ayesterán Legorburu, que incluye
la solicitud formal de extradición proveniente de España'.
Aún faltan los documentos de Luis Olalde Quintela, Eugenio
Barrutiabengoa, Miguel Aldana Barrena, José Sansebastián
y Jesús Urteaga.
Lista de veintitrés
Isaías Rodríguez aseguró, igualmente, que
investigarán la existencia de una lista de 23 presuntos etarras
registrados en la Oficina Nacional de Extranjería (DIEX). Esta
lista está en poder de este diario y certifica el registro de
ese grupo en los archivos de esa oficina.
No obstante, miembros de la comunidad vasca garantizan que Francisco
Javier Rentería falleció y que otros tres residen en
España, actualmente.
Cabe agregar que un informante de la Fiscalía aseguró
conocer las direcciones en el país de 10 de los citados en la
lista que fue publicada por El Universal, y resaltó que 'el
hecho de que investiguen no implica que estén acusando'.
TSJ 'comprometido'
A su vez, la magistrada Blanca Rosa Mármol de León,
integrante de la Sala Penal del Tribunal Supremo (TSJ), advirtió
que 'la extradición no procederá, si se comprueba que los
seis solicitados son ciudadanos nacionalizados en el país'.
El presidente de la Sala Penal, Alejandro Angulo Fontiveros,
aseveró que el TSJ decidió enviar un 'recordatorio' a la
FGR 'porque no queremos que haya casos flotando como boyas sueltas,
pero no porque alguien tenga la culpa'.
Por último el titular del Tribunal Supremo, Iván
Rincón, aseguró que la institución 'se compromete
a colaborar en cualquier caso de extradición, sea de terroristas
o no'.
Bajo la lupa
El ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez
Chacín, aseguró que 'los organismos de inteligencia
mantienen ubicados a los etarras en Venezuela para detenerlos'.
'Pero comenzaron a moverse de estos lugares, con las informaciones de
prensa', reconoció. El ministro advirtió, sin embargo,
que los organismos policiales 'necesitan la orden de la Fiscalía
para proceder a las detenciones'.
Fuente: Diario El Universal http://www.eluniversal.com/2002/03/23/pol_art_23104DD.shtml
2002/03/19
Audiencia Nacional espera extradición
España aplaude decisión de Venezuela de ordenar arresto
de presuntos etarras
El ministro del Interior, Mariano Rajoy, calificó de “un paso
cualitativo muy importante” la decisión del Tribunal Supremo de
Justicia
TOLEDO/AFP-EFE-ANSA
España aplaudió la decisión del Tribunal Supremo
de Justicia de Venezuela de ordenar la detención de seis
presuntos miembros de la organización separatista vasca ETA,
cuya extradición ha sido reclamada por el Gobierno de Madrid. El
vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Mariano
Rajoy, consideró “un paso cualitativo muy importante” el hecho
de que el Tribunal Supremo de Venezuela “haya cambiado de
opinión” al respecto. “Creo que se trata de un paso cualitativo
muy importante porque contra ETA hay que luchar policialmente en
España, en Francia e internacionalmente para dar a conocer lo
que es este grupo”, dijo Rajoy a los periodistas. El vicepresidente
calificó de “dato enormemente positivo” el hecho de que
Venezuela y su Tribunal Supremo hayan cambiado de criterio y “hayan
ordenado la detención de seis personas, de las que hacía
años habíamos pedido la extradición”. “No puede
haber ninguna frontera que sirva para que personas que hayan cometido
actos criminales puedan liberarse de la acción de la Justicia y
desde ese punto de vista estoy muy satisfecho”, subrayó. Rajoy
aseguró que el Gobierno “va a seguir actuando contra los
terroristas de ETA estén en España, en Francia o en
cualquier país del mundo porque es nuestra obligación y
porque creo que es lo que quiere la inmensa mayoría de los
ciudadanos normales”. Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia
Nacional indicó que no cree que exista ningún
obstáculo para la extradición a España de los seis
presuntos miembros de ETA.
