RUEDA DE PRENSA  02/10/2004

2003/12/16 Propuesta para conformar una candidatura única en defensa del derecho de autodeterminación para el pueblo vasco

Bergara, 2003ko Abenduak 16


Euskal Herria vive momentos difíciles y al mismo tiempo esperanzadores.

Estamos en una encrucijada política en la que la esperanza está representada por los sectores mayoritarios de nuestro pueblo que luchan y trabajan por reconquistar el derecho a la palabra y la decisión.

Por otro lado, estas ansias de democracia, paz y autodeterminación son respondidas tanto por el Estado español y el francés con la represión, del insulto y de la humillación. Nuestras señas de identidad (la lengua, la cultura, las instituciones y la economía) están siendo salvajemente agredidas por parte de ambos Estados.

Siendo esta la situación, los agentes políticos, sociales, sindicales tenemos la gran responsabilidad de dar un paso adelante, en la dirección que demanda y quiere la mayoría de los ciudadanos.

Nos corresponde a nosotros, abertzales y sectores que apuestan y defienden el derecho a la autodeterminación, la responsabilidad de unir fuerzas en esta situación.

La gravedad de esta situación no debe de ocultar las grandes diferencias que existen entre nosotros, en materia económica, en modelo social o en estrategias, pero no es el momento para buscar las diferencias. Deben de ser aparcadas para hacer frente a la actual situación.

No está en juego el color, ni el modelo de nuestro pueblo. Es nuestro pueblo quien está en juego. Es nuestra propia existencia la que se quiere poner en peligro, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestro tejido económico, nuestra presencia en Europa.

Esta es la razón por la que proponemos una candidatuta única de cara a las próximas elecciones españolas. Hay que dejar de lado las divisiones y los desencuentros para sumar nuestras fuerzas y encarar un proceso que garantice una paz estable y duradera sustentada en nuestro derecho a decidir libre y democráticamente nuestro futuro.

Hace unas semanas planteamos con solemnidad, en el pabellón Anaitasuna de Iruñea que la izquierda abertzale extiende su mano a todos aquellos agentes políticos, sociales y sindicales, sin excepción, que quieran iniciar un proceso de diálogo para la superación del conflicto político.

La propuesta que hacemos hoy, se sitúa en esa misma dirección, en la dirección de construir instrumentos y compromisos colectivos que nos lleven a la solución del conflicto definitivamente.

El pueblo vasco debe de recuperar la llave de nuestra casa. Esta iniciativa es una buena oportunidad. En definitiva creemos, con sinceridad, que ha llegado el momento de actuar con valentía y honestidad política. Lo hecho hasta ahora no es suficiente, hay que hacer más.

Ha llegado el momento de decir con rotundidad y en voz alta que los vascos no somos una parte del territorio español. Que somos una nación y que tenemos derecho a decidir tanto nuestras relaciones internas como externas.

Las próximas elecciones españolas nos ofrecen una gran oportunidad para avanzar en esa dirección. Estamos seguros, además, que la consolidación de esta iniciativa nos acerca a la paz y a la democracia.

La izquierda abertzale cree que existen condiciones suficientes para dar este paso. Los agentes políticos, sociales y sindicales no podemos dar la espalda a una exigencia hoy mayoritaria en nuestro pueblo.

Estamos ante una oportunidad y una ocasión inigualable para ganar la batalla definitiva al estado español e instalar un escenario de paz y libertad para Euskal Herria. Sería incomprensible dejar pasar esta ocasión.

En consecuencia, hacemos una llamada al conjunto de sectores abertzales y democráticos en torno a esta propuesta:

PROPUESTA

Constituir entre todas las fuerzas favorables al derecho de autodeterminación una candidatura única para presentarse a las elecciones españolas.

Dicha candidatura se convertiría en la interlocución nacional del pueblo vasco en lo que respecta al Estado español.

El objetivo de dicha candidatura sería, representando a Euskal Herria, abrir un proceso de negociaciones con el estado español para que sea respetado el derecho de autodeterminación para nuestro pueblo.

2003/11/02 DECLARACION POLITICA DEL ANAITASUNA

Para todo el que quiera analizar objetivamente la situación política actual de Euskal Herria, dicha situación se puede resumir en dos constataciones innegables:

Por un lado, el Estado Español nos niega nuestro reconocimiento como pueblo y ha optado por una represión brutal (ilegalizaciones, cierres de periódicos, pucherazo electoral, uso sistemático de la tortura...). El Estado francés, por su parte, ha aumentado su poder represivo y niega o desprecia las peticiones que se le hacen desde Lapurdi, Xiberoa o Nafarroa Beherea. Uno y otro tratan de negar a nuestro pueblo el escenario democrático que tanto necesita; en un intento cada vez más manifiesto. Hoy en día los estados únicamente nos ofrecen imposición, represión, desprecio y fuerza bruta. Su única fuerza es la fuerza del Estado: esa es su única alternativa.

Por otro lado, y con el fin de asentar nuestro futuro en bases de carácter nacional y democrático, en nuestro pueblo ha comenzado a desarrollarse un importante debate político. Hoy es el día en que al hablar sobre nuestro futuro político, económico, cultural o institucional, se mencionan conceptos como el respeto a la decisión ciudadana y la importancia de la palabra y la decisión que tome Euskal Herria. Este debate se ha extendido en gran medida en nuestra vida política, y algunas instituciones o foros se han hecho eco del mismo. El Foro Nacional de Debate puesto en marcha hace poco, el debate que se desarrollará en el Parlamento de Gasteiz, el debate impulsado por la Plataforma Batera, o el debate abierto entre las fuerzas abertzales de Lapurdi, Xiberoa y Nafarroa Beherea; demuestran la vitalidad del debate político en nuestro pueblo. En consecuencia, podemos decir que mientras gran parte de la ciudadanía trabaja y lucha constantemente por conseguir un nuevo escenario político, los estados están tratando de evitar dicho cambio.

Sin lugar a duda la realidad que hoy vivimos es fruto del proceso político abierto en 1998: un proceso democrático que necesita de nuevos pasos para su desarrollo y madurez. Por eso, en medio de esta trascendente coyuntura, la izquierda abertzale quiere, por encima de otras prioridades, reafirmar el compromiso de actuar con responsabilidad política, y quiere extender esa misma petición a los demás agentes políticos y sociales.

Somos conscientes de que vivimos momentos duros y dolorosos. Sabemos que la represión es brutal y que sólo vemos actitudes provocadoras e irresponsables por parte de algunos. ¿Cómo entender sino la actitud con que nos trata la Ertzaintza? ¿Cómo entender que los que se tienen como abertzales y progresistas se aprovechen del apartheid político?

A pesar de todo, creemos realmente que ante la nueva oportunidad política que tenemos delante, además de mantener con firmeza nuestros principios, denunciar esas actitudes y dar ante ellas una respuesta contundente; necesitamos de iniciativas que evidencien nuestro talante abierto y nuestra voluntad de acuerdo. Como muestra de nuestro compromiso por buscar vías de solución, queremos tender la mano a los agentes políticos, sindicales y sociales que quieran dar una solución al conflicto político y a los problemas básicos que tenemos como pueblo.

En este sentido, cuando se está agotando el marco autonómico y se abre una nueva era, tenemos que ir más allá de la mera resistencia: la izquierda abertzale cree que es necesaria la unión de las fuerzas populares que tienen como objetivo la consecución de un marco democrático. Por eso en el futuro, aparte de responder a los Estados y denunciar las actitudes provocadoras, adoptamos el compromiso de hacer propuestas positivas y constructivas. Para que seamos así cada vez más en nuestro trabajo y lucha diarias los impulsores de una solución democrática. Por tanto, con toda responsabilidad, la izquierda abertzale quiere exponer lo siguiente:

a) El final del ciclo autonómico y el debate abierto en Euskal Herria nos demuestran que se están creando las condiciones objetivas para la resolución del conflicto.

b) Nos encontramos ante un momento decisivo. Sería una irresponsabilidad terrible no resolver el conflicto y dejar como herencia a nuestras hijas e hijos un nuevo fraude para muchos años.

c) Superar el conflicto político y empezar a buscar las vías de solución para poder sobrevivir como pueblo constituyen una necesidad política y una prioridad histórica a afrontar de manera colectiva.

En consecuencia, la izquierda abertzale quiere proponer y dar a conocer públicamente lo siguiente:

1.- Hacemos un llamamiento formal al diálogo a todos los agentes políticos, sociales y sindicales que quieran dar una solución al conflicto político.

