DE FUENTES
OFICIALES
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• Cronología publicada
en el WEB del Ministerio del Interior español
(se actualizará constantemente). Fuente: http://www.mir.es/oris/cronolo/
• Notas de prensa del
Despacho del Fiscal General de la República Bolivariana de
Venezuela. Fuente:
http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2004/prensaoctubre2004.asp
• Notas de
prensa de la Defensoría del Pueblo de la República
Bolivariana de Venezuela. Fuente: http://www.defensoria.gov.ve
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Cronología
publicada en el WEB del Ministerio del Interior español
(se actualizará constantemente). Fuente: http://www.mir.es/oris/cronolo/
2002
1 de abril
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) solicita
al Gobierno de Hugo Chávez que extradite a los seis presuntos
etarras que se encuentran en Venezuela y califica la eventual
extradición como "una cuestión de solidaridad con las
víctimas".
3 de abril
El Gobierno de Venezuela considera que es un "gran error" que
España solicitase públicamente la extradición de
seis presuntos etarras porque teme que puedan escapar del país,
aunque aseguró que los vigila "de cerca".
5 de abril
La Fiscalía de Venezuela ordena la detención de siete
miembros de la banda terrorista ETA para ser extraditados a
España.
18 de mayo
La Fiscalía General de Venezuela ordena a las autoridades el
"control en todos los puertos, aeropuertos y puestos fronterizos del
país" para evitar que se fuguen seis etarras, cuya
extradición pidió España en 1996.
2 de junio
Venezuela expulsa al etarra Juan Víctor Galarza Mendiola, por
estancia ilegal en ese país.
6 de junio
Las autoridades venezolanas impidieron el pasado día 5 la
entrada en su país de los miembros de Batasuna José Luis
Elkoro Unamuno y Mikel Arbeloa. Los responsables de la Oficina de
Identificación y Extranjería negaron la entrada a estos
dos individuos al considerar que su objetivo era hacer campaña
contra la entrega a España del etarra Juan Víctor Galarza.
17 de diciembre
El etarra Sebastián Echániz Alcorta es expulsado por las
autoridades de Venezuela a España, poco después de que
agentes policía le detuvieran en la localidad de Chichiriviche.
20 de diciembre
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordena el ingreso en
prisión de Sebastián Etxaniz Alkorta, extraditado por
Venezuela.
2003
24 de abril
Uno de los seis presuntos etarras residentes en Venezuela cuya
extradición había solicitado el Gobierno español,
Luis María Olalde Quintela, se entrega a la justicia.
25 de abril
El presunto etarra Luis María Olalde se entregó el pasado
día 23 a las autoridades de Venezuela, después de que un
tribunal de Caracas ordenase su detención.
15 de mayo
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela niega, por defectos de
forma, la extradición del presunto miembro de ETA Luis
María Olalde Quintela y ordena la "libertad plena" para
él.
24 de septiembre
El presunto miembro de ETA José Ramón Foruria Zubialdea
llega esta mañana a España, tras ser entregado por las
autoridades de Venezuela, donde residía hasta su
detención el pasado domingo. Zubialdea está acusado por
la Audiencia Nacional de la muerte de cuatro guardias civiles en 1980.
26 de septiembre
El juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, acuerda el ingreso en
prisión incondicional del presunto etarra José
Ramón Forturia Zubialdea, por su presunta participación
en el asesinato de cuatro guardias civiles, en el bar Arrieta de
Markina, el 20 de septiembre de 1980. Foruria llegó a
España el pasado miércoles, después de ser
expulsado por las autoridades venezolanas.
2004
6 de ENERO
El número de detenidos durante 2003 en operaciones contra ETA es
el tercero más alto de los últimos quince años,
sólo superado por los 310 arrestos que hubo en 1992 y los 206
del año 2001. Como es habitual, el mayor número de
detenciones se produjeron en España, con 128, seguida de
Francia, con 47, México, con doce, Venezuela, con tres, y
Alemania y Holanda, con uno cada uno.
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Notas de prensa del Despacho del Fiscal
General de la República Bolivariana de Venezuela. Fuente:
http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2004/prensaoctubre2004.asp
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Caracas, martes 04 de junio de 2002
Las actuaciones serán llevadas a cabo por 36 fiscales
Ministerio Público
inicia averiguación sobre
deportación de Juan Víctor Galarza
El Ministerio Público, a través de la Dirección de
Delitos Comunes, dio inicio a una averiguación a fin de
establecer las responsabilidades en el caso de la deportación
del ciudadano Vasco Juan Víctor Galarza, la cual se presume se
hizo de manera irregular.