Fuentes del Ministerio Público aseguraron que, aunque muchos de
los crímenes imputados a estos terroristas fueron cometidos a
finales de los años 70 y principios de los años 80, los
autos de procesamiento, que interrumpen el plazo de prescripción
de 20 años fijado para los asesinatos, no se dictaron, en la
mayoría de los casos, hasta 1986 o 1987. Incluso en caso de que
el procesamiento se hubiera producido en fechas más
próximas a los atentados, las demandas de extradición
-cursadas en 1996 y para las que hasta ahora no había habido
respuesta por parte de Venezuela- también interrumpen el plazo
de prescripción, que por tanto no termina hasta 2016, agregaron
las fuentes. El presidente de la sala penal de Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela, Alejandro Angulo, informó que el alto
tribunal ordenó a la Fiscalía General localizar a los
supuestos etarras con fines de detención preventiva. Los etarras
reclamados ahora son Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, Miguel Angel
Aldana Barrena, José Ayestarán Legorburu, Jesús
Ricardo Urteaga Repullés, Luis María Olalde Quintela y
José Martín San Sebastián, si bien en la Audiencia
Nacional no figuran autos de procesamiento dictados contra este
último, según las fuentes
Fuente: Diario El Nacional
2001/12/02
Repatriación de refugiados vascos
Un acuerdo entre CAP y Felipe González enfrenta a Chávez
y José María Aznar
Durante su visita a Caracas en la segunda semana de enero, el
secretario de Estado español para la Cooperación, Miguel
Angel Cortés, le planteó al entonces canciller Rangel que
agilizara la entrega de los presuntos etarras que viven en Venezuela.
Los resultados fueron infructuosos y Caracas ha sido acusada por el
gobierno ibérico de no cooperar en la lucha contra el
terrorismo. Esta es la historia de la presencia de supuestos miembros
de la ETA en Venezuela, y sus también supuestas vinculaciones
con algunos ex dirigentes del partido La Causa R
ALFREDO MEZA
Una nota publicada en el diario madrileño La Razón
acusó al gobierno de Hugo Chávez de obstaculizar la
entrega de presuntos etarras –integrantes de la organización
terrorista vasca ETA– a la justicia española. Como respuesta a
esta versión, el embajador venezolano en Madrid, general
Raúl Salazar, envió una carta a la redacción del
periódico, en la cual afirmó que “resulta injusto
atribuir responsabilidad alguna a la actual administración por
la permanencia de esos señores en nuestro país”. Esto
podría tener algún viso de certeza. Pero en la
cancillería nadie duda de que el ministro José Vicente
Rangel estaba al tanto de la petición del presidente José
María Aznar. En la segunda semana de enero de 2001, el entonces
canciller recibió en su despacho la visita del español
Miguel Angel Cortés, secretario de Estado para la
Cooperación. Un alto funcionario de la Casa Amarilla que estuvo
presente en la reunión, contó que la conversación
se desarrolló muy cordialmente mientras los temas giraron en
torno a la agenda común. Pero cuando Cortés habló
sobre la presencia de supuestos miembros de la ETA en Venezuela, y
recordó que Venezuela era el único país
latinoamericano, a excepción de Cuba, que se negaba a poner a
los terroristas a la disposición de los tribunales
españoles, todos los presentes se miraron discretamente a las
caras. Rangel –evocó la fuente consultada por El Nacional–
permaneció inmutable, y acomodándose en la silla
respondió que el caso estaba en manos de la justicia venezolana.
“Hay un estado de derecho, y en Venezuela los poderes son
autónomos. No corresponde al Ejecutivo nacional entregarlos”,
habría precisado el hoy ministro de la Defensa.
La posición de Rangel incidió en el ambiente del resto
del encuentro. “Cortés, evidentemente incómodo por lo que
acababa de escuchar, dijo que le resultaba sumamente extraña la
posición de Venezuela, porque otros países que en el
pasado se habían negado a colaborar, como Uruguay y
México, habían accedido a la petición
española. Son las palabras más duras que he escuchado”,
mencionó el testigo. Las diferencias surgidas entre los
funcionarios no obviaron, sin embargo, las tradicionales formalidades
diplomáticas. Apenas terminó la reunión, Miguel
Angel Cortés recibió como regalo un libro cuya portada
tenía la cara de Simón Bolívar, editado por un
sello del país vasco. En marzo pasado, el secretario de Estado
para la Cooperación hizo un diagnóstico de las relaciones
entre España y Latinoamérica. En el marco de un seminario
sobre América Latina, Cortés reiteró sus quejas
sobre Cuba y Venezuela. “Estos son los únicos países que
aún reciben a miembros de la ETA”, agregó. Las aguas
volvieron sin embargo a su cauce, y allí permanecieron hasta que
la publicación de la nota del diario La Razón, el 23 de
noviembre pasado, desbordó la curiosidad de los venezolanos.