2.- El mencionado proceso de diálogo será sin exclusiones y sin condiciones.

3.- A nuestro entender, el objetivo de este diálogo político debe ser la resolución del conflicto y de los problemas básicos que para nuestro pueblo se derivan de él.

4.- Asimismo, la izquierda abertzale quiere subrayar que los conceptos que se están presentando y poniendo a debate en las diferentes propuestas políticas pueden ser importantes bases del diálogo político, constituyendo para la izquierda abertzale la llave misma de la solución del conflicto. Así, conceptos como Euskal Herria, siete territorios vascos, el derecho de autodeterminación, el convenio internacional de derechos civiles y políticos; y la consulta popular en un escenario de no violencia son planteamientos con los que estamos de acuerdo y configuran una base totalmente válida para empezar a debatir.

Nuestro reto es construir un proceso que mediante un diálogo sin exclusiones ni condiciones sirva para hacer un plan para la solución del conflicto que sea de todos. Queremos sumarnos a este diálogo con actitud constructiva, conscientes de que nadie tiene la razón al cien por cien. Solamente así podremos avanzar en el camino hacia el acuerdo. -


En Iruñea, a 1 de

noviembre de 2003

2003/10/30  GARA Juristas estadounidenses piden «el cese de los abusos contra el pueblo vasco»
http://www.gara.net/orriak/P30102003/art58255.htm
·Hablan de conculcación de derechos civiles y políticos por parte del Estado español
El Gremio Nacional de Abogados de EEUU, asociación que reúne a miles de juristas, adoptó el pasado sábado una resolución en la que da cuenta de la conculcación de derechos fundamentales en Euskal Herria por parte del Estado español. Entre otras cosas, habla sobre la tortura, la libertad de expresión y el derecho de asociación. Ante ello, insta al Gobierno de George W. Bush a que reclame al Ejecutivo del PP el «cese de sus abusos contra el pueblo vasco».

Mikel JAUREGI

DONOSTIA
La resolución del Gremio Nacional de Abogados de EEUU (National Lawyers Guild), que fue adoptada en la convención que celebró el día 25 en Minneapolis (estado de Minnesota), comienza con una serie de considerandos en los que, en primer lugar, recoge que «el Territorio Vasco es una área geográ- fica, históricamente definida por su lengua única, el euskara, que está conformado por cuatro provincias al norte de España y tres al sur de Francia, con aproximadamente 3,5 millones de habitantes en un territorio del tamaño de Nueva Jersey».

Prosigue haciendo mención a que la Constitución española «fue rechazada por una mayoría abrumadora del pueblo vasco debido a su fracaso en reconocer el derecho de autodeter- minación», y que «hay ahora cerca de 700 presos políticos vascos» por «expresarse a favor de una Euskal Herria independiente».

«Existe una evidencia razonada sobre el uso de la tortura por las autoridades españolas, tal y como se desprende del 'Informe al Gobierno español del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Tratos o Castigos Inhumanos o Degradantes' y del 'Informe E/CN.4/2002/76/Add.1 del Relator Especial de Naciones Unidas'», señala sobre las denuncias por torturas.

Una cuestión, la de los malos tratos, sobre la que incide indicando que «TAT ha documentado que el 90% de los presos políticos vascos están condenados en base a información obtenida por la aplicación de la tortura» y que la aplicación del régimen de incomunicación «ha sido condenada por organizaciones tales como Amnistía Internacional y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas por crear las condiciones que permiten el uso de la tortura al privar a los detenidos el derecho al acceso a un abogado y un médico de su confianza».

National Lawyers Guild también destaca la situación de los prisioneros politicos: «La política del Gobierno español de mantener la prisión preventiva por un período de hasta cuatro años sin juicio, a menudo en condiciones de aislamiento, es contraria al derecho a un juicio sin dilaciones».

A continuación cita el cierre de medios de comunicación ú«el Gobierno español ha cerrado forzosamente los periódicos 'Egin' y 'Egunkaria', así como la emisora de radio Egin Irratia, y arrestado a su personal de redacción y editorial»ú y la ilegalización de formaciones políticas ú«ha ilegalizado el partido político Batasuna e impedido a su dirección de la participación en otros grupos políticos»ú, junto a lo cual señala que, en ambos casos, no se ha celebrado juicio «en un plazo razonable».

Tras considerar que el Gobierno español «justifica estas medidas de necesarias en el combate contra el terrorismo», National Lawyers Guild realiza varios llamamientos al Gobierno de Estados Unidos. Así, le insta a que demande al Ejecutivo del PP «el respeto para los derechos de los ciudadanos vascos, tal y como es garantizado por la declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo cual incluye el derecho a no ser sujeto a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a detenciones arbitrarias; y a respetar la presunción de inocencia y el derecho a un juicio público en un plazo razonable de tiempo».

También le emplaza a que exija al Gabinete Aznar «el respeto para los derechos del pueblo vasco, a la libertad de opinión y de expresión, incluido el derecho a impartir información e ideas a través de la prensa, el derecho a la asamblea pacífica y el derecho a tomar parte en el gobierno a través de sus representantes electos».

«Aquellos que abogan por el sacrificio de los derechos fundamentales en nombre de la seguridad ni consolidan la seguridad ni la justicia», asegura el texto aprobado, a la vez que hace un último llamamiento al Departamento de Estado de EEUU para que «incluya en su próximo informe anual referente a España una reclamación al Gobierno español para que cese sus abusos contra el pueblo vasco».

A un abogado vasco se le impidió la entrada en EEUU
M. J.

DONOSTIA

Las autoridades de Inmigración de EEUU impidieron la entrada en el país al abogado Urko Aiertza, quien estaba invitado a participar en la convención de National Lawyers Guild. Según informó ayer el letrado a GARA, «cuando llegué al aeropuerto de Chicago, los de Inmigración me retuvieron durante nueve horas. Y sin darme explicación, sin razón aparente, me impidieron pasar. Todo ello, a pesar de que les dije que era abogado y que estaba invitado a la convención. Resultó en vano». Ante lo ocurrido, Aiertza manifestó que el Gremio Nacional de Abogados de EEUU «piensa que han existido presiones». Y es que la abogada alemana Silke Studzinsky, miembro de la Asociación Europea de Abogados Demócratas (AED), que viajaba junto a Aiertza, pudo entrar en el país.

Tras explicar que «tenía la oportunidad de ofrecer una conferencia con la que pretendía dar un testimonio sobre la vulneración de derechos en nuestro país», anunció que presentará sendas quejas ante AED y el Consejo Vasco de la Abogacía. Una delegación visitó Euskal Herria en setiembre I. A.

BILBO

Con objeto de realizar el informe acerca del ejercicio de los derechos fundamentales en Euskal Herria, una delegación de juristas úcompuesta por el abogado criminalista Wolfgang Bendler, la estudiante de Derecho y delegada estudiantil Saïda Benguerel, la profesora y especialista en abusos policiales Judith Berkan, el profesor y ex decano de una facultad de Derecho John Brittain y la abogada criminalista Silke Studzinskyú realizó a finales de setiembre pasado una gira de cinco días para visitar Euskal Herria y el Estado español.

La delegación mantuvo entrevistas con el juez español Baltasar Garzón, abogados de prisioneros políticos vascos, miembros del Consejo Vasco de la Abogacía, trabajadores de algunos medios de comunicación clausurados, representantes de la izquierda abertzale, el Ministerio de Justicia, la Asociación Libre de Abogados y Jueces para la Democracia. La gira finalizó con la presentación, el 1 de octubre en Madrid, de las conclusiones preliminares del estudio.
2003/10/29 GARA Euskal Herria >

Familiares de Lariz piden al canciller de Argentina su excarcelación

BUENOS AIRES
Amigos y familiares del preso político vasco Josu Lariz han enviado una carta al canciller argentino úministro de Asuntos Exterioresú pidiéndole la puesta en libertad del preso político vasco Josu Lariz. El próximo 23 de noviembre se cumplirá un año desde su detención, expulsión y entrega por parte de la autoridades uruguayas a las argentinas.

En este contexto, la Comisión de Amigos y Familiares ha invitado a organismos de derechos humanos a visitar a Lariz. Además, tiene previsto organizar un acto en la facultad de Ciencias Sociales de Buenos Aires, en el que solicitarán al Ejecutivo un rápido posicionamiento favorable al derecho de asilo del ciudadano vasco.