Esta investigación tendrá como finalidad determinar si
realmente la Disip y la Dirección de Extranjería
incurrieron en violación en los procedimientos establecidos en
la Ley de Extranjeros y la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos.
De acuerdo con estos procedimientos, cuando una persona se encuentra en
situación ilegal en Venezuela, la Diex evalúa su
situación. Si se deduce que no tiene documentación, se
abre un acto administrativo y se le notifica a la persona que debe
entregar sus documentos de identidad. En caso de no contar con estos
documentos, se determina su ilegalidad y se notifica a las partes sobre
el acto de deportación a fin de que se garantice la debida
defensa.
El Ministerio Público tendrá en sus manos determinar si
este procedimiento se cumplió o no con el ciudadano vasco, quien
fue deportado a España el pasado sábado.
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Caracas, viernes 05 de abril de 2002
Despacho de Interior y Justicia presentó solicitud
Ministerio Público
pedirá detención de siete etarras
El Ministerio Público instruyó a la Dirección de
Delitos Comunes para que designe un fiscal de proceso, a fin de
solicitar ante un juez de control la detención de siete
ciudadanos presuntos miembros de la organización terrorista
vasca ETA, quienes deben ser puestos a la orden del Tribunal Supremo de
Justicia para la extradición correspondiente solicitada por
España.
La información fue suministrada por el fiscal general de la
República, Isaías Rodríguez, quien explicó
que su despacho ya recibió la solicitud formal de parte de la
Dirección de Justicia y Cultos del Ministerio del Interior y
Justicia sobre el particular.
Los siete presuntos terroristas son: Miguel Angel Aldana, sobre quien
pesan dos órdenes de detención; Eugenio Barrutiabengoa
Zabarte, tiene una orden, pero no consta en el expediente; Jesús
Ricardo Urteaga Repulles, Martín
SansebastiánAguirre, Luis María Olalde y
José Lorenzo Ayestarán también tienen una orden de
detención, la de éste último en
tramitación. Ramón Sagarzazu Gaztelumendi no tiene porque
le fue revocada.
El Fiscal dijo que se darán instrucciones, a través del
tribunal de control, para que el órgano policial correspondiente
proceda a la detención de los referidos ciudadanos. Con
excepción de Ramón Sagarzazu, el resto de las personas
citadas tienen solicitudes de extradición.
Destacó que el Ministerio Público ha actuado en el caso a
partir del mismo momento en que, de acuerdo a la segunda reforma del
Código Orgánico Procesal Penal (en noviembre del 2001),
comenzó a tener competencia en el proceso, la cual
correspondía hasta entonces al Ministerio del Interior y
Justicia.
“Cuando comenzaron a llegar las solicitudes, especialmente la de
José Lorenzo Ayestarán, hicimos las diligencias del caso,
y una vez que llegaron las nuevas, se le dieron instrucciones a Delitos
Comunes, para que a través del tribunal de control se ordene la
aprehensión de estos ciudadanos”. En el caso de
Ayestarán, cuya solicitud fue hecha en el mes de marzo, fue
designado el fiscal 1° con competencia en Extranjería, David
Palís.
Añadió que el Ministerio Público no tiene
información oficial acerca de que si estos ciudadanos
están o no en el país.
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Caracas, viernes 22 de marzo del 2002
Sobre extradición de seis etarras
Fiscal General:
Corresponde al Ministerio del Interior solicitar ubicación de extranjeros
en el país
El Fiscal General de la República, Isaías
Rodríguez, aclaró que, en el caso de los seis presuntos
miembros de la organización terrorista ETA presentes en
Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia para
hacer la solicitud de ubicación de extranjeros, pues esto es
función de la Dirección de Justicia y Cultos del
Ministerio del Interior y Justicia.
Explicó que el 23 de noviembre de 2001, la Sala Penal del TSJ
sólo presentó ante el Ministerio Público un
informe, “y no una solicitud”, de todas las personas que se encontraban
en situación de extradición en ese momento, donde
había ciudadanos vascos, italianos, franceses, españoles
y turcos.
Con respecto al proceso de extradición, el Fiscal General
señaló que antes de la entrada en vigencia del
Código Orgánico Procesal Penal, esta acción
correspondía exclusivamente al Poder Ejecutivo.
Es a partir del 12 de noviembre de 2001, con la segunda reforma del
COPP, cuando el Ministerio Público puede participar en esos
procesos. Las detenciones, sin embargo, deben ser autorizadas por un
juez de control.