¿Por qué Venezuela se niega a entregar a los presuntos
etarras? Las especulaciones del antichavismo radical sugirieron que la
presencia de terroristas vascos en Venezuela era la prueba más
fehaciente de que Chávez es un satélite del terrorismo
internacional.
Según un informe de la Disip en Venezuela viven al menos 25
ciudadanos vascos que han sido vinculados con la ETA. Estas personas
arribaron al país en sucesivas oleadas, que comenzaron durante
el gobierno de Luis Herrera Campíns. Gracias a una
política impulsada por el ex presidente Felipe González,
que gestionó con los gobiernos latinoamericanos una salida al
conflicto con la organización terrorista, Venezuela
recibió, en mayo de 1989, un grupo de 11 etarras procedentes de
Argelia. Pero cuando González abandonó el poder, su
sucesor, José María Aznar, le dio una nueva forma a las
negociaciones. A partir de 1996, comenzaron a ser recurrentes los
reclamos del gobierno español, que ha exigido la
repatriación de los refugiados vascos.
Gestiones informales
Las solicitudes se asientan en el convenio de extradición
que Caracas y Madrid suscribieron en 1990. El artículo cinco de
esa resolución dice que “no se concederá la
extradición por delitos considerados como políticos, o
conexos con infracciones de esta naturaleza. Sin embargo, el solo
alegato no lo calificará como un delito de tal carácter”.
De seguidas, se especifica que en ningún caso se
considerará delito político al terrorismo y sus distintas
manifestaciones: los atentados contra la vida y la integridad corporal
y la utilización de bombas y armas de fuego para cometer esos
actos. Y precisamente tres de los hombres que España solicita
con insistencia –Eugenio Barrutiabengoa, Jesús Ricardo Urteaga
Repullés y Miguel Angel Aldana Barrera– están solicitados
por la comisión de 18 asesinatos en el País Vasco.
Pero a contrapartida de lo que aseguran las autoridades
españolas –en marzo de 2001, el entonces embajador Miguel Angel
Mazarambroz dijo, en una entrevista con El Nacional, que la
extradición de los extremistas vascos reposaba en alguna
instancia indeterminada del Poder Judicial–, los voceros del gobierno
venezolano afirman que no ha habido una solicitud formal de
extradición. “Se trata de peticiones verbales”, comentó
el embajador Raúl Salazar. Y es este argumento el que invoca el
Ejecutivo Nacional cuando le toca explicar por qué los supuestos
terroristas vascos todavía viven en Venezuela. “Carlos
Andrés Pérez firmó el tratado con un representante
del PSOE (Felipe González). Pero ahora con Aznar las cosas
cambiaron. Tú como periodista deberías preguntarte si las
negociaciones con la ETA forman parte de una política de
Gobierno o de Estado. Tiene que existir una definición”, dijo el
embajador. “Pusimos una condición. La entrega de los etarras
sólo procedía mediante una gestión de
extradición. Es lo mínimo que podíamos exigir, en
aras del respeto a la soberanía de nuestro país y a los
tratados internacionales suscritos”, recordó Asdrúbal
Aguiar, quien fuera ministro de Relaciones Interiores durante el
mandato de Rafael Caldera. “De modo que no sé por qué
España dice que nosotros no quisimos colaborar con ellos. Porque
hicimos las gestiones para deportar a un presunto terrorista. Ahora, no
meto las manos por la gestión del presidente Chávez,
porque ha quedado demostrado que en este Gobierno existe una
posición beligerante respecto a los movimientos
etnonacionalistas”.