Por otra parte, Diaspora Vasca por los Derechos Humanos, organismo creado recientemente, ha organizado una «Semana nacional baska» que se celebrará entre el 7 y el 9 de noviembre en la ciudad de Villa María. Además de ser su presentación oficial a nivel nacional, reclamará el estatus de refugiado político para Lariz.

2003/10/29 GARA «Por fin podremos ejercer el derecho a la defensa»
http://www.gara.net/orriak/P29102003/art58131.htm
·«Debíamos haber accedido al sumario hace dos años», dice el abogado de Egunkaria S.A.
Después de que Juan del Olmo decretara el lunes el levantamiento del secreto sumarial del «caso Egunkaria», la defensa de Egunkaria S.A. mostró ayer su satisfacción por poder acceder a la documentación y ejercer el derecho a la defensa, «aunque esto podría haberse posibilitado hace ya dos años».

Mikel JAUREGI

DONOSTIA
Tras dos años desde la apertura del sumario por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional española, Juan del Olmo, los abogados de la defensa podrán por primera vez acceder a los documentos e informes policiales en los que se basó la operación del pasado 20 de febrero contra "Euskaldunon Egunkaria", por la cual se decretó el cierre del diario euskaldun.

Este hecho, según manifestó ayer a GARA el representante legal de Egunkaria S.A., Enekoitz Etxeberria, provocará que «por fin, podremos ejercer el derecho de defensa», de ahí que el letrado mostrara su satis- facción por la decisión adoptada el lunes por Del Olmo. Una satisfacción, no obstante, relativa, «ya que esa decisión debía haberla tomado el juez hace dos años con absoluta normalidad, justo cuando abrió el sumario. Desde ese preciso momento debíamos tener acceso a la documentación y no ahora, dos años después». Y es que, según resaltó, «ahora tenemos que comenzar a leer todo, a analizarlo, y hay que recordar que son nada menos que 30.000 folios» los que componen el sumario del «caso Egunkaria».

«Después de todas las medidas excepcionales que ha venido adoptando el señor Del Olmo, es la primera vez que los abogados vamos a poder leer la documentación, los informes realizados por la Guardia Civil, la documentación existente contra cada uno de los imputados, lo que se les imputa...», precisó Etxeberria.

Sin embargo, reconoció que los obstáculos para la defensa no han cesado, «ya que ni siquiera nos dan una copia del sumario. Tendremos que acordar con el juez la forma sacar el sumario para poder analizarlo y, de esa manera, empezar a preparar la defensa».

El representante legal de Egunkaria S.A. también explicó que una de las prioridades en su actuación será la de conseguir la puesta en libertad de las tres personas que, tras ser arrestadas en el operativo de febrero, continúan todavía en prisión: Xabier Alegria, Iñaki Uria y Xabier Oleaga.

2003/10/28 GARA El PNV destaca que la posición de SA será decisiva
·Sostiene que en el Parlamento tienen «la mayoría requerida», salvo que SA se oponga
Tanto el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, como el portavoz del EBB, Joseba Egibar, señalaron que la posición de Sozialista Abertzaleak ante el plan Ibarretxe será decisiva a la hora de poder llevarlo adelante. En ese sentido, Egibar remar- có que «ahí tienen algo ganado y algo por lo que trabajar».

GARA

BILBO
De las declaraciones que el presidente del EBB, Xabier Arzalluz, realizó ayer en una entrevista concedida a ETB, se des- prende que el PNV buscará el apoyo de Sozialista Abertzaleak para poder sacar adelante el plan Ibarretxe. Y es que, tras considerar «imaginable» que una posible reforma del Estatuto se pueda aprobar al margen de los partidos de la oposición, Arzalluz apuntó que ello dependerá, «sobre todo», de la formación abertzale «porque en el Parlamento vasco hay hoy las mayorías requeridas y pueden conseguirse salvo que los de HB se opongan».

Por ello, aseguró que le «agrada» oir que Arnaldo Otegi «reconozca» que a partir del plan Ibarretxe «se podrían encontrar vías para que desaparezca o se aparque por lo menos la violencia. Es una gran noticia para este país». Aun así, matizó al respecto que «otra cosa es que sea verdad».

A su vez, el portavoz del PNV Joseba Egibar también hizo hincapié en la necesidad de contar con el respaldo del grupo parlamentario independentista. Según señaló en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, «a la gente siempre se le olvida que en el texto de Ibarretxe se precisa que la consulta se hará sin exclusiones, lo cual también tiene su significado y su contenido, y es que todas las expresiones políticas que se dan hoy en la sociedad vasca necesitan su vía de legalización».

En este sentido, Egibar agregó que «ahí tiene algo ganado y algo por lo que trabajar Sozialista Abertzaleak», y situó una hipotética negociación con el citado grupo de la propuesta de Ibarretxe en el propio debate parlamentario. A su juicio, «tendrá que expresar su opinión concreta sobre el plan en tramitación parlamentaria, porque si presenta una enmienda a la totalidad y se une con el PP y el PSOE, la propuesta será devuelta al Gobierno y ahí se acaba el camino».

No obstante, Egibar confió en que el grupo independentista no adopte esta posición y se mostró convencido de que la propuesta «saldrá mejorada del Parlamento vasco» por las enmiendas de los grupos, siendo finalmente aprobada por la Cámara de Gasteiz.

Según remarcó el jeltzale, «si (con la propuesta de reforma estatutaria) aquí se eleva el nivel del Estatuto, sus contenidos, su situación jurídica de relación con el Estado, lo que se hace es mejorar el Estatuto. Ojalá suceda eso, pero de momento el Estatuto está en vigor», remarcó.

En este sentido, convencido de que «hoy por hoy» la propuesta de nuevo Estatuto no prosperaría en las Cortes Generales, Arzalluz señaló que «si la misma va a Madrid, que irá, será con la voluntad de la mayoría de los vascos. Por tanto, Madrid tendrá que decir que no y alegar las razones de por qué niega que los vascos den su opinión sobre este texto». Por todo ello, señaló que «la carga de prueba estará en Madrid y aquí tendremos un pueblo oprimido, porque no cumplen con su voluntad».

En todo caso, el presidente del EBB admitió como «una posibilidad real, ciertamente», el planteamiento hecho público recientemente por el ex lehendakari y ex presidente de EA, Carlos Garaikoetxea, de que, en el caso de que el proyecto no pueda salir adelante, el lehendakari pueda convocar elecciones autonómicas anticipadas para someter su propuesta a una especie de plebiscito o «moción de confianza».

En palabras de Arzalluz, «Ibarretxe pone la fuerza en la consulta popular, que es un referéndum previo a que Madrid se pronuncie. Les va a costar prohibirla manu militari».

Por ese motivo, indicó que el recurso anunciado por el diputado general de Araba, Ramón Rabanera, es un ejemplo de que el Ejecutivo de Aznar «usa pitufos, en vez de hacerlo ellos porque no se atreven a hacerlo».

El presidente del EBB dudó de que un tribunal contencio- so-administrativo se declare «competente para conocer el asunto», y añadió que «todo eso de que es un contrafuero es un papel que ha hecho un Guevara de estos fueristas más o menos camuflados que hay en Alava, pero no le veo ni pies ni cabeza y, si realmente hubiera habido pie para ir ante un Tribunal Constitucional, lo hubiera hecho el Gobierno central y no Rabanera».

En su opinión, si la propuesta de reforma estatutaria fuera independentista, Aznar «podría utilizar el Ejército». Señaló que, al contrario, «lo que hace es vestir de toga a la fuerza del Gobierno y echa a los jueces».

Rafa Díez: «La izquierda abertzale participará en el amplio debate que se está creando»
GARA

BILBO

El secretario general de LAB, Rafa Díez, manifestó ayer que la propuesta de reforma estatutaria planteada por Juan José Ibarretxe, «como otro tipo de reflexiones que se están realizando en este país, denota el fin del ciclo constitucional y autonomista». En esa línea, señaló que, desde el Acuerdo de Lizarra-Garazi, «estamos intentando darle forma a un cambio político» que, a su juicio, «tiene que estar basado en el reconocimento de este país y de sus derechos».

En declaraciones a Radio Euskadi, el secretario general del sindicato abertzale indicó que la propuesta de Ibarretxe y otras que han surgido en los últimos meses «demuestran que este país está entrando en la fase determinante que tuvo su punto de inflexión en Lizarra».

Señaló que, en esta situación, la izquierda abertzale «tiene una voluntad real de recuperar la iniciativa política y de condicionar positivamente el debate para buscar un plantamiento de consenso que permita llevar el tema a la sociedad vasca».