Para tal fin, explicó Rodríguez que el Ministerio
Público, antes de requerir la detención de estas
personas, debe recibir la solicitud de ubicación
acompañada de un dossier sobre los presuntos hechos punibles
cometidos en España, por parte de la Dirección de
Justicia y Cultos del Ministerio del Interior y Justicia.
Indicó que este paso sólo se ha cumplido con uno de los
seis ciudadanos vascos presentes en Venezuela. En esa oportunidad, fue
designado el fiscal 1° del Ministerio Público con
competencia en Extranjería, David Palís, para realizar
todos los trámites correspondientes al caso.
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Notas de prensa de la Defensoría del
Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Fuente: http://www.defensoria.gov.ve
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04-06-2002 | Defensoría del Pueblo solicita a la Fiscalía
investigar a funcionarios de la DISIP por el caso de la
extradición del ciudadano vasco
Por el caso de la extradición del ciudadano vasco
DEFENSORÍA DEL
PUEBLO SOLICITA A LA FISCALÍA INVESTIGAR A FUNCIONARIOS DE LA
DISIP
04-06-2002 (DP) La Defensoría del Pueblo solicitó,
mediante comunicación escrita, al Fiscal General de la
República, doctor Isaías Rodríguez, que investigue
la participación de funcionarios de la Disip en el procedimiento
de deportación del ciudadano vasco Juan Víctor Galarza
Mendiola, por considerar que este procedimiento se registró "en
circunstancias reñidas con los derechos y las garantías
previstos en la Constitución y en los tratados internacionales
de protección de derechos humanos".
En este sentido, el Defensor del Pueblo, doctor Germán
Mundaraín, manifestó al máximo representante del
Ministerio Público su preocupación "por el tratamiento
dado a este ciudadano español" y señaló
además que "la Defensoría del Pueblo fue informada por el
abogado de Galarza, el viernes en la mañana, que éste se
encontraba detenido en la sede de la Disip en Naguanagua, Estado
Carabobo. Funcionarios de la Defensoría de Carabobo se
trasladaron a esa sede policial y constataron que el detenido no se
encontraba allí, por lo que fueron comisionados otros
funcionarios que procedieron a trasladarse a la sede de la Disip,
ubicada en Caracas, a objeto de comprobar que, efectivamente, el
ciudadano Juan Galarza si se encontraba detenido en esa sede policial".
Estos representantes defensoriales procedieron a entrevistar a Galarza
quien afirmó "haber sido detenido sin orden judicial por
funcionarios que no se identificaron". Por su parte, funcionarios de la
Disip no mostraron a la comisión de la Defensoría del
Pueblo una orden de detención y sólo indicaron que el
ciudadano vasco se encontraba a la orden de la ONI-DEX.
Con esta información la Defensoría del Pueblo introdujo
en un Tribunal de Control de Caracas, al día siguiente de la
visita efectuada a la sede de la Disip, un recurso de habeas corpus a
favor de Galarza, pues éste se encontraba detenido
arbitrariamente. El día domingo, cuando se procedió a
verificar que el detenido todavía permaneciera en el Disip, se
recibió la información de que el mismo había sido
entregado a la ONI-DEX en la noche del sábado y trasladado al
aeropuerto de Maiquetía para su deportación.
El Defensor del Pueblo señala en su misiva al Fiscal General que
"a juicio de la Defensoría la detención de Galarza fue
violatoria del artículo 44 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en el que se garantiza el
derecho a la libertad personal, pues fue realizada sin orden judicial y
sin que éste fuera sorprendido in fraganti. Además, el
procedimiento realizado por la ONI-DEX, por el cual este ciudadano
español fue expulsado del país, se realizó sin
respetar el debido proceso garantizado en los artículos 49 y 257
de la Carta Magna".
Funcionarios de la Defensoría constataron que Juan Galarza,
residente en Venezuela desde hacía 12 años, está
casado con una ciudadana española y tiene un hija menor de edad
de nacionalidad venezolana".
Por esta razón, "la Defensoría considera que el
procedimiento que culminó con su expulsión del
país violó también derechos relacionados con el
principio de integridad familiar e interés superior del
niño previsto en la Ley Orgánica para la
Protección del Niño y del Adolescente en los
artículos 25, 26 y 27. Estos artículos señalan
expresamente el derecho de la niña de vivir con su familia y ser
criada por ésta, salvo por las excepciones claramente
establecidas en la propia ley. Excepciones que no se relacionaban con
el presente caso".
Finalmente, el doctor Mundaraín solicitó al Ministerio
Público, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
a los fines de garantizar el respeto a los derechos de este ciudadano,
que proceda a realizar una investigación que establezca las
responsabilidades penales, civiles y administrativas de los
funcionarios que participaron en ese procedimiento".
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