En 1996, España solicitó la extradición de Eugenio
Barrutiabengoa, un presunto integrante de ETA capturado por Interpol en
la sede de la empresa Magefesa, donde se desempeñaba como jefe
de almacén. Pero un confuso incidente diplomático
impidió que la extinta Corte Suprema de Justicia procediera a
deportar a Barrutiabengoa. Un alto funcionario de la
administración Caldera dijo que todo estaba listo. “El canciller
Miguel Angel Burelli Rivas llamó a Cecilia Sosa (presidenta de
la Corte Suprema de Justicia) para que procediera a tramitar
rápidamente la solicitud de España, como un gesto de
buena intención. Pero a última hora las autoridades de
ese país desistieron de hacer la gestión, por
órdenes de la Audiencia Nacional. Eso molestó mucho a
Burelli”, recordó.
Durante el segundo quinquenio de Rafael Caldera no se presentaron otros
casos similares, pero lo que sí quedó de manifiesto en
reiteradas oportunidades era el seguimiento que hacía la Disip.
“Nosotros siempre los teníamos ubicados. Los etarras estaban
sometidos a un régimen de presentaciones periódicas.
Porque los extremistas que llegaron de Argelia, gracias al acuerdo
entre el ex presidente Pérez y Felipe González, eran los
más peligrosos”, aseguró un ex funcionario de esa
dependencia. El Nacional conoció un informe de inteligencia de
la policía política que vinculaba a estos supuestos
miembros de ETA con algunos militantes del partido La Causa R –Pablo
Medina, Vladimir Villegas, Carlos Melo y Rafael Uzcátegui–, con
facciones del MBR-200 y con la ultraizquierda de la UCV.
La Disip suponía que José Arturo Cubillas era uno de los
encargados de asesorar a los partidarios de las organizaciones de
extrema izquierda en Venezuela. “Durante la época de Caldera, el
Gobierno detuvo a varios etarras porque España presionaba para
lograr la extradición. Se pensaba que los refugiados vascos
asesoraban política y militarmente a miembros del MBR-200, que
conocieron a través de Uzcátegui y Medina”. Pero esas
asociaciones jamás pudieron ser comprobadas. Ambos dirigentes,
que ahora forman parte de Patria Para Todos, niegan que hayan fungido
como enlace de la ETA en Venezuela. “No tengo nada que ver con eso”,
aseguró Pablo Medina.
Los episodios que vinculan a los hoy ex causaerristas con los etarras
sucedieron a partir de 1995. Vladimir Villegas, quien era presidente de
la subcomisión de Derechos Humanos del viejo Congreso Nacional,
recuerda que hizo gestiones ante los cuerpos de seguridad del Estado y
la Fiscalía General de la República cuando los supuestos
extremistas vascos eran detenidos por la Disip. “Se puso en marcha un
plan de Interpol para secuestrar y enviar a España, ilegalmente,
a varios de los etarras refugiados en Venezuela. Como activista de los
derechos humanos, hice las diligencias necesarias para que cualquier
operativo se hiciera respetando las leyes y el tratado de
extradición que España y Venezuela firmaron en 1991”.
Pero a esta gestión institucional se agregaría un
episodio apenas destacado en la prensa de la época. “Frustramos
el secuestro de la esposa de José Arturo Cubillas, Goiceder
Odriozola. Los funcionarios de la Disip pretendían capturar a
esta periodista para chantajear a su esposo, a quien querían
expulsar del país ilegalmente. En un descuido de los
policías, Vladimir Villegas, Gregorio Pérez Almeida y yo
montamos a Goiceder en el carro y nos perdimos”, relata el ex diputado
Carlos Melo. “A partir de ese día me hice amigo de Cubillas y su
esposa”.
Presentaciones periódicas
Los refugiados reiniciaron su vida en Venezuela sin que hasta
ahora se les haya comprobado vínculo alguno con el pasado. “La
mayoría de ellos se integraron a las actividades
económicas del país”, explica el ex presidente Carlos
Andrés Pérez. Independientemente de su condición,
han sido recibidos por la colonia vasca, y algunos consiguieron trabajo
en las empresas de los paisanos. Otros continuaron su vida en la
provincia venezolana y pudieron convertirse en dueños de
pescaderías y restaurantes. Pero cada cierto tiempo
debían presentarse en la sede de la Disip.