Aclaró que «cuando hablamos de planteamientos de consenso hay que abordar una propuesta que debe tener dos patas: la pata de solución democrática al conflicto y la pata de lo que pueden ser bases de transición institucional», y aseguró que la izquierda independentista «sí que va a entrar a este espacio amplio de debate que se está creando en Euskal Herria».


«Gran etapa política»

Para Díez, la propuesta del lehendakari «tiene cosas interesantes», pero también «elementos de preocupación». Así, precisó que «tiene contenidos para conformar una propuesta de solucion democrática al conflicto, ya que habla de Euskal Herria y del derecho que tiene la ciudadanía a decidir su futuro», pero criticó que «luego define el poder político para tres herrialdes». Consideró que hay que «disociar ese debate» y que el punto de partida «tiene que ser Euskal Herria y derechos como elemento central».

Tras indicar que en los próximos meses «Euskal Herria va a vivir una gran etapa política», subrayó que «los que queremos establecer ya las bases de una conviviencia democrática en este país y que Euskal Herria se reconozca tenemos bases suficientes de consenso para llegar a propuestas que hagan que la sociedad vasca sea realmente la protagonista en esta batalla por ganar un futuro de otras características». Batasuna responde que «el balón está en su tejado»

Ante las palabras de Xabier Arzalluz, referentes a que la posición de Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak será decisiva para llevar adelante la propuesta de reforma estatutaria, Batasuna afirmó en una nota de prensa que «el balón está en el tejado del PNV». A su juicio, es el partido jeltzale el que «debe aclarar si cuenta con la izquierda abertzale o si, por el contrario, va a actuar contra ella». La formación abertzale volvió a mostrar sus divergencias con la propuesta planteada por el lehendakari Juan José Ibarretxe, ya que, en su opinión, «de ninguna manera resuelve el conflicto político que padece Euskal Herria. No es un instrumento útil para lograr una solución democrática». -

2003/10/28 GARA La Audiencia Nacional quiere aplicar el Código Penal de forma retroactiva
·libertad condicional | archivaran las solicitudes de los presos politicos juzgados antes de la ultima reforma si no cumplen las nuevas condiciones
El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria archivará las solicitudes de tercer grado y libertad condicional remitidas por un centenar de presos políticos el pasado setiembre, a no ser que «repudien sus actividades delictivas y pidan perdón a las víctimas». Este grupo de prisioneros fue juzgado con anterioridad a que estas condiciones fueran incluidas en el Código Penal, por lo que sus abogados tacharon de «inconstitucional» su «aplicación retroactiva».

Imanol INZIARTE

DONOSTIA
A primeros del pasado mes de setiembre, el colectivo de presos políticos vascos hizo pública la noticia de que noventa y nueve de sus componentes, todos ellos teniendo cumplidas las tres cuartas partes de su condena, habían solicitado al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional española la aplicación del tercer grado y la concesión de la libertad condicional.

En su documento, publicado íntegro por este diario el 6 de setiembre, los propios presos denunciaban que, si hasta la fecha el resultado de las peticiones de libertad condicional era «verdaderamente escaso», la última reforma del Código Penal español cerraba todas las puertas a esta posibilidad.

Ayer, mes y medio más tarde, los abogados Iñaki Goioaga y Jon Enparantza convocaron en Donostia a los medios de comunicación para dar a conocer las primeras determinaciones adoptadas al respecto por el titular de este tribunal de reciente creación, el magistrado Javier Gómez Bermúdez.

Aproximadamente un tercio de los prisioneros que solicitaron el cambio en su régimen penitenciario han recibido una providencia en la cual se les advierte que su demanda será rechazada si no cumplen con los «requisitos» estipulados en la Ley Orgánica 7/2003 sobre «medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas».

En uno de estos documentos, al que GARA tuvo acceso, Gómez Bermúdez señala que «en el escrito presentado por el interno» no consta «declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia, y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, como tampoco referencia alguna a la satisfacción de las responsabilidades civiles».

Añade que, en virtud de la mencionada ley, estos requisitos son «objetivos e ineludibles» para la concesión del tercer grado o de la libertad condicional. Así, insta al preso a que «acredite el cumplimiento de los requisitos» en un plazo de treinta días. «De no haber comunicación úfinalizaú, se procederá a la desestimación y el archivo».

Según explicó Iñaki Goioaga, todas las providencias de las que tienen conocimiento hasta la fecha los abogados se expresan en términos similares, en vista de lo cual, y a falta de resolución en firme, todo apunta a que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria rechazará todas las peticiones.

El letrado subrayó que «se está aplicando con efecto retroactivo la Ley Orgánica 7/2003». Esta norma recoge una disposición transitoria en la que se indica que, en lo referente a la libertad condicional y a la aplicación del tercer grado, será aplicable «desde su entrada en vigor ú30 de junio de 2003ú, con independencia del momento de comisión de los hechos delictivos o de la fecha de la resolución en virtud de la cual se esté cumpliendo la pena».

Sin embargo, los abogados entienden que este planteamiento es «inconstitucional», puesto que todos estos presos fueron juzgados con el Código Penal de 1995 u otros anteriores y dentro de los requisitos para obtener la libertad condicional «no se contemplan este tipo de cuestiones».

A falta de resolución definitiva, Goioaga subrayó que se pueden adelantar «dos conclusiones. La primera, que no hay un tratamiento personal e individualizado de cara a los presos. No hay ninguna referencia ni a la clasificación ni a la situación de cada uno. La respuesta es una providencia totalmente estereotipada».

En segundo lugar, se refirió a la falta de «tratamiento penitenciario». A su juicio, la decisión es de carácter «político» y «colectivo», puesto que todos los presos han recibido hasta ahora «la misma respuesta».

Ello vulnera, prosiguió, el principio de «igualdad ante la ley», ya que «a otros presos condenados por otro tipo delictivo no se les exigen estos requisitos». En base a ello, no dudó en calificar de «tratamiento penitenciario especial» el que se aplica a los prisioneros políticos vascos, a los cuales «se va a negar el derecho a la libertad condicional».

«Desde el punto de vista jurídico údeclaróú, se está creando un derecho penitenciario del enemigo, que se aplica de una forma colectiva y especial», y a través del cual «se están negando sistemáticamente derechos adquiridos anteriormente por vía jurídica y aceptados por juzgados de vigilancia penitenciaria 'naturales' y por audiencias provinciales». «Campaña de intoxicación, manipulación y criminalización»

Iñaki Goioaga denunció la «campaña de intoxicación, manipulación y criminalización» de los medios que publicaron que «las solicitudes de libertad condicional han sido una decisión de ETA». El letrado quiso «dejar claro» que estas demandas «han sido una solicitud de los propios presos». Asimismo, criticó que esas afirmaciones se hicieran «no en el momento en que se conoció la noticia», sino coincidiendo «con una iniciativa de 'chapeos' que nada tenía que ver con la solicitud de libertades condicionales».

2003/10/27 GARA El Gobierno español anuncia una respuesta «sin complejos al desafío» de Lakua
·«Propuesta excluyente» | el ministro de la presidencia del Ejecutivo aznar indico que la propuesta de ibarretxe busca «excluir a aquellos que han venido defendiendo la constitucion y el estatuto»
El vicepresidente segundo del Gobierno español y ministro de la Presidencia, Javier Arenas, anunció ayer que el Ejecutivo de Aznar «va a responder, sin ningún tipo de complejos, con las medidas políticas y jurídicas más convenientes, al desafío del Gobierno vasco». Sostuvo que el proyecto de reforma estatutaria aprobado por el Ejecutivo de Ibarretxe «pretende acabar con la Constitución española, con el Estatuto y con los derechos forales del País Vasco a través de la independencia». Aseguró, al tiempo, que es una propuesta «antidemocrática y excluyente».

GARA

SEVILLA
En su intervención ante los delegados y subdelegados del Gobierno español en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla reunidos en Sevilla, Javier Arenas afirmó que la propuesta de reforma estatutaria entregada al Parlamento de Gasteiz es «antidemocrática y excluyente y sólo persigue la ruptura». Anunció, al tiempo, que el Ejecutivo español «va a responder, sin ningún tipo de complejos, con las medidas políticas y jurídicas más convenientes, al desafío del Gobierno vasco».

Tras manifestar que «ni en términos políticos ni en términos jurídicos se trata de una reforma del Estatuto», Arenas aseguró que el texto aprobado el sábado por el Consejo de Gobierno de Lakua busca «excluir a aquellos que tienen una idea de España y que han venido defendiendo la Constitución y el propio Estatuto».

Sostuvo que el texto articulado «pretende acabar con la Constitución española, con el Estatuto y con los derechos forales del País Vasco a través de la independencia». Según Arenas, esta propuesta «está hecha probablemente, a la medida de ETA y de Batasuna».

El vicepresidente segundo del Ejecutivo de Aznar aseguró que es «un proyecto inviable en el seno de la democracia española, en la construcción democrática de Europa y la futura Constitución europea, mientras que en términos económicos sólo puede calificarse como de ruinosa, de riesgo e incertidumbre para el devenir social del País Vasco».

Señaló que la propuesta plantea «la práctica desaparición de las competencias del Estado y la posible desaparición de varios artículos de la Constitución, un entramado que no se puede afrontar desde la unilateralidad, salvo que se tenga el objetivo de la ruptura y la independencia».

Recalcó que «la sociedad española debe estar muy tranquila» tras mostrarse convencido de que «las principales fuerzas políticas democráticas van a estar, sin duda, a la altura de las circunstancias y el Gobierno pondrá encima de la mesa todos los instrumentos que le permite el Estado de Derecho para responder a este desafío», reiteró.

Destacó, además, que el Ejecutivo español celebrará este año «con mucha solemnidad» el 25 aniversario de la Constitución española, que «la hicimos entre todos». Realizó, en este contexto, un llamamiento al «conjunto de los representantes del Estado» a que «se involucren en todos los actos conmemorativos», tras lo que recalcó que «los asuntos de Estado deben estar por encima de los avatares partidistas».

Sanz aboga por dar una réplica «firme y decidida»
GARA

IRUÑEA

El presidente de Nafarroa, Miguel Sanz, reclamó ayer «una respuesta democrática, firme y decidida» a la reforma estatutaria aprobada el sábado por el Ejecutivo de Lakua, propuesta que definió como «un proyecto de secesión, ruptura con España, división de los ciudadanos vascos y clara confrontación de una parte de Euskadi con España». En una conferencia de prensa en Iruñea, Sanz señaló que «la simple cita de Navarra en un texto que debería orientarse a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca es una intromisión». Pidió que «dejen en paz a Navarra, ya que estamos satisfechos con nuestro modelo jurídico, con la Constitución y con la integración en España y con nuestro modelo de desarrollo, con sus lagunas y deficiencias». A su juicio, «el proyecto de comunidad libre asociada de Ibarretxe rompe con la Constitución española, deslegitima a quienes ofrecieron lealtad, respeto e integración en el proceso constituyente, traiciona el compromiso que todos los constituyentes alcanzaron e incluso a quienes representaron entonces al nacionalismo vasco». Imaz: «Es una gran mentira que sea rupturista» GARA

GASTEIZ

El portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Jon Imaz, insistió ayer en que la propuesta entregada en el Parlamento de Gasteiz «no es rupturista ni secesionista» y aseguró que «quienes mantienen esta gran mentira tratan de evitar que se debata con normalidad». En una comparecencia en Donostia, realizó un llamamiento para «llevar a cabo el debate sin tensiones ni crispación, porque el camino para avanzar no son los frentes ni los palos en las ruedas». Citó, en este contexto, las medidas políticas y jurídicas anunciadas el sábado en Gernika por Mariano Rajoy, secretario general del PP.

Imaz manifestó que «el problema es si existe voluntad de que los marcos jurídicos puedan adaptarse a que tengamos el desarrollo de un proyecto de convivencia en la sociedad vasca, si deben ser los marcos jurídicos cauces para reflejar la voluntad de la propia sociedad o deben ser fundamentalmente elementos que traten de evitar que en la sociedad vasca pueda haber acuerdos de convivencia y caminos para alcanzar su normalización».

2003/10/26 GARA «propuesta de estatuto politico de la comunidad de euskadi»
Lakua hace oficial la necesidad de superar el Estatuto autonómico
·la voluntad de la ciudadania y el pacto con el estado en una relacion de lealtad, claves del texto
El Gobierno de Juan José Ibarretxe aprobó ayer un proyecto de ley que supone una profunda reforma del Estatuto autonómico ahora vigente en la Comunidad Autónoma Vasca. Partiendo de la voluntad de su ciudadanía, los territorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, como parte de Euskal Herria, se constituyen en la denominada Comunidad de Euskadi, libremente asociada al Estado español. Las relaciones con el Estado se asientan en «los principios de lealtad institucional recíproca, cooperación y equilibro de poderes». El nuevo texto comenzó ayer su largo trámite parlamentario.

Iñaki IRIONDO

GASTEIZ
En sesión solemne y extraordinaria, el Gobierno de Lakua, reunido en Ajuria Enea, aprobó ayer, en el vigesimocuarto aniversario de su referéndum, una propuesta de reforma del Estatuto de Gernika. El texto, trasladado en mano al Parlamento por el lehendakari y el resto del Ejecutivo, supone una profunda revisión de la normativa legal vigente en estos momentos.

Los cambios son visibles desde el artículo 1. No es el Pueblo Vasco o Euskal Herria quien se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado español, sino que son Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, «como parte integrante del Pueblo Vasco o Euskal Herria», quienes se constituyen en «comunidad vasca libremente asociada al Estado español bajo la denominación de Comunidad de Euskadi».

A lo largo de todo el texto, cruza transversalmente la concepción básica de que los poderes de la denominada Comunidad de Euskadi emanan de su ciudadanía y que esa voluntad popular debe después encontrar acomodo en un pacto con el Estado español. La relación entre Gasteiz y Madrid ha de regirse por los principios de lealtad institucional recíproca, cooperación y equilibrio de poderes.

En el nuevo texto desaparece la idea mantenida en el Estatuto de 1979 de que Nafarroa puede incorporarse a la Comunidad autónoma. En la propuesta, este concepto se sustituye por la posibilidad de que «los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Euskadi y los de la Co- munidad Foral de Navarra» puedan «decidir libremente en un futuro conformar una estructura política conjunta». Entre tanto, se aboga por estrechar lazos a través de conve- nios y acuerdos de cooperación sin que quepa la interferencia estatal.

Las relaciones con «los territorios vascos de Iparralde» se circunscriben a la utilización, «de la forma más amplia y extensa posible», de las potencialidades que ofrece la normativa en materia de cooperación transfronteriza.

En cuanto a la incorporación de enclaves territoriales, como el de Trebiño, se eliminan el requerimiento recogido en el Estatuto de 1979 de oír a la comunidad o provincia a la que pertenezca el territorio y la autorización necesaria para la celebración de un referéndum.

El proyecto presentado ayer por Ibarretxe recoge el concepto de «nacionalidad vasca», que no figura en el Estatuto actual, y lo considera compatible con la «nacionalidad española».

Establece que tendrán nacionalidad vasca todas las personas que tengan vecindad administrativa en alguno de los municipios de la Comunidad de Euskadi, los miembros de la diáspora que hayan tenido su última vecindad en esta Comunidad, así como sus descendientes, y aquellas otras personas que lo obtengan de acuerdo a la ley que se apruebe en el Parlamento de Gasteiz y que se ajustará a los requisitos exigidos en las leyes del Estado para la nacionalidad española.

El texto no recoge que puedan obtener la nacionalidad vasca quienes tengan su vecindad administrativa en Nafarroa, Zuberoa o Lapurdi.

Si en el actual Estatuto los derechos y deberes de la ciudadanía vasca «son los establecidos en la Constitución», en el nuevo proyecto se incluyen también los de los tratados de la UE y los proclamados en distintas declaraciones internacionales.

Se recoge expresamente que corresponde a las instituciones vascas «el desarrollo constitucional» de garantizar la representatividad y participación de la ciudadanía y, en concreto, que «el régimen de creación, reconocimiento, organización y extinción de partidos políticos» se regulará por Ley del Parlamento de Gasteiz. El desarrollo actual de esta posibilidad fue rechazada el viernes con los votos de PNV e IU.

El nuevo proyecto dedica todo un amplio capítulo a fijar los términos de la relación con el Estado español desde el estatus de libre asociación. Esta relación se basa en «el respeto y el reconocimiento mutuo» y la aceptación de que el nuevo régimen «no supone renuncia alguna de los derechos históricos del Pueblo Vasco, que podrán ser actualizados en cada momento en función de su propia voluntad democrática».