“De alguna manera, ellos son unos apátridas. Porque no debe ser
fácil vivir en esa suerte de confinamiento a la que están
sometidos. No tienen pasaporte”, dijo Mikel Las Heras, presidente del
Centro Vasco. La propia comunidad vasca ha llegado a un acuerdo para
mantener su paradero en secreto, lejos del acoso de la prensa. Se sabe
que Eugenio Barrutiabengoa aún sigue trabajando como jefe de
almacén en la empresa Magefesa, y que José Arturo
Cubillas fue hasta hace poco el distribuidor de los libros del sello
vasco Txalaparta. “Hace poco hubo una feria en el Centro Vasco y
él exhibió sus libros en un mesón”, recordó
Las Heras. Pero hasta ahí. “Es parte del acuerdo. Ellos no
pueden exponerse”, concluyó.
Los etarras de Pérez
Hasta donde se sabe, al margen de los secretos políticos,
un grupo de militantes o ex militantes de ETA, probablemente
desengañados de las torvas maquinaciones que casi siempre han
rodeado al nacionalismo vasco, y particularmente a su brazo terrorista,
llegaron a un acuerdo con el gobierno de Felipe González y, a
través de éste, con el de Carlos Andrés
Pérez, para tratar de vivir en paz en algún lugar del
mundo, en este caso un país llamado Venezuela (ahora su
país), independientemente de los delitos cometidos en una etapa
de furor patriótico. En su mayoría vivían en
lugares donde ya no podían quedarse, posiblemente por sus
discrepancias con la organización, y seguramente González
no podía darles entrada en España sin ordenar su
detención por años, según la magnitud de los
delitos cometidos. Pérez y Venezuela fueron una solución
que no ha resultado ni tan mala, para ellos, para el país y
también para España, si no intervinieran los intereses
personales y de política interna que los españoles –no
podía ser de otro modo– siempre se encargan de exacerbar.
Aznar aprovechó a sus amigos matones, como Rodríguez
Cascos, y amarillistas, como el editor Pedro J. Ramírez, para
diseñar toda una campaña de desprestigio (no muy
difícil de fabricar al cabo de casi tres lustros de desgaste en
el poder) contra González, que ahora intentan copiar y
devolverle en parte las huestes de Rodríguez Zapatero.
Probablemente, las noticias en los medios (La Razón 23/ll/ 2001)
sobre los etarras de Venezuela forman parte de la campaña
diseñada por los publicistas de Aznar, destinada a levantar su
imagen nacional e internacional, a la que no vendría nada mal la
repatriación de un peligroso (mentira) terrorista. Por lo
demás, el tema de la violencia en el País Vasco, aunque
apasionante, resulta particularmente incómodo: pertenezco a la
generación que aplaudió la operación de ETA que
elevó al cielo, sin los santos óleos, al presidente del
gobierno español, almirante Luis Carrero Blanco, en 1973, y me
cuesta aceptar, pero por supuesto que lo acepto, que la
organización haya caído en manos de gente tan negada en
lo político y tan irracional en su nacionalismo. Y eso que han
sido ampliamente divulgadas las componendas del Partido Nacionalista
con la CIA, durante el exilio, que incluyeron la infiltración de
organizaciones locales en América Latina, a cambio de un posible
empujón a los planes independentistas de los vascos: la
ética nacionalista, si alguna vez la hubo, ha salido bien
golpeada en Euskadi.
Pedro Llorens
Fuente: Diario El Nacional
1999/07/02
Venezuela respetará estatus de refugiados vascos
A propósito de la visita del jefe del Gobierno español,
José María Aznar, el canciller José Vicente
Rangel, ratificó que Venezuela respetará el estatus de
refugiados a los 30 ciudadanos vascos que vinieron al país
en el marco de un acuerdo entre los gobiernos de Felipe González
y Carlos Andrés Pérez. "Son refugiados y nosotros les
respetamos el status porque si actuáramos de otra manera se nos
crearían problemas con los organismos internacionales". (El
Nacional, 2/7/99, pág. A/2)
Fuente: http://www.derechos.org.ve/situacio/informes/
semanal/ddhhco92.html
1996/05/24
El caso de los refugiados vascos
Amenazan con denunciar a Venezuela ante tribunales internacionales
Si nos encontramos con negativas de auxilio para la extradición
llegaríamos hasta instancias internacionales, como ya hicimos
con Uruguay y República Dominicana, advirtió el portavoz
de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan
Antonio Corredor
ZINDY VALIENTE
MADRID (ESPECIAL) - Venezuela podría enfrentar una denuncia ante
tribunales internacionales "si nos encontráramos con la negativa
de auxilio frente al proceso de extradición que está en
marcha", en relación con el caso de refugiados políticos
vascos a quienes en España se les acusa de presuntas conexiones
con la organización separatista ETA.