Se defiende el «ejercicio democrático del derecho a decidir» de la ciudadanía vasca, que incluye la posibilidad de alterar la relación política con el Estado. Si la ciudadanía muestra su «voluntad clara» en este sentido, «las instituciones vascas y las del Estado español se entenderán comprometidas a garantizar un proceso de negociación para establecer las nuevas condiciones políticas que permitan materializar, de común acuerdo, la voluntad democrática de la sociedad vasca»

En las relaciones con el Estado queda desterrada la unilateralidad y, por ello, la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Todo deberá ser pactado y acordado y para ello se establecen garantías a través de comisiones bilaterales y un Tribunal de Conflictos.

Mientras en el Estatuto actual los poderes vascos se limitaban a Parlamento y Gobierno de Gasteiz, en el nuevo proyecto se incluye el Poder Judicial y, con él, la creación del Consejo Judicial Vasco. Se establece que todas las instancias procesales, incluyendo los recursos de casación o la última instancia, se agotarán en el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi.

Sin embargo, será el Tribunal Supremo español quien unifique doctrina y el Consejo Judicial Vasco trabajará en «estrecha colaboración con el Consejo General del Poder Judicial a fin de preservar los principios de unidad e independencia judicial». La legislación penal, penitenciaria y procesal queda reservada al Estado.

Mientras que en el Estatuto hoy vigente se establece un catálogo de competencias que son propias de la CAV y se entiende que todo lo no recogido ahí le corresponde al Estado español, en el nuevo texto se especifica que corresponden a las instituciones vascas la potestad de ejecución de todas las políticas públicas, salvo las expresamente atribuidas al Estado. En cuanto al proceso de transferencia de las competencias, el nuevo proyecto recoge la idea, ya expuesta por algunos teóricos de EA como Javier Caño y Juan Porres, de que una vez aprobado el Estatuto las competencias corresponden ya a la Comunidad, y lo único a acordar es cómo traspasar los medios humanos y materiales con el fin de garantizar la continuidad de los servicios.

En su disposición transitoria, la propuesta señala que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del nuevo Estatuto, la Comunidad de Euskadi comenzará a ejercer en plenitud todas sus potestades y para ello las transferencias se realizarán a través de una comisión mixta «por una sola vez y de modo definitivo». Si no hay acuerdo, la Comunidad ejercerá la competencia con sus propios medios y podrá reclamar daños y perjuicios al Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi.

El proyecto aprobado ayer por el Gobierno de Lakua finaliza señalando que «el modelo y régimen de relación política entre la Comunidad de Euskadi y el Estado español regulado en el presente Estatuto Político sucederá y sustituirá, a su entrada en vigor, al que fuera aprobado por Ley Orgánica 3/1978, de 18 de diciembre, en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco».

Un proceso inédito, largo, complejo y con obstáculos
I. I.

GASTEIZ

El Parlamento de Gasteiz abrió ayer sus puertas y trasladó el Registro General al salón de recepciones para dar entrada al proyecto de ley de reforma del Estatuto, que Juan José Ibarretxe entregó en mano a Juan María Atutxa. Se abre así un proceso inédito, puesto que nunca se ha llevado a cabo un proceso de reforma estatutaria en la Cámara autonómica. Será largo, porque ésa es la voluntad expresa del tripartito para permitir, según sus palabras, un sosegado proceso de debate. El lehendakari ya anunció que no espera que se vote la propuesta antes de octubre del próximo año. Será también un proceso complejo, ya que el nuevo texto requiere para su aprobación el apoyo de 38 parlamentarios y las fuerzas que apoyan al Ejecutivo sólo disponen de 36, y ni siquiera los votos de IU se pueden dar por seguros. Por otra parte, el Gobierno español y el PP ya han anunciado su intención de poner todos los obstáculos posibles a la tramitación de este proyecto, incluso acudiendo a instancias judiciales.

2003/10/26 GARA Rajoy anuncia medidas políticas y jurídicas
·El líder del PP llama a reaccionar «por imperativo moral ante tal colosal mentira»
El PP expresó su rechazo al plan Ibarretxe en un acto realizado bajo el árbol de Gernika. Desde allí, Mariano Rajoy anunció que, «si gano las elecciones», adoptará «las medidas jurídicas y políticas que resulten adecuadas» ante lo que definió de «colosal mentira».

GARA

GERNIKA
Cargos del PP escenificaron ayer ante el árbol de Gernika su rechazo a la reforma estatutaria defendida por el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe, propuesta que definieron como una «colosal mentira».

En una intervención con tintes electorales, el secretario general del PP y candidato a la presidencia del Gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó que «si gano las elecciones, me comprometo a que nada, ya se llame plan Ibarretxe, ya se llame terrorismo, fracture la convivencia de los vascos o prevalezca sobre el Estado de Dere- cho. Me comprometo a adoptar las medidas jurídicas y políticas que resulten adecuadas». Llamó, además, a la sociedad a «apoyar al PP y apostar por la alternancia política, que es el oxígeno de la democracia».

Rajoy ratificó «la fidelidad» del PP a «los compromisos asumidos ante el pueblo español y, en especial, al primero de ellos: la defensa de los intereses generales de España».

Aseguró que «por imperativo moral debemos reaccionar ante tal colosal mentira como es llamar proyecto para la convivencia a ese plan que contradice radicalmente la letra y el espíritu de la Constitución». Consideró que «su viabilidad exigiría la destrucción de la Constitución misma y supone una traición al Estatuto, a su contenido y su espíritu; pretende cabalmente su eliminación», opinó.

En el mismo acto, el presidente de honor del grupo parlamentario del PP en la Cámara de Gasteiz, Jaime Mayor Oreja, indicó que «mientras nosotros volvemos a asumir nuestro compromiso con la autonomía, el nacionalismo vasco solemniza la traición al Estatuto».

Desde Gasteiz, el diputado general de Araba, Ramón Rabanera, señaló que «no es Alava la que se va de Euskadi, sino los que proponen el proyecto de nuevo Estatuto, los que abandonan el proyecto común que llamamos Euskadi».

En Nafarroa, UPN señaló en un comunicado que «el órdago lanzado por Ibarretxe contra la Constitución española y el Estatuto vasco supone también una afrenta a los navarros y a sus instituciones, que se han posicionado en contra de los objetivos rupturistas y soberanistas del plan». La Diputación de Araba decide hoy si recurre o no la propuesta

La Diputación de Araba decide hoy, en la reunión extraordinaria convocada por Ramón Rabanera, si recurre o no la reforma estatutaria aprobada ayer por el Ejecutivo de Lakua. Los servicios jurídicos de la Diputación comenzaron ayer a analizar el texto. El diputado de Presidencia de la Diputación de Araba, Javier Guevara, aseguró que la propuesta es «el mayor intento de ataque contra los derechos históricos de los territorios forales desde las leyes abolitorias del siglo XIX». -

2003/10/24 GARA 30.000 detenidos por motivos políticos desde el año 1968
·Un libro recoge las cifras del sufrimiento derivado del conflicto
Decenas de miles de personas han estado o están directamente afectadas por el conflicto político que sufre Euskal Herria. Todas tienen un hueco en la publicación «Un mapa (incompleto) del sufrimiento», del periodista Sabino Ormazabal. Por citar un dato que no se había recopilado hasta la fecha, unas 30.000 personas han sido detenidas desde 1968.

Imanol INZIARTE

DONOSTIA
El Instituto Manuel Robles-Arangiz ha publicado un libro, titulado «Un mapa (inacabado) del sufrimiento» y que ha sido escrito por el periodista Sabino Ormazabal, en el cual se ofrece «una recopilación abierta de datos sobre la violencia, las violaciones de derechos humanos, las agresiones a las libertades y el padecimiento de las víctimas generado con ocasión del conflicto vasco».

Este trabajo fue presentado ayer en un acto al que, además del propio autor, asistieron el presidente y el director del Instituto Manuel Robles-Arangiz, Germán Kortabarria y Fernando Iraeta, respectivamente.

A lo largo de sus once capítulos el libro recoge datos sobre el número de víctimas mortales, de personas secuestradas o hechas desaparecer, amenazadas, extorsionadas, de aquellas que sufren recortes de libertades democráticas, así como acerca de las torturas, las detenciones, los encarcelados y los exiliados o deportados.

El propio Ormazabal realizó un somero repaso acerca de las cifras referentes a los últimos 35 años: «1.150 muertos, casi 6.000 heridos, 5.300 denuncias de torturas, más de 30.000 detenidos ú10.000 de ellos en manifestacionesú... Actualmente hay 680 presos. Ha habido 53 secuestrados por ETA, tres militantes siguen desaparecidos, hay 3.000 refugiados·».

Para la realización del trabajo se han usado diversas fuentes, «a veces contradictorias», por lo que los números son en algunos casos aproximativos. A todo ello cabe sumar otros «recortes de libertades» úcaso de las ilegalizaciones de partidos políticos y plataformas electoralesú, las inhabilitaciones de cargos municipales, los ataques a periodistas y el cierre de medios de comunicación, o las multas ú1.000 millones de pesetas entre 1994 y diciembre de 2000ú por participar en manifestaciones.

A través de estos datos, la pretensión del autor es la de «realizar una aportación para humanizar el conflicto, ya que es necesario reconocer el sufrimiento del otro». De esta forma, indicó que «la enumeración cuantitativa de víctimas y sufrimientos sólo tiene sentido si nos acerca a la realidad y sirve para ponernos en los seres humanos que hay tras las cifras».

Germán Kortabarria, quien además de presidir el Instituto Robles-Arangiz es secretario de Comunicación de ELA, destacó la importancia de «socializar el sufrimiento como punto de partida para la solución del conflicto». En este sentido, explicó que «no se trata de extender ese sufrimiento a todas las personas, sino crear en todas ellas la conciencia de que hay mucha gente que sufre y de que hay que mostrarse solidarios». Kortabarria denunció que «en muchas ocasiones se utiliza a las víctimas». «Un punto de partida que recoja todos los sufrimientos»

Ormazabal destacó que son cuatro los objetivos que persigue con la publicación de este «mapa del sufrimiento».

En primer lugar, contribuir a «la toma de conciencia del sufrimiento padecido en nuestro país». Asimismo, contribuir «a la solidaridad activa con todas las víctimas, al reconocimiento público del sufrimiento padecido por todas las víctimas y sus familias, y a la humanización de comportamientos y actitudes para la paz y la reconstrucción de la convivencia». -

2003/10/23 Anticipan más rigor penal contra la «desobediencia» o la «sedición»

Imanol INZIARTE

DONOSTIA
Dos diarios publicados en Madrid, "El Mundo" y "ABC", adelantaban ayer, con matices diferentes, una serie de posibles reformas en el Código Penal español para «combatir», según uno, o «frenar», según el otro, la propuesta de reforma estatutaria de Juan José Ibarretxe.

Los cambios irían en el sentido de endurecer los castigos por «desobediencia», «rebeldía» o «sedición». Mientras que "El Mundo" señala que son asociaciones judiciales como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y el colectivo Francisco de Vitoria quienes demandan estas medidas, "ABC" va más lejos al asegurar que las modificaciones ya están incluso sobre la mesa del Ejecutivo de Madrid.

En una de las informaciones publicadas no se descarta «la creación de nuevos tipos delictivos» que se adapten al «órdago nacionalista». Jaime Mayor Oreja, durante una conferencia que ofreció el pasado lunes en el Club Siglo XXI de Madrid, ya adelantó que la actuación de la Justicia frente al proyecto de Ibarretxe será «creciente e implacable».

La modificación del «delito de desobediencia» estaría relacionada con la negativa de la Mesa de la Cámara de Gasteiz de disolver al grupo Sozialista Abertzaleak. En estos momentos, el artículo 410 del Código Penal establece para los funcionarios y cargos públicos la pena de inhabilitación durante un máximo de dos años. El endurecimiento de esta norma podría acarrear penas de cárcel. La Fiscalía ya tiene emprendidas actuaciones contra tres miembros de la Mesa, Juan María Atutxa (PNV), Gorka Knorr (EA) y Kontxi Bilbao (IU-EB) en relación a este caso.

En cuanto al resto de posibles modificaciones penales, resulta conveniente referirse a la letra del actual Código Penal. «Son reos de rebelión úreza el artículo 472ú, los que se alzaren violenta y públicamente» para, entre otros casos, «declarar la independencia de una parte del territorio nacional». El castigo actual para los «inductores, promotores, sustentadores y jefes principales de la rebelión» es de entre 15 y 25 años de prisión. Mientras, la condena por sedición úde 8 a 10 años de cárcel o de 10 a 15 para «personas constituidas de autoridad»ú se aplicará a quienes se alcen «pública y tumultuariamente» contra las autoridades.

Reacciones
«Una auténtica barbaridad»

JOSu jon imaz

Portavoz del Gobierno de Lakua

Manifestó que «éste no es el tiempo para las amenazas, ni para los insultos, ni para trasladar planteamientos que son una auténtica barbaridad». El portavoz de Lakua defendió que «es momento para el debate democrático, para el diálogo, para que los vascos decidamos sobre cómo queremos articular nuestro marco de relación con el Estado».


«No hay que tener ningún complejo»

Juan pablo gonzalez

Vocal del CGPJ

El representante del Consejo General del Poder Judicial consideró que las me- didas actuales son suficientes para «afrontar este tipo de situaciones», pero añadió que «la legitimidad del Estado de Derecho es tan grande que no hay que tener ningún complejo a la hora de hacer frente a reformas que son necesarias».


«Estado de excepción penal»

felipe alcaraz

Portavoz de IU en el Congreso español

Señaló que el Ejecutivo de Madrid «intenta aplicar la antesala de una especie de estado de excepción penal, donde todo se soluciona mediante la reducción de los espacios de libertad». Acusó a Aznar de «intentar realizar una unidad de España con recursos legales y penales» y hacer«una lectura involucionista de la Constitución».

2003/10/23 Goirizelaia pide a Fox que respete el derecho de asilo mexicano

GARA

MEXICO D.F.
Jone Goirizelaia, abogada de los seis ciudadanos vascos encarcelados en México, hizo un llamamiento al Gobierno de Vicente Fox a que «respete el derecho de asilo tradicional» del país americano frente a «las interferencias» del Ejecutivo español.

Goirizelaia, que compareció ayer en México D.F. junto al también letrado Joseba Agudo y al refugiado Lorenzo Llona, mostró su esperanza de que la solicitud de extradición contra los seis ciudadanos vascos encarcelados en el Reclusorio Norte que ha formulado el Gobierno español sea rechazada «puesto que tiene un carácter eminentemente partidista y político». Destacó que la petición se basa en «la venganza respecto a los vascos».

Joseba Agudo, por su parte, destacó que la demanda de extradición se basa únicamente en un informe de la Policía española y en la misma no se han aportado pruebas que avalen las acusaciones de blanqueo de dinero y envío de fondos a ETA, ya que el dinero que estos ciudadanos han enviado a Euskal Herria se justifica por cuestiones familiares.

Por ello, Agudo destacó que «no hay acción delictiva alguna» en la actuación de los ciudadanos vascos encarcelados en México D.F.

2003/10/22 GARA Euskal Herria >
los detenidos, libres
«No debemos extrañarnos si continúan con la criminalización»
·ya estan en casa | todos los arrestados en el marco de la ultima operacion policial contra el ambito del euskara y la cultura vasca quedaron en libertad, aunque cinco de ellos bajo fianza

El juez Juan del Olmo decretó ayer la puesta en libertad de todos los detenidos en el último operativo contra el movimiento euskaldun. Tras recuperar la libertad ­para lo que cinco de ellos debieron abonar las fianzas impuestas­, se mostraron indignados por lo ocurrido y negaron las imputaciones. Incluso, Joanmari Larrarte advirtió que nadie se debe extrañar si el Estado español «continúa criminalizando».
Mikel JAUREGI

DONOSTIA

Los nueve fueron recibidos ante las puertas de la Audiencia Nacional por allegados y compañeros de trabajo que, desde el lunes a primera hora, se encontraban en Madrid a la espera de la resolución del magistrado. Los abrazos, la emoción y las lágrimas se sucedieron primero a mediodía y después a las 14.00, tras ser depositadas las fianzas correspondientes.

Una vez que todos ellos emprendieron camino a Euskal Herria ­algunos en autobús otros en vehículos particulares­, GARA pudo hablar con Joanmari Larrarte, quien explicó que el arresto por parte de la Guardia Civil le causó «susto y sorpresa, y una gran inseguridad por la incomunicación».