La advertencia la hizo el portavoz de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Antonio Corredor. El ente
civil ha gestionado la reapertura de los casos de Eugenio
Barrutiabengoa, Miguel Angel Aldana y Juan Carlos Arriaran, como
inculpados en acciones terroristas.
Ante el silencio del Ministerio de Asuntos Exteriores español
frente a las declaraciones del titular de Justicia venezolano Enrique
Meier, la Asociación expresa que es el Ministerio de Justicia
local el que debe dar "cualquier declaración sobre
extradiciones, porque nosotros, en estos casos, sólo servimos de
correo ante el gobierno venezolano".
El Ministerio de Justicia aún no se ha pronunciado, pero en la
Audiencia Nacional, el Juzgado Central de Instrucción, a cargo
del magistrado Ismael Moreno, ratificó a El Nacional, la
diligencia iniciada el pasado 23 de abril con el fin de dar curso al
"auto de procesamiento y prisión incondicional", dictado el 11
de marzo de 1981 contra Miguel Angel Aldana Barrena.
No se dieron mayores detalles sobre los procesos de extradición
iniciados, pero se conoció que la Audiencia ha negado la
tramitación de alguno de ellos, circunstancia que actualmente se
encuentra en proceso de recurso por parte de los querellantes.
Las querellas presentadas ante la Audiencia por la AVT para tramitar la
extradición podrían alcanzar en los próximos
días a José Martín San Sebastián,
José Lorenzo Ayestarán Legórburu, Jesús
Ricardo Urteaga Repolles y Luis María Olalde Quintela.
POLITICA VERSUS LEY
Para el representante de la AVT, la puesta en libertad de
Barrutiabengoa no es sino una evidencia más de la
indisposición de la esfera política de ambos
países a cooperar con la justicia. "Esto no es inesperado, ya
tenemos el ejemplo de México y República Dominicana, que
consuetudinariamente han obviado el llamamiento de las leyes
españolas. No es posible que los gobiernos obstaculicen la
ejecución de justicia, esto no es un problema político,
es una situación de asesinos y muertes".
Hasta el momento la AVT sólo ha concluido con éxito la
solicitud de extradición desde Uruguay de miembros de ETA
durante el pasado año. "La solicitud se había hecho desde
hace mucho tiempo, pero sólo se llegó a ejecutar cuando
políticamente convenía, con el añadido de que el
Gobierno se anotó el tanto. La ley no puede estar a expensas de
determinados intereses".
Sobre la supuesta ilegalidad en la intervención de Interpol en
Venezuela, Corredor señaló que el cuerpo internacional
actuó "como correspondía", y que ahora las autoridades
venezolanas deben actuar en consecuencia. "En esto se debe partir de
que la única ilegalidad existente se refiere al `status' de
refugiado político que se les ha otorgado a los miembros de ETA.
Cuando llegaron a Venezuela hacía tiempo que se había
instaurado la democracia en España, por lo que no cabía
otorgarles esa figura".
Ante la posición venezolana de atribuir a "problemas
domésticos españoles" las actuaciones contra
Barrutiabengoa, Corredor señaló que "ni la sociedad
venezolana, ni la numerosa colonia española radicada allí
pueden aceptar que esto sea un problema político. Nosotros
seguiremos adelante con nuestros recursos y si en Venezuela no se
colabora con la justicia, se deberán dar explicaciones. Si nos
encontramos con negativas de auxilio llegaríamos hasta
instancias internacionales, como ya hicimos con Uruguay y
República Dominicana".
Fuente; El Nacional
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