Al ser preguntado por los cinco días en que permaneció incomunicado, señaló que «lo único que puedes adivinar es que estás en Madrid. Pese a intuir que hay más detenidos, no sabes quienes son. Es una situación humillante». Un trato que, tal y como reconoce el secretario del Consejo de Administración de Euskarazko Komunikazio Taldea (EKT), «no ha sido tan malo en nuestro caso. Mientras que los detenidos en febrero sufrieron graves torturas, por suerte, el trato para con nosotros ha sido correcto; que yo sepa, no ha habido maltrato físico a nadie».

A Larrater le resultó «muy difícil» hacer una valoración sobre la operación. «Es que no llego a entender la mayoría de las cosas: 'Egunkaria' está cerrado desde febrero, se impone el secreto sumarial... El hecho de no saber qué está pasando crea una inseguridad e indefensión absoluta», indicó.

Pese a ello, se mostró convencido de que «éste ha sido un paso más en la estrategia contra nuestra lengua y cultura. Una actitud que viene acrecentándose en los últimos tiempos», y advirtió que el operativo hay que enmarcarlo en «un marco más global cuya verdadera dimensión aún no acertamos a precisar. No debemos extrañarnos si siguen adelante en esta vía de criminalización».

Ante todo ello, consideró que la clave de cara al futuro es «concretar qué hacer para que no vuelva a ocurrir algo así. Yo no poseo la poción mágica, pero está claro que los organismos sociales, políticos y económicos del país debemos sentarnos en la mesa, trabajar conjuntamente y articular una respuesta que nos saque de este torbellino».

Larrarte también se refirió a la actitud y las preguntas de Del Olmo durante su comparecencia: «Se centraban, sobre todo, en la financiación y la estructura de Egunkaria S.A. y Martin Ugalde Kultur Parkea. Pese a las explicaciones que le daba, parecía decir 'sí, ¿pero qué hay detrás?'. Nuestras empresas funcionan como las demás, pero parece que eso no puede ser así. Lo que es normal para las restantes no lo es para las empresas vascas que se dedican a la promoción del euskara y de la cultura vasca. Pero lo único que nos queda es seguir trabajando, aún más si cabe».

Un aspecto éste al que también se refirió, una vez abandonado la Audiencia Nacional, Joxe Mari Sors: «Hay una dife- rencia entre las empresas que están ubicadas en España o en el País Vasco. Si están ubicadas en España, si hay un problema fiscal se trata dentro de la fiscalidad; y si eso ocurre en el País Vasco, con una empresa del País Vasco y que trabaja en la rama cultural, se intenta criminalizar y unirlo a ETA».

También en declaraciones realizadas en Madrid, Enekoitz Etxeberria se mostraba indignado por la actuación de Del Olmo. «Detrás de 'Egunkaria' no está ETA ni el dinero de ETA. Podemos demostrar eso, claro, pero en esta situación excepcional es imposible. ¡Ya me dirán qué posibilidad hay si detienen al abogado de la defensa!».

De ahí que, según explicó, solicitara al juez durante su comparecencia que levante el secreto de sumario porque así «demostraremos que este sumario es una patraña y una aberración». Además, indicó que «están limitando el derecho de defensa, puesto que soy uno de los ejes de la defensa de la mercantil Egunkaria S.A. y mantengo una relación de abogado-cliente con varios imputados».

Además, ironizó con que «si el juez me hubiera llamado hubiera venido, pero agradezco que me detuviera él personalmente». Un mensaje que repitió Amando Hernández: «Podía haberse ahorrado mi detención, porque si me hubiera llamado a declarar habría venido de forma voluntaria». Emocionado, aseguró que «la acusación no tiene base. El único ámbito en el que me he movido es en el del amor a una lengua. Quiero que el euskara siga vivo y lo quiero como idioma propio». Lakua declara de «utilidad pública» a Kontseilua

2002/10/21 GARA. Euskal Herria >
nueva redada contra el movimiento euskaldun
Del Olmo arresta al abogado de Egunkaria S.A. en los pasillos de la Audiencia Nacional
Al igual que los ocho detenidos el pasado jueves, cuyas comparecencias ante del olmo se prolongaban a medianoche, eneko etxeberria fue inmediatamente incomunicado por el juez

El quinto y último día de incomunicación de los detenidos en la redada contra el mundo del euskara se saldó con un nuevo detenido. En una actitud sorprendente, el propio juez Del Olmo interrumpió las tomas de declaración para descender a la entrada de la Audiencia Nacional y ordenar la captura e incomunicación de Eneko Etxeberria, abogado y representante legal de Egunkaria S.A. A medianoche, sólo habían comparecido ante el juez cuatro de los detenidos, a los que se prohibió estar acompañados de sus letrados de confianza. En el exterior, decenas de vascos les respaldaron.
Mikel JAUREGI

DONOSTIA

«Estábamos en la planta baja, ya que a media tarde el juez había ordenado el desalojo de la superior, donde se estaban produciendo las comparecencias. Ha aparecido el propio Del Olmo, que ha pedido a Eneko que se le acercara. Yo estaba a unos metros. En un momento se han dirigido al piso superior y, a los pocos minutos, ha venido la secretaria a decirme que el juez había ordenado la detención e incomunicación de Eneko», relató a GARA José María Elosua, quien ejerce la defensa de tres de los detenidos el jueves.

El letrado, todavía sorprendido por lo ocurrido, precisó a última hora que Etxeberria posiblemente comparecería ante el juez tras el resto de arrestados.

Tras indicar que «se nos presenta un mal panorama», agregó que «esto es la desproporción de la desproporción de to- do lo desproporcionable. Si las medidas adoptadas hasta ahora ya eran excepcionales, ésta es la gota que colma el vaso».

Incidió en el hecho de que Etxeberria, desde la operación policial que provocó el cierre de "Euskaldunon Egunkaria" el pasado 20 de febrero, «ha estado en contacto con Del Olmo, le ha aportado los datos que éste le ha venido requiriendo, ha respondido a todas sus peticiones y hoy (por ayer) se encontraba aquí para ejercer su labor y defender profesionalmente a un cliente. Es inconcebible».

Mientras se registraba la detención de Etxeberria, continuaban las comparecencias, sin sus abogados de confianza, de los ocho arrestados por la Guardia Civil en el último operativo contra los ámbitos del euskara y la cultura vasca continuaban. El quinto día de detención incomunicada dictada contra Joxe Mari Sors, Juan Mari Larrarte, Mikel Arrizabalaga, Angel Ramón Díez, Mikel Sorozabal, Amando Hernández, Mikel Azkune y Xabier Legarra finalizó sin que existiera resolución judicial alguna respecto a su situación: ni ingreso en prisión ni puesta en libertad.

Y es que la jornada concluyó sin que la comparecencia de los detenidos se completara. A las 23.30 habían pasado únicamente ante el magistrado del tribunal especial Hernández, Azkune, Arrizabalaga y una cuarta persona cuya identidad no se conocía a esa hora, y se calculaba que las comparecencias finalizaran a altísimas horas de la madrugada.

El hecho de que Del Olmo comenzara a tomar declaración tres horas y media más tarde de lo previsto ­en vez de a las 10.00 comenzó a las 13.30­ retrasó todo el proceso.

MADRID

Con el objetivo de mostrar su respaldo a los ocho detenidos en la operación del pasado jueves, cerca de medio centenar de personas procedentes de Euskal Herria arribaron a primera hora de ayer en Madrid. Familiares, amigos y compañeros de trabajo de los arrestados llegaron a la capital española en un autobús y varios vehículos particulares, y durante todo el día permanecieron en las inmediaciones de la Audiencia Nacional a la espera de noticias sobre sus allegados y amigos.

Entre ellos se encontraba el director de "Berria", Martxelo Otamendi, quien hace justo ayer ocho meses fuera arrestado en la operación que provocó el cierre de "Euskaldunon Egunkaria" y denunciara ante el mismo juez Del Olmo haber sufrido torturas durante su permanencia en los calabozos de la Guardia Civil.

En declaraciones realizadas a primera hora ante los medios de comunicación de Madrid, Otamendi volvió a mostrar su procupación por el estado de los ocho arrestados ­todavía no se había producido la detención de Eneko Etxeberria­ y calificó el operativo de «inadmisible en cualquier Estado de Derecho». Agregó que «es mentira que blanqueemos dinero y tengamos relación con ETA. Eso es una patraña. Nuestro único delito es trabajar por la promoción del euskara».

Insistió en que «somos entidades y em- presas vinculadas a la producción cultural en euskara» y en que «estamos trabajando en una situación de indefensión. Pero eso es lo único que podemos hacer, seguir trabajando».
http://www.gara.net/orriak/P21102003/art57306.